La partida de ajedrez del Ibex y los golpes de pecho de la CNMV

Fue precisamente la irrupción en Iberdrola de los primeros síntomas de la variante Villarejo lo que motivó la intervención directa del antiguo presidente de la CNMV, Sebastián Albella, para dar un puñetazo sobre la mesa del Ibex 35. El supervisor bursátil lanzó en noviembre de 2019 una reprimenda al viento en la que se aludía sin recato a la necesidad de prevenir “la corrupción y demás prácticas irregulares” en las sociedades cotizadas. Un año y medio después, tras la reciente imputación de Ignacio Galán, el actual jefe del regulador, Rodrigo Buenaventura, ha saltado a la palestra con una declaración pública que, a falta de una decisión más drástica o expresa, no puede tener otro motivo aparente que el deseo institucional por curarse en salud antes de que el contagio derive en una epidemia contra la salud de todo el mercado de valores en España.

La Comisión de Valores está intensificando sus contactos con las Fuerzas del Orden Público a fin de establecer mecanismos policiales que cubran las enormes lagunas normativas existentes para meter en vereda a los llamados chiringuitos financieros. Las reclamaciones de los ahorradores sobre estas entidades de inversión que pululan a sus anchas por los mercados de capitales están creciendo en proporción geométrica este año y Buenaventura no termina de encontrar el modo y manera de colocar algún paso a nivel regulatorio antes de que se produzca un accidente. Con los grandes del Ibex ocurre tres cuartos de lo mismo porque la entidad encargada de velar por el correcto funcionamiento de los mercados de capitales no ha sido capaz de sensibilizar por las buenas a los grandes emisores bursátiles, que han manejado sus influencias para ajustar los códigos de buen gobierno como coartada de sus estrategias corporativas y de negocio.

Desde que se estableció el llamado Código Olivencia en 1998 todas las demás versiones elaboradas a instancias de la CNMV para aquilatar los deberes de lealtad de los administradores en el mundo bursátil han supuesto una involución con respecto a las recomendaciones que fueron adoptadas originalmente. Los redactores del viejo vademécum, patrocinado por el catedrático fallecido hace ya más de tres años, trabajaron con la libertad del pionero, sin remilgos ni presiones, y favorecidos también por la escasa sofisticación de los mercados de capitales en la España de finales del pasado siglo. Quizá de ahí la admonición grabada para la posteridad en virtud de la cual se determinaba que las sociedades deberían incluir en sus normativas internas “la obligación de los consejeros de dimitir” cuando se dieran supuestos que pudieran afectar negativamente al funcionamiento del consejo o al crédito y reputación de la sociedad.

La CNMV ha estrechado en los últimos tiempos sus contactos con la Policía y la Guardia Civil para vigilar las supuestas prácticas irregulares en los mercados de valores

Las palabras gruesas, directas y taxativas debieron resultar demasiado elocuentes para los sucesivos jurisconsultos que degradaron en el Informe Aldama de 2003 estos criterios de actuación utilizando términos sutiles y vaporosos en los que la obligación de dimisión era subvertida por otra mucho más elástica que tan sólo exigía al administrador incurso en alguna causa penal la necesidad de informar a la sociedad. El Código Conte volvió por sus fueros tres años más tarde y recuperó la antigua usanza de la dimisión como desenlace eventual para todos aquellos administradores de empresas cotizadas que pudieran resultar procesados o contra los que se dictase un auto de juicio oral. Pero después de ponerse tan estupendo el mismo proyecto unificado de buen gobierno envainó su espada flamígera dejando plena libertad al consejo de administración para que al estilo romano, pulgar arriba o pulgar abajo, decidiera el destino del consejero afectado.

La alternativa orientada a dejar que el máximo órgano de gobierno asuma la plena y única responsabilidad final sobre la conducta de los administradores de las sociedades cotizadas se ha convertido en una trampa para la adecuada supervisión de las empresas que contratan sus acciones en bolsa. Los consejos de administración actúan como juez y parte de situaciones que pueden inducir a un escándalo de consecuencias penales pero que, en todo caso, implican un serio conflicto de intereses frente al resto de stakeholders o públicos objetivos que forman parte de la empresa. No en balde, los efectos bursátiles de un procedimiento judicial cotizan en bolsa y afectan por tanto a los inversores institucionales y particulares, aparte de influir en clientes, proveedores y trabajadores de compañías que son emblemáticas para la consideración de la marca España en los mercados globales.

En el actual y carpetovetónico mundo de los negocios la constitución de los consejos de administración, con sus reglamentos adaptados escrupulosamente a las normativas y modas vigentes, pero también con sus exquisitas políticas retributivas, ha derivado en una singular concentración de poder en virtud de la cual cualquier consejero que se mueva un pelo se arriesga a no salir en la foto. Los administradores con funciones ejecutivas no son dudosos del pie que cojean por cuanto que están supeditados a los designios que establece su jefe directo. Diferente debiera ser la condición de los llamados independientes si es que éstos se creyeran de verdad las teóricas virtudes con que ha sido adornada su designación en lugar de atender preferentemente los intereses de aquellos a los que deben el cargo. Unos y otros configuran la guardia pretoriana detrás de la que se esconden y protegen los máximos responsables de las grandes empresas españolas.

Los consejos de Repsol e Iberdrola han hecho público su unánime respaldo a Brufau y Galán. En Telefónica guardan, en cambio, silencio sobre el apoyo a su vicepresidente Isidro Fainé

La pulsión auxiliadora que muestran los consejos de administración con sus máximos ejecutivos se ha manifestado repetidamente en las dos causas abiertas por la Audiencia Nacional para investigar los respectivos encargos de Repsol e Iberdrola al grupo Cenyt. Los ejemplos de las dos empresas líderes en España dentro del mercado petrolero y eléctrico evidencian el respaldo unánime de todos los administradores con sus altos directivos imputados, entre los que sobresalen Antonio Brufau e Ignacio Galán. Una colaboración inestimable pero que ha generado cierta sorpresa en la comunidad financiera internacional, más proclive a evitar complicidades de esta naturaleza que luego puedan poner en tela de juicio la actuación del consejo de administración en pleno. Atendiendo probablemente a esta última tendencia, Telefónica ha guardado sepulcral silencio sobre el apoyo que también ha brindado el máximo órgano de gobierno a su vicepresidente, Isidro Fainé, involucrado en el mismo procedimiento judicial que Repsol.

Los códigos de buen gobierno conceden a día de hoy amplio margen de actuación para que cada sociedad cotizada fortifique sus dominios con el tipo de alambrada que más le conviene. La CNMV ha favorecido a la postre una reglamentación que tiende a confundirse con una partida de ajedrez en la que todas las piezas del tablero societario se mueven con la única misión de proteger al rey. La actitud colaboracionista del regulador no puede exculparse con golpes de pecho porque su misión institucional como supremo vigilante de la playa bursátil debiera conferir poderes más allá del sucesivo aviso a los bañistas. Aparte de las consecuencias que se deriven de eventuales decisiones judiciales, el riesgo reconocido de un virus que atenta contra la reputación del mercado exige vacunar cuanto antes a los sanitarios. O lo que es igual, reforzar el sistema inmunitario de una Comisión de Valores que lleva mucho tiempo con las defensas muy bajas.