"En los contratos de alquiler de vivienda situada en un área declarada de mercado tensionado, la renta pactada al inicio del contrato, no podrá superar el índice oficial de referencia para el alquiler de una vivienda de características análogas en el mismo entorno urbano". Esta es la propuesta que Unidas Podemos está defendiendo en el seno del Gobierno de coalición para incluir en la futura Ley de Vivienda. El documento de trabajo, al que ha tenido acceso La Información, también contempla la creación de un Registro de Contratos de Alquiler (RCA) para poder conocer las estadísticas de precios de alquileres y del mercado inmobiliario.
Los morados también plantean que en caso de que en la vivienda o en el edificio en el que está situada el inmuebles en alquiler se hayan realizado obras de mejora con posterioridad a la formalización del último contrato de arrendamiento, "la renta será equivalente a la actualización determinada por la declaración de área de mercado tensionado más aquellos incrementos previstos por estas situaciones en la regulación de los contratos de arrendamiento de viviendas". En el caso de que una misma vivienda pudiera ser objeto de diferentes contratos de alquiler que afecten a partes concretas de la misma, "la suma de las rentas acordadas no podrá superar la renta máxima aplicable al arrendamiento unitario", incluye el plan morado.
Todas estas medidas se están discutiendo en el seno de la coalición pero hasta ahora con poco éxito. Las posturas siguen muy alejadas como quedó demostrado en la reunión de este lunes donde el PSOE sí que se abrió a negociar alguna de estas medidas, según fuentes de Unidas Podemos.
Respecto a la fijación del índice de referencia, una medida contemplada en el pacto de Gobierno, UP propone que sean determinados por cada comunidad autónoma "con metodologías objetivas y sujetos a revisión periódica". "Para la determinación del precio de referencia se tomará en consideración el índice oficial de referencia, que se fijará atendiendo a las rentas de los contratos de alquiler de vivienda habitual habitacional del área declarada de mercado tensionado y nunca podrá superar el precio del anterior contrato de arrendamiento", contempla. "El precio podrá modularse ponderando circunstancias como el estado de conservación y mantenimiento de la vivienda, su antigüedad, altura, accesibilidad o no mediante ascensor, eficiencia energética, proximidad de acceso a transporte y servicios públicos, inclusión o no de mobiliario o de anexos, zonas comunitarias de uso compartido, renta familiar disponible de la zona, y otras que puedan resultar relevantes", añade. No se podrá incrementar en más de un 2,5% del índice.
Un registro oficial de contratos
La Vicepresidencia de Pablo Iglesias está proponiendo también la creación de una Registro de Contratos de Alquiler (RCA) "de naturaleza administrativa, declarativa y de carácter electrónico, con acceso libre previa acreditación de interés legítimo en la consulta". El objetivo es que "todos los contratos de arrendamiento y de subarrendamiento, independientemente de su forma, bien existentes en el momento en que esta ley entre en vigor como los que se celebren en adelante" queden registrados a instancia de cualquier parte.
En el registro, siempre según la propuesta morada, se incluirían campos como las partes del contrato, la finca arrendada (con dirección postal, año de construcción, metros cuadrados, número de habitaciones, número de identificación de la cédula de habitabilidad, referencia catastral y certificado de eficiencia energética), si el edificio tiene o no ascensor, si dispone de sistemas de calefacción y refrigeración, si está o no amueblado y el estado de conservación. También se hará, se puede leer en el documento, si el inmueble pertenece a una SOCIMI y si la vivienda se destina a primera residencia o a otro uso. En esa información también constará el importe del depósito o fianza y sus actualizaciones o la información sobre sentencias firmes y laudos arbitrales.
"Los datos que consten en el RCA podrán ser utilizados por la Agencia Tributaria, así como el Poder Judicial y los demás organismos públicos para la consecución de sus respectivas finalidades. También podrá ser utilizado con el fin de la cuantificación administrativa del 'espejo de renta' y, en general, se podrá explotar con fines estadísticos determinados reglamentariamente", concluye el plan de trabajo.
Y un último detalle: "El cobro por la parte arrendadora de rentas que sobrepasen los límites establecidos en esta Ley dará derecho a la parte arrendataria a exigir la restitución de las cantidades percibidas en exceso, con devengo del interés legal incrementado en tres puntos, sin perjuicio de la responsabilidad en la que puedan incurrir en aplicación del régimen sancionador establecido por la comunidad autónoma correspondiente".
El PSOE propone beneficios fiscales progresivos
La negociación como decimos, se encuentra encallada porque el PSOE propone recetas muy diferentes. En concreto, la pasada semana los socialistas pusieron sobre la mesa aplicar bonificaciones en el rendimiento neto obtenido por alquiler de vivienda habitual (IRPF). De esta forma, si los propietarios rebajan un 10% el alquiler a sus inquilinos en zonas tensionadas podrían tener acceso a una rebaja del 90% en el IRPF. Del mismo modo, si alquilan a jóvenes de entre 18 y 35 años, si se trata de una vivienda nueva o si se utiliza en programas de alquiler social o entidades sin ánimo de lucro de atención a colectivos vulnerables la bonificación en el Impuesto sobre la Renta sería del 70% en el IRPF. Más propuestas: si la vivienda en alquiler ha sido rehabilitada en los últimos tres años o si sale al mercado a precio limitado la reducción en el IRPF se situaría en el 60%.
Otro conflicto tiene que ver con la vivienda vacía. El PSOE propuso también a sus socios introducir en la Ley la posibilidad de que los ayuntamientos impusieran un recargo en la cuota líquida del IBI de hasta el 50% a los inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente. Unidas Podemos considera esta receta insuficiente y plantea un impuesto específico a la vivienda vacía en las áreas de mercado tensionado.
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