El fichaje del exdirector del CNI Félix Sanz Roldán en calidad de asesor personal de Ignacio Sánchez Galán ya se deja sentir en el caso Villarejo, donde la eléctrica está en el punto de mira por los contratos con el comisario jubilado. A la reacción inicial del policía -que ha calificado la decisión de "inquietante y perturbadora"-, se le suma la del exdirectivo de la eléctrica Antonio Asenjo. El que fuera máximo responsable de seguridad ha advertido en un escrito remitido a la Audiencia Nacional que esta pieza decimoséptima del caso Tándem "se antoja una causa general insostenible" y que lo nuclear del asunto es la deriva jurídica, más allá de lo que ocurra en torno a ella.
Asenjo, que está imputado por delitos de cohecho y revelación de secretos, ha movido ficha toda vez que el magistrado instructor acordara levantar parcialmente el secreto de sumario por orden de la Sala de lo Penal. Así, ha adelantado su intención de realizar una pericial con las grabaciones incautadas al comisario jubilado con motivo de su detención a primeros de noviembre de 2017. Asenjo se suma a la lista de acusados en esta macrocausa que considera que los audios que figuran en el procedimiento podrían no ser los originales, motivo por el cual apunta que este material clave para los investigadores no debería considerarse como prueba de cargo.
Así lo expone en un escrito al que ha tenido acceso este diario y en el que vuelve a pedir al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 que le permita personarse en la pieza principal del caso, solicitud de la que la Fiscalía informó a favor. Este movimiento se produce en plena investigación por los contratos que firmó la eléctrica con el Grupo Cenyt los cuáles serían constitutivos de delito de cohecho por tratarse Villarejo de un funcionario en activo en el momento de los hechos. El avance de las diligencias coincidió con la noticia, adelantada por este diario, de que Sanz Roldán se convertía en nuevo asesor personal del presidente de Iberdrola un año después de abandonar la dirección de los servicios de inteligencia. Un gesto que ha caído como un jarro de agua fría para el comisario jubilado, el cual ha mostrado desde siempre su enemistad con el exjefe de 'La Casa' por considerarle el germen de este procedimiento penal en su contra.
Las disputas, fuera de la causa
"Esta representación tiene claro que el esfuerzo defensivo que ha de realizar debe enmarcarse en el contexto jurídico-procesal o judicial y, para ello, si bien es testigo -en cualquier caso ajeno- de noticias extraprocesales, relativas a unas recientes contrataciones, otras a comunicados de prensa, ninguna de ellas nos hará perder el objetivo que el derecho de defensa que estamos desplegando en nombre únicamente de nuestro representado ha de perseguir: denunciar las muchas irregularidades y múltiples ilegalidades que lleva cometiendo el Juzgado en la tramitación de la causa", reza el escrito en referencia indirecta tanto a la contratación de Sanz Roldán en Iberdrola como a la respuesta de Villarejo en forma de comunicado desde Estremera.
Con todo, no es la primera vez que el policía, que aterrizó en Iberdrola en septiembre de 2001, pone en duda la veracidad de los audios. Ya en febrero, en el marco de las sesiones de interrogatorio a las que se sometió en la Audiencia Nacional, denunció que los investigadores pretendían hacerle "la trece catorce" con las grabaciones que incautaron a Villarejo y en las que aparece despachando algunos de los encargos que firmó Iberdrola con Cenyt entre los años 2004 y 2017. Según dijo entonces, se trataba de escuchas manipuladas por lo que decidió guardar silencio en sede judicial cuando fuera preguntado por las mismas. Ahora, y con el secreto de las actuaciones parcialmente alzado, adelanta que promoverá una pericial para valorar si estas grabaciones que provocaron el nacimiento de una de las mayores causas de corrupción, gozan de legitimidad o deben considerarse nulas.
Para ello, Asenjo recuerda que otros peritos de parte en la pieza número 2 del caso -la relativa al encargo del despacho Herrero y Asociados- también advirtieron de que las grabaciones que realizó el propio Villarejo en los encuentros con sus clientes, carecían de certificación digital por lo que no se podía saber si eran las que realmente él grabó o han sufrido algún tipo de manipulación. Además, también se hace eco de una informe de la Guardia Civil en relación a unos audios publicados en prensa que recogen una conversación entre el agente encubierto e Ignacio González en relación a su ático en Estepona (Málaga). Sobre este asunto, los agentes concluyeron en un oficio al juez que se trataba de copias del original puesto que presentaban un formato diferente al que recoge la grabadora de Villarejo.
Suspender los plazos
Además, el exdirectivo de seguridad de la multinacional vasca también recuerda al juzgado que pidió paralizar los plazos procesales hasta poder estudiar el sumario que obra en esta pieza abierta hace cerca nueve meses. Se trata de una solicitud que también formularon los directivos de Iberdrola Pablo Insunza y Juan Carlos Rebollo, además del exnúmero dos de la eléctrica José Luis San Pedro. Se trata de las primeras citaciones en calidad de investigados para personas ligadas a Iberdrola y que cobraron especial protagonismo tras la aparición en la causa de un informe que denunciaba la existencia de presuntas facturas falsas. El autor del mismo es el exdirectivo José Antonio del Olmo, el cual ha declarado en la Audiencia Nacional por este asunto al menos hasta en tres ocasiones.
El levantamiento parcial del secreto de sumario, al que ha tenido acceso este medio, permitió esclarecer la línea de investigación de Anticorrupción que considera que estas contrataciones son constitutivas de delito. De hecho, puso el foco en la empresa proveedora de Iberdrola, Casesa, por pagos al Grupo Cenyt. Del Olmo plasmó en escrito de diciembre de 2004 que la firma de seguridad giró facturas a Cenyt para no tener que hacerlo Iberdrola directamente y expuso que la cúpula de la compañía estaba al tanto de este movimiento. La Fiscalía pidió entonces una batería de documentos a Casesa tras encontrar un informe de Hacienda que recogía pagos al grupo de Villarejo en el año 2004. Los fundadores de la firma, por su parte, niegan cualquier vínculo con el entramado del comisario mientras que Iberdrola asegura que el documento de Del Olmo no existe y que nunca se llevaron a cabo dichas operaciones triangulares.
