La dignidad institucional de la CNMV y el espíritu de Tomás Becket

Ahora que la vicepresidenta Nadia Calviño, además de cargar nuevos impuestos a la banca, se ha propuesto también reformar la vieja y arrugada ley del mercado de valores no estaría de más que el proyecto en ciernes incluyera alguna medida orientada a impulsar la transparencia de las investigaciones con las que la CNMV ensalza su papel de vigilante de la playa bursátil. El organismo supervisor no para en barras a la hora de detectar el más mínimo indicio de sospecha, pero todo ese ímpetu inquisitivo queda luego en agua de borrajas debido al solemne hermetismo con que se sustancia la resolución de los oportunos expedientes. La entidad que ahora dirige Rodrigo Buenaventura no ha superado los complejos derivados de antiguos escándalos y sigue funcionando bajo el amparo de una máscara regulatoria que le permite rasgarse las vestiduras en primera instancia para dar luego la callada por respuesta ante las inquietudes que su propio celo administrativo suscita entre los inversores.

Las interminables pesquisas sobre el caso Indra están afectando a la credibilidad de la Comisión de Valores, sobre todo después de la determinación que mostró en un principio su presidente para exponer en público la preocupación por la inopinada destitución de todo el bloque de consejeros independientes. De eso hace ya más de un mes y los responsables de la inspección parece que se lo han tomado con bastante calma a partir de la petición formal de hasta cuatro requerimientos de información; el último hace solo una semana, por lo que todavía no ha sido contestado por la empresa. La misión, clasificada como siempre y escrupulosa como nunca, ha sido encargada a Ángel Benito, el súper-director general de la casa, que fue consejero durante el mandato presidencial de Sebastián Albella y que recuperó sus antiguas funciones como veterano responsable de la unidad de Mercados en sustitución precisamente del propio Buenaventura.

La relación entre el presidente y el jefe de la investigación es intachable, lo que induce a pensar que ambos prefieren manejarse con pies de plomo antes de dar un paso en falso que ponga en la picota al Gobierno. No en vano la bomba de relojería a desactivar está colocada debajo de la mesa del Consejo de Ministros y su onda expansiva afecta tanto a la vicepresidenta Nadia Calviño como a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La primera porque es la encargada de tutelar a la CNMV y su intervención es decisiva en el nombramiento de los altos cargos de la entidad supervisora. La segunda porque su departamento ostenta el control orgánico de la SEPI, candidata a pagar los desperfectos si las autoridades bursátiles hacen finalmente honor a su condición y exigen una OPA por el 100% del capital de Indra.

La Comisión de Valores ha formulado ya hasta cuatro requerimientos de información a Indra. El último data de la pasada semana y todavía no ha sido contestado por la empresa

En medio de la calma chicha con que se contemplan los acontecimientos habidos y por haber en el seno de la empresa española de Defensa da la sensación que la CNMV se ha cargado de paciencia con la esperanza de que los problemas caigan maduros de la higuera una vez que se nominen limpios de polvo y paja a los nuevos y nuevas consejer@s independientes. La presunta concertación entre los accionistas de referencia se antoja como una fruta prohibida para los inspectores de la Comisión de Valores, cuyo presidente tampoco está dispuesto a pasar a la historia como protomártir del buen gobierno corporativo. Buenaventura no se va a inmolar por la causa, hasta ahí podíamos llegar, ni siente mayor empeño en emular a Tomás Becket, el arzobispo de Canterbury asesinado por los secuaces de Enrique II cuando osó defender la jerarquía eclesiástica en contra del propio rey de Inglaterra que le había designado para el cargo.

El presidente de la CNMV no quiere que le ocurra lo que a su mentor y predecesor Manuel Conthe, que terminó por tirar la toalla al comprobar indignado que su labor al frente del regulador era menoscabada una y otra vez por su vicepresidente, Carlos Arenillas, con el respaldo inestimables de Miguel Sebastián, a la sazón responsable de la Oficina Económica del entonces presidente Zapatero. Conthe no soportó el ninguneo constante de los apparatchik de la casa y dimitió con premeditado estruendo cuando el consejo de la institución que teóricamente lideraba aprobó en contra de su criterio la OPA de Enel y Acciona sobre Endesa. Un par de años antes, todo hay que decirlo, el dimisionario titular de la CNMV había tragado carros y carretas con la investigación urdida a sus espaldas contra el expresidente del BBVA, Francisco González, por presuntas irregularidades en la multimillonaria venta a Merryl Lynch de la sociedad de bolsa FG Valores.

En la memoria histórica de la Comisión de Valores el único episodio realmente encomiable lo protagonizó Pilar Valiente después de levantar las alfombras del escándalo de Gescartera en el que estaban implicados altos cargos del Gobierno presidido por José María Aznar. Está visto que en la botica de la CNMV hay para todos los gustos, pero en el caso que ocupa la única conclusión válida es que la titular del organismo regulador se comió ella solita el marrón, evitando con su dimisión que las culpas se extendieran aguas abajo a la institución y salvando con el tiempo la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que causó la tristemente célebre agencia de valores. El gesto de Valiente, tirando primero de la manta y marchándose después de la entidad, hace honor a su apellido, aunque nadie ha querido nunca reconocérselo, quizá porque la mala conciencia suele hacer estragos cuando entra en colisión con la más elemental dignidad profesional.

Pedro Sánchez anunció los nuevos impuestos al Ibex en plena sesión bursátil, lo que en buena lógica debería suponer una infracción muy grave de la ley del Mercado de Valores

Está claro que la independencia, al margen y a pesar de lo que predican los códigos del buen gobierno corporativo, tiene un coste muy alto que cada cual debe sufragar de acuerdo con su propia honra y estima. El decoro de todo servidor público se origina en su indudable capacitación técnica, pero adquiere su punto culminante cuando se plantean situaciones de conflicto que ponen a prueba la inquebrantable honorabilidad de quien ostenta un alto cargo en la Administración del Estado. La nueva ley del Mercado de Valores debería recoger alguna encomienda de esta naturaleza en su exposición de motivos con el fin de dotar a la CNMV de la excelencia institucional que exige el control y supervisión del mercado bursátil. Con tales poderes hasta el presidente del Gobierno se tentaría la ropa antes de lanzar informaciones relevantes en el Parlamento que pudieran llevarse por delante miles de millones en la valoración de grandes sociedades cotizadas.

Los impuestos a gogó que anunció Pedro Sánchez contra las compañías energéticas y los bancos tuvieron lugar dentro de lo que se entiende como mercado abierto y podrían constituir una infracción tipificada como muy grave de acuerdo con la actual legislación bursátil. Los aforamientos y justificaciones que supone la comunicación pública de las controvertidas tasas durante el debate sobre el estado de la Nación no dejan de ser una coartada a la hora de enjuiciar la arrogancia y temeridad del jefe del Ejecutivo cuando se encarama a la tribuna de oradores del Congreso. Pero eso no es óbice para que los sabuesos de Rodrigo Buenaventura abran, por qué no, una investigación de las suyas. Esta vez ni siquiera sería necesario que informasen del resultado de las averiguaciones, faltaría más. Bastaría con poner el dedo en la llaga con algún requerimiento al uso para dejar clara la independencia del regulador ante el poder oficial constituido. Sin que la sangre llegue al río, esperemos que el espíritu de Santo Tomás Becket ilumine algún día a la CNMV.