Naturgy ha vuelto en bolsa a los niveles previos al lanzamiento de la opa parcial a 23 euros por parte del megafondo de pensiones autraliano IFM. Los inversores comienzan a dar como probable ahora que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias usará su veto a la operación, como avanzó el lunes ‘La Información’. Moncloa considera que la negativa a la inversión en la compañía energética está fundamentada en "razones estratégicas".
En esta línea, la agencia 'Bloomberg' publicó el martes que el Gobierno se está "inclinando" al bloqueo de la operación porque considera que es un activo estratégico y supondría entregar el control de la compañía a inversores extranjeros en un momento de "dificultad económica excepcional".
Las acciones del grupo que preside Francisco Reynes cayeron un 0,64% este miércoles por cuarta sesión consecutiva, hasta 20,22 euros, con lo que sitúa ya un 11,8% por debajo de la propuesta de IFM. De hecho, la cotización de Naturgy se coloca en mínimos desde el 25 de enero, antes de conocerse el lanzamiento de la opa.
Oficialmente, el Gobierno sigue rumiando su decisión, aunque como avanzó La Información la balanza se está decantando hacia el no. El pasado 2 de febrero, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, dijo que el Ejecutivo será "muy prudente y cauto" en su decisión final al respecto.
Con el estallido de la pandemia del Covid-19, el presidente, Pedro Sánchez, anunció una norma antiopas que obliga a pasar por el filtro del Consejo de Ministros prácticamente cualquier inversión extranjera en una empresa española, desde grandes empresas a startups. como le ocurrió a Signaturit con la compra por parte del fondo británico Providence.
El pasado 26 de enero, el fondo IFM anunció una oferta dirigida al 22,69% del capital social de Naturgy, a razón de 23 euros por acción. El desembolso máximo asciende a 5.060 millones de euros, si bien está condicionada a lograr, al menos, la aceptación del 17% del capital de la gasista. De no hacerlo, o si recibe el veto del Gobierno, retirará su oferta.
La decisión de Moncloa se enmarca en un contexto amplio de vetos gubernamentales a las compras de empresas por parte de inversores extranjeros. En Francia, el Ejecutivo de Emmanuel Macron dijo no al intento de la canadiense Couche-Tard de hacerse con la cadena de distribución Carrefour, la mayor del país, usando como argumento la necesidad de mantener la soberanía alimentaria, aunque es una empresa privada.
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