La investigación a Iberdrola por sus contrataciones con el entramado de Villarejo arrancó en octubre, cuando la causa ya contaba con cerca de dos años de vida. Sin embargo, en estos meses ha sido una de las que más avanzado y que más tiempo ha requerido de los investigadores hasta llegar a un punto especialmente clave. El levantamiento del secreto del sumario, la citación de los primeros cargos de la eléctrica para declarar en la causa y el fichaje de Félix Sanz Roldán como asesor personal de Ignacio Sánchez Galán han hecho de esta pieza una de las más destacadas de la macrocausa Tándem, la cual ya tiene la vista puesta en la cúpula de la multinacional.
En octubre del pasado año el magistrado Manuel García Castellón abría esta pieza, la decimoséptima del procedimiento, tras el hallazgo de unos audios intervenidos en el domicilio de Villarejo y su socio Rafael Redondo. Las grabaciones recogían conversaciones del comisario y el exdirector de seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, y en las mismas se hacían alusión a trabajos de inteligencia y espionaje gestionados desde el Grupo Cenyt. El estallido de los mismos llevó a Asenjo a pedir su personación en la causa en la que además propuso declarar por estos trabajos que, según Anticorrupción, serían constitutivos de los delitos de cohecho y revelación de secretos.
Su imputación se produjo apenas semanas antes de que el también policía cerrara una millonaria salida de la eléctrica en la que aterrizó en septiembre de 2001, cuatro meses después del nombramiento de Galán como consejero delegado. Cuando los investigadores se preparaban para tomarle declaración en la Audiencia Nacional irrumpió en la causa José Antonio del Olmo. El que fuera jefe de Funciones Corporativas en el momento de las contrataciones con Villarejo (2004-2017) presentó un informe que vendría a recoger un presunto sistema de facturas trianguladas para abonar al Grupo Cenyt los pagos por sus espionajes a través de Casesa, proveedora de Iberdrola. Ello propició que el instructor del caso Tándem le citara a declarar en calidad de testigo el mes de diciembre.
Del Olmo, que luego volvió a la Audiencia Nacional al menos en dos ocasiones más, ratificó el contenido de su documento, que firmó ante notario en el año 2004. El exdirectivo apuntó además a la cúpula de la compañía asegurando que eran conscientes de que estos servicios no se abonaron por la vía oficial y dijo que lo plasmó por escrito porque sus advertencias pasaron desapercibidas y tenía miedo de que le despidieran. Por contra, Iberdrola siempre ha negado la existencia del papel llegando incluso hasta querellarse contra Del Olmo por injurias y calumnias. Estas acciones penales se encuentran en el sumario de la pieza.
Tras su intervención, los fiscales y el juez tomaron declaración a Asenjo. El exdirector de seguridad expuso uno a uno todos los encargos al Grupo Cenyt que costaron poco más de 1 millón de euros. El exjefe de seguridad explicó que Sánchez Galán estuvo al margen de casi la totalidad de todos estos proyectos y negó irregularidad alguna con los mismo. De este modo, se refirió a todos los trabajos que arrancaron en el año 2004 con el bautizado como proyecto Arrow y en el que Villarejo espió a plataformas vecinales que se oponían a la construcción de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz). El último de los encargos, cerrado en 2016, se gestionó con Villarejo ya jubilado y consistió en una investigación a la compañía Eolica Dobrogea tras declararse insolvente para saldar una deuda adquirida con Iberdrola por un laudo arbitral.
Validez de los audios
Asenjo, que niega la veracidad de los audios y ya ha anunciado que elaborará una pericial para esclarecer si están manipulados, declinó que pidiera al agente encubierto espiar a Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid está personado en el procedimiento en el que declaró en dos ocasiones el pasado mes de noviembre. El levantamiento del secreto del sumario ha permitido conocer que en su primera testifical dijo que dos periodistas le advirtieron de que desde el digital Moncloa.com querían chantajearle con unos audios que le implicaban y que le iban a pedir un millón de euros a cambio de no publicarlo. El empresario reveló además que este material se lo vendió al diario la mujer de Villarejo, Gemma Alcalá. El instructor abrió una nueva pieza -la decimonovena- para esclarecer si hubo chantaje pero la cerró a principios de año por falta de pruebas.
Desde Iberdrola niegan igualmente que se materializara un encargo sobre el empresario pese a que Villarejo preparó incluso un informe de este proyecto que bautizó como Posy. Este trabajo discurrió en paralelo a otros que sí se llevaron a cabo. Es el caso del proyecto Gipsy, el cual tuvo como fin constatar si directivos de Iberdrola estaban filtrando "información confidencial" de Sánchez Galán a personas cercanas a Florentino. De hecho, no fue la única vez que Iberdrola pidió poner la lupa en cercanos al presidente ante el temor de fuga de información. En 2005 la eléctrica pagó 95.000 euros a Villarejo por espiar los movimientos del entonces director general de Iberdrola Renovables, Pedro Barriuso, ante el temor de que iba a crear un proyecto paralelo sobre eólicas en un momento de especial expansión en el sector.
Interrogatorios clave
Cuatro años después también indagaron la vida de un pequeño inversor que en la Junta de Accionistas de 30 de marzo de 2009 se mostró especialmente contrario a la gestión de Galán. No obstante, más allá de los motivos que llevaron a contratar con Cenyt, para los investigadores es clave todo lo que rodea al informe de Del Olmo. Por ese motivo, además de su testifical acordaron también la de otras figuras cercanas a este exalto cargo díscolo con la cúpula. Es el caso del inspector Marcos Peña, persona que ostentaba el cargo de director de seguridad antes de la llegada de Asenjo y que acompañó a Del Olmo a poner su documento en manos de un notario. En concreto, lo llevaron a la notaría de Luis Ramallo, exdiputado del PP y exvicepresidente de la CNMV, muy ligado a Peña.
El avance de la pesquisas llevó a Fiscalía a pedir información clave a Casesa tras detectar en Hacienda pagos de la proveedora de Iberdrola al entramado de Villarejo en 2004. Los mismos se corresponden con las cuantías de las facturas que según Del Olmo se triangularon para pagar al policía. Sobre ese punto se pronunciarán también en sede judicial los directivos de Iberdrola Juan Carlos Rebollo y Pablo Insunza además del exnúmero dos José Luis San Pedro. El magistrado les imputó para esclarecer si cometieron algún tipo de coacción a Del Olmo por su informe pese a que ellos han negado en el forensic de Iberdrola haber visto nunca ese documento. Sus citaciones se han suspendido hasta en dos ocasiones por lo que todo apunta que se retomarán ya en septiembre. Mientras tanto, los investigadores continúan con las pesquisas con el fin de esclarecer quien estaba al tanto de todas estas contrataciones a su juicio constitutivas de delito.
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