José Manuel Villarejo se niega a que la Audiencia Nacional aparte de su causa todo el material relativo a la bautizada como 'operación Cataluña' que habría puesto en marcha en Gobierno de Mariano Rajoy contra el sector más radical independentismo. El comisario jubilado ha insistido en múltiples ocasiones en que quiere hablar en sede judicial de este operativo que habría gestado la Policía Nacional por encargo del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz y ello pese al criterio del magistrado al frente del caso Tándem, el cual considera que poco o nada tiene que ver con el procedimiento. Por ese motivo, Manuel García Castellón ha desligado recientemente del proceso todo el material clasificado sobre este asunto que guardaba en su poder el comisario, pero éste le pide aclaraciones al respecto.
La clave de todo este material, protegido bajo la Ley 9/1968 de Secretos Oficiales, reside en la carpeta Taja, relacionada con la operación Cataluña. Este archivo, del que poco o nada se ha sabido a lo largo de la instrucción, guardaría información clave de colaboradores de la Policía Nacional como el pago de dinero que recibieron en billetes de 500 euros. El documento, cuyo contenido es "particularmente sensible" en opinión del magistrado, contiene además información sobre las identidades con las que operó Villarejo mientras estuvo en activo en la Policía, las sociedades que constituyó y las funciones que tenía asignadas entre 2013 y 2014, años en los que estuvo al frente de la Policía el ExDAO Eugenio Pino.
Es por ello que el instructor traza una línea divisoria entre todos estos documentos que incluyen listados de testigos protegidos y confidentes policiales y lo aparta de la causa en la que se investigan sus encargos de espionaje porque considera que no tiene "ningún interés" a los efectos del proceso penal. En respuesta, la defensa del comisario jubilado ha remitido un escrito al juzgado recogido por este diario en el que avanza que recurrirá el auto del pasado día 24 de abril. Igualmente le pide aclaración de estas decisiones que afectan, además, a un gran volumen de documentos y audios que los investigadores se incautaron en un domicilio de Boadilla distinto al que empleó de residencia familiar.
Originales no manipulados
La defensa del agente encubierto deja entrever en el escrito que todos estos documentos podrían haber sufrido alteraciones y, por ese motivo, le dice al instructor que "deberá aclararse la posibilidad de acceder a los originales para su cotejo" y posterior análisis pericial con el fin de comprobar su "autenticidad e integridad". Con todo, no es la primera vez que el comisario, en prisión provisional desde noviembre de 2017, apunta en esta dirección. Villarejo ha insinuado en muchas ocasiones que toda esta documental que los investigadores continúan desencriptando está manipulada. En diciembre incluso afirmó que lo hizo el CNI valiéndose de programas cedidos por la CIA y por la NASA y que esos mismos medios se emplearon en la operación Cataluña, auspiciada para frenar el avance del independentismo catalán.
Sin embargo, García Castellón se ampara en uno de los últimos oficios aportados a la causa por la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional para apuntar que en toda la última documentación analizada "se ha garantizado la integridad de los dispositivos originales". En este último informe, los investigadores informan de que han dividido en 3 DVDs toda la documental intervenida en las viviendas que posee Villarejo en Boadilla del Monte y resultante de los registros de Estepona, Torre Picasso (donde tenía su sede el Grupo Cenyt), Galapagar, Colmenarejo, Marbella, Alginet (Valencia) y Madrid capital. Ésta, a su vez, se divide en material relativo a piezas que ya existen (como el 'proyecto Iron'), proyectos diferentes a los hasta ahora conocidos y, finalmente, en información confidencial sobre "diferentes instituciones públicas".
Dentro de este último punto se encuentra la bautizada como carpeta 'Antojo'. La misma está ligada a la pieza separada 22 cuyo secreto se levantó el pasado mes de diciembre. 'Antojo' se desgaja a su vez en otras diez subcarpetas, algunas de las cuáles contendrían "datos referidos a cuestiones que afectan a la seguridad y defensa del Estado". Se refiere la Policía Judicial a la que lleva por nombre 'Felpa'. La misma incluye proyectos nuevos del comisario jubilado pero también material afectado por la Ley de Secretos Oficiales. Se trata de documentos fechados entre los años 1994 y 2003 relativos a los trabajos que Villarejo habría realizado mientras estuvo adscrito al DAO y que implican al CESID, el Ministerio del Interior y "fundamentalmente" a la Dirección General de la Policía. A todo ello hay que añadirle el hallazgo de varios DVDs que acumulan "horas de audios" de los años 2004 a 2006 en los que aparecen "numerosos empresarios y mandos policiales con importantes responsabilidades". Su audición continúa en curso.
Informe de impacto
Tras todas estas averiguaciones, el instructor ha levantado el secreto de sumario de la pieza principal aunque apartando, eso sí, los documentos que estarían protegidos por contener información secreta o reservada que han ido a la pieza de expurgo, así como lo relativo a las claves de acceso a los dispositivos y el informe de impacto. En relación con el cifrado, el magistrado advierte que las claves desencriptadas por el INCIBE y por el Instituto Criptológico Nacional son de "especial peligrosidad" y en sí mismas se pueden utilizar para la comisión de delitos. En lo que respecta la informe de impacto, explica el auto que se encargó en agosto de 2018 a la Policía Judicial para que estudie qué material debe permanecer bajo llave por poder afectar a la seguridad del Estado.
Así fue como los agentes advirtieron que podría contener información clasificada todo lo relativo a la carpeta Taja y la subcarpeta Scorpy además del material intervenido a Villarejo sobre documentos oficiales de Arabia Saudí. El magistrado, que no pasa por alto la "grave irregularidad" que supone encontrar todos estos datos en casa de un "empleado público jubilado", aparta de esta forma el material que incluiría "cartas de invitación para varios empresarios españoles" por parte del país árabe. Parte de estos datos se archivaron en la pieza bautizada como 'Carol' y en la que se investigaron las declaraciones de Corinna Larsen al comisario acerca de presuntas irregularidades en la adjudicación del AVE a La Meca. Esta pata de la investigación permanece, de momento, sobreseída.
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