Los recientes vínculos rusos de Magyar Vagon, grupo privada propietario de la privatizada Dunakeszi Jármujavito (DJJ), se han convertido en un obstáculo a la hora de poder formular una oferta de compra sobre la española Talgo, debido al esquema de sanciones de EEUU que pesan sobre bancos vinculados al Kremlin como el International Investment Bank (IIB), el Eximbank de Rusia y sus vinculaciones en la financiación de la empresa ferroviaria, así como de sus desconocidos accionistas, desde que el teórico propietario Kristóf Szalay-Bobrovniczky, ex embajador del Gobierno de Viktor Orban en Londres y actual ministro de Defensa.
En octubre de 2023, la propiedad de la compañía ferroviaria húngara pasó de Szalay-Bobrovniczky a estar bajo el control de fondos de capital riesgo de Gran Private Equity Zrt., una firma del presidente de la petrolera y gasista MOL, Zsolt Hernádi. De hecho, su mano derecha, György Bacsa, director de operaciones (COO) de ese consorcio energético, fue el encargado de contestar al requerimiento de información de la CNMV la semana pasada sobre sus planes para comprar Talgo a 5 euros por acción, y 632 millones de euros.
La operación, que adelantó 'La Información' en noviembre, ha quedado en el aire en las negociaciones con los bancos españoles que financian a Talgo, que se han amparado en las cláusulas de cambio de control de la propiedad. Estos contratos permiten a la banca reclamar anticipadamente el reembolso de los préstamos que tienen con la empresa española. Según informó 'Cinco Días', alrededor de 227 millones, o el 70% de su deuda bancaria, tiene ese tipo de garantías bancarias.
El escarnio del caso Dia
Además, la CNMV, según la versión de los húngaros, les ha transmitido que "no permite someter la oferta a la condición de la obtención del consentimiento de las entidades financiadoras por el cambio de control". El diario 'El Confidencial' señaló que la banca está analizando el origen del capital que respalda a los húngaros. Los sucesivos cambios de propiedad de Magyar Vagon, la absorción de activos y contratos rusos, así como los préstamos que tiene son la causa de esa revisión.
El supervisor que preside Rodrigo Buenaventura todavía tiene reciente el grave error cometido con Dia Supermercados, cuando puso la alfombra roja al consorcio ruso LetterOne de Mijaíl Fridman, que aprovechó la toma de control de la compañía para poner contra las cuerdas a los bancos españoles amenazándoles con una quiebra. Los rusos acabaron por forzar una financiación preferente a Dia con préstamos participativos con capital de Letterone y Alfa que luego transformaron en acciones. Finalmente, Fridman y los principales dueños de Letterone terminaron en la lista de sanciones de EEUU y la UE como miembros de la diplomacia
El cierre del 'banco de los espías' en Budapest
Hace diez meses, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EEUU y su equivalente en Reino Unido desplegó una batería de sanciones contra el oligarca Alisher Usmanov, magnate del cobre, telecomunicaciones y siderúrgico cercano a Putin. En su lista incluyó al citado Banco Internacional de Inversiones (IIB), una institución financiera bajo control de Rusia pero con sede en Budapest (Hungría) y en la que también participaban hasta febrero de 2022 Bulgaria, Chequia, Eslovaquia y Rumanía. Hungría no abandonó el banco hasta mayo de 2023.
Según Washington, la presencia del IIB en Budapest formaba parte de las actividades "malintencionadas" y mecanismo para la corrupción, blanqueo, evasión de sanciones y contrainteligencia del Kremlin con el objetivo de desestabilizar Europa Central y los Balcanes. En el mismo reglamento de sanciones, el Tesoro de Janet Yellen metió en la lista negra al ciudadano húngaro Imre Laszloczki, el que fuera embajador del Gobierno Orban en Kazajstan y Azerbaiyán, que se ocupaba desde 2019 de las relaciones económicas húngaras con Moscú.
Entre los contratos heredados, se encuentra el 'megapedido' de 1.300 vagones con Ferrocarriles Nacionales de Egipto (ENR) que logró en 2018 la estatal rusa TMH por más de 1.000 millones de euros, y el posterior mantenimiento de estos coches por otros 432 millones. Además del Eximbank, banco estatal de exportación e importación, otra de las entidades que participó en la financiación fue el Roseksimbank (Eximbank de Rusia), sancionado por EEUU y la UE tras la invasión rusa de Ucrania, lo que obligó al Gobierno Orban a cortar lazos financieros con el Kremlin a cambio de una línea alternativa de la UE.
Precisamente, el grueso de los activos del grupo privado interesado en Talgo se construyó a partir de la retirada de Hungría de la rusa Transmashholding (TMH) tras la guerra de Ucrania. El proceso no fue precisamente transparente, sino que se orquestó por decreto del Gobierno. La filial húngara de TMH fue comprada por la empresa pública Dunakeszi Jármujavito (DJJ) y fue renombrada como Ganz Mavag, que a su vez fue privatizada e integrada en Magyar Vagon como propietario al 100%.
En octubre de 2023, Gran Private Equity pasó a ostentar la propiedad a través del fondo Solva II y de Cato Investments cuya inversores no son públicos, pero la prensa húngara los vincula tanto a la petrolera MOL, ex miembros del gobierno húngaro y empresarios cercanos al partido Fidesz-Union Cívica Húngara de Orban, que lleva desde 2010 en el poder, según el prestigioso semanario HVG de WAZ Media Group.
En este grupo de poder en la sombra emerge la figura de András Tombor, un ex asesor de seguridad nacional del Gobierno Orban vinculado también a sus servicios de inteligencia. La prensa húngara lo situó como lobista de la rusa Transmashholding (TMH) y su filial Metrovagonmas en la licitación de un megacontrato de renovación de la línea 3 del metro de Budapest. También tomó partido por TMH Hungría, de capital ruso entonces, para que se hiciese con el citado contrato de trenes egipcio preadjudicado a Hungría, pero que contó con la financiación del estatal Eximbank, entonces al 50% entre Putin y Orban.
