¿Cuál será la decisión de Antonio Garamendi? ¿Qué determinación adoptará finalmente la CEOE? Los tiempos han cambiado también mucho para la más genuina organización empresarial existente en España y nadie le puede pedir a su actual presidente que se reencarne ahora con el espíritu del mítico José María Cuevas para decirle a Pedro Sánchez que ‘no es no’ con respecto a esa reforma falaz y sesgada del mercado de trabajo que tratan de forzar los sindicatos de clase ante el ojo avizor de Bruselas. De la misma manera tampoco nadie en el Ministerio de Trabajo está en condiciones de maniatar y exigir al jefe electo de los empresarios que imponga en su junta directiva un criterio pactista de sumisión a las tesis gubernamentales en contra de los intereses generales de los diferentes colectivos sectoriales y territoriales aunados bajo las históricas siglas de la gran cúpula patronal del país.
Por razones de elemental responsabilidad social la CEOE no puede abdicar de su papel como exponente esencial de la sociedad civil y tiene que estar implicada en todas y cada una de las mesas de debate convocadas para regular y modernizar el mercado de trabajo en España. Pero de igual modo, y con la legitimidad que emana de su función como primer agente de representación corporativa, tiene pleno derecho también a fijar su posición negociadora de acuerdo con sus propios objetivos institucionales. En definitiva, la vocación de servicio público que obliga a la patronal no está reñida ni es incompatible con la definición de unas líneas rojas que impidan la mascarada de un acuerdo preconcebido por el Gobierno y sus correas de transmisión sindicales para promover a conveniencia la involución del ordenamiento vigente desde hace casi diez años en el mercado de trabajo.
La estrategia de todos los Ejecutivos de la égida socialista en lo que se refiere al mundo laboral y su vinculación con el sistema público de pensiones se condensa en un intento de reducir la presión de la Comisión Europea a base de cataplasmas orientadas a evitar tensiones con los sindicatos mayoritarios. UGT y CC.OO. han impreso su sello indeleble en pequeñas reformas de andar por casa pensadas con el objetivo prioritario de evitar la desafección de sus afiliados en activo, pero sin mayor preocupación por el resto de colectivos ajenos al control sindical. La reciente subida de las cotizaciones en un 0,6% es el último botón de muestra de un acuerdo político que se traducirá en un encarecimiento del puesto de trabajo, complicando un poco más la vida de los autónomos y dificultando el acceso al mercado de los jóvenes que buscan su primer empleo.
La contrarreforma que pretende el Gobierno tiene por principal misión devolver a los sindicatos de clase el poder sobre los empresarios en la negociación colectiva
La política de apaciguamiento con las dos grandes centrales sindicales tampoco es que haya sido muy fructífera para frenar las acometidas de la tecnocracia comunitaria. Es probable que Sánchez se resista a escarmentar en cabeza ajena pero no debería olvidar que Zapatero terminó zarandeado de mala manera por Bruselas, hasta el punto de verse obligado a retrasar la edad de jubilación a los 67 años y aumentar de 15 a 25 años el periodo de cálculo de las pensiones. Nunca jamás el sacrosanto estado del bienestar ha sufrido un varapalo de tamaña envergadura, como evidencia el hecho de que cuatro de cada cinco euros del ahorro contabilizado en la última década dentro del sistema público de pensiones proceden de la reforma socialista de 2011 y solo uno corresponden a los ajustes posteriores adoptados por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013.
La programada derogación de la reforma laboral, promovida ahora por la coalición social comunista que dirige el país, está motivada en criterios meramente ideológicos, como elemento sustancial de un exacerbado frentismo político y piedra angular de una reingeniería social de corte populista que trata de cambiar tanto el fuero como el huevo de los españoles. De otra manera no se entiende que el Estado que a día de hoy mantiene una de las mayores tasas de paro de toda la Unión Europea quiera echar por la borda una legislación que ha conseguido el milagro de alcanzar nuevos niveles de creación de empleo a partir de un crecimiento pírrico de tan sólo el 1% del Producto Interior Bruto. No conviene olvidar que lo mejor suele ser enemigo de lo bueno cuando los objetivos de progreso están contaminados con intereses bastardos.
Los criterios de evaluación solicitados por Bruselas al Gobierno español para acreditar y justificar los cambios regulatorios constituyen a día de hoy lo más parecido al enigma de la Esfinge, entendiendo por tal a Nadia Calviño y su inconfundible pose de perfil ante la avanzadilla de Yolanda Díaz. Los argumentos con que se maneja la vicepresidenta económica en sus contactos con la Comisión Europea no dejan de ser meros subterfugios para hipnotizar a los empresarios mientras su colega del Ministerio de Trabajo ventila un acuerdo que devuelva a sindicatos el mango de la sartén donde se cocinan las relaciones del mercado laboral. La confabulación dará lugar en lógica contrapartida a una especie de 'pax social' ininterrumpida para amordazar cualquier protesta callejera de los trabajadores a lo largo de todo lo que resta de legislatura.
Sánchez trata de ganarse la 'pax social' con UGT y CC.OO. para que controlen a pie de calle las eventuales protestas de los trabajadores durante todo lo que resta de legislatura
Sánchez tiene la piel especialmente sensible a cualquier movilización de consideración pública que pueda alterar esa imagen progresista esculpida a golpe de concesiones con los grupos radicales nacionalistas y de ultraizquierda. El supremacismo moral se transmite por esporas entre los diferentes aliados y deudos del Gobierno y es el principal ingrediente del que se alimentan también los dos grandes representantes sindicales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, para imponer su flamante jerarquía en las negociaciones de ese otro eufemismo que se ha dado en llamar el diálogo social. A partir de ahí las consideraciones tecnocráticas de Calviño hablando de temporalidad, subcontratación, Ertes y demás ejes reformistas deben entenderse como la coartada indispensable para inclinar el terreno a favor de los sindicatos y dar la vuelta a la tortilla del decreto-ley de 2012 aprobado en la etapa ministerial de Fátima Báñez.
Aquí y ahora lo que verdaderamente importa es recuperar la ultraactividad que asegura la prórroga automática de los convenios e imponer el convenio sectorial sobre cualquier acuerdo individual que pueda negociar la empresa con los trabajadores en su ámbito libre y particular de actuación. Estos son las dos grandes bazas que inflaman el afán de revancha de los sindicatos para volver por donde solían y recuperar en los despachos la legitimidad y el poder que han ido perdiendo como agentes sociales. Es lo mismo que le puede ocurrir ahora a CEOE si no pone pies en pared ante el trampantojo de esa contrarreforma a la que los empresarios han sido convocados como meros convidados de piedra. Garamendi lo tiene muy fácil. Basta con que cumpla con la invitación y se atenga al compromiso con sus representados.
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