Los pactos del PSOE con Junts para componer una mayoría parlamentaria en la investidura de Pedro Sánchez se han definido sobradamente en estos últimos días como un acto pernicioso y humillante. Pero quizá lo más grave es que choca frontalmente contra el mandato surgido de las elecciones el pasado 23 de julio. Si el PSOE hubiese acudido a las urnas con la amnistía al procès y la judicialización de la política (lawfare) como argumentos electorales, la iniciativa contaría al menos con respaldo y legitimidad democrática. El problema es que ha sido al revés y se omitió toda la letra pequeña que llevaban con tinta invisible las papeletas de reelección.
112 días después, gran parte de los votantes socialistas no saben donde meterse ahora porque durante semanas, meses y años escucharon de Sánchez y sus líderes justo lo contrario, sin matices de ningún tipo. El argumentario de Moncloa obliga ahora a repetir que es por la convivencia, que recoge el encargo electoral de los españoles y que se debe desjudicializar el conflicto en Cataluña. Es falso según un mínimo proceso de verificación de hechos y discursos. Todo es a cambio de los 7 votos a favor de la investidura de Pedro Sánchez por parte de los diputados de Junts que lidera Carles Puigdemont. Un precio insostenible.
La amnistía a Junts y al procès en su conjunto supone la indefensión para las víctimas del órdago antidemocrático que supuso el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, que canceló los derechos de la mayoría de los catalanes con una votación unilateral que la justicia consideró ilegal. Los jueces dictaron las penas, algunos de sus líderes políticos ingresaron en la cárcel y luego fueron indultados. Sin embargo, los cabecillas más pudientes como Puigdemont huyeron de la acción judicial. Ahora la reescritura política de lo sucedido les va a dar la razón. Dentro del bloque PSOE-Sumar hay pocas voces discordantes con los pactos que se están perpetrando. El miedo a ser fulminados de sus puestos por la cúpula de sus partidos ha silenciado casi por completo a personas que en privado sí son críticas.
Solo quien no tiene nada que perder lo puede hacer. "Todo el mundo sabe que el PSOE no hace la amnistía por convicción sino por obligación", como expresó la ministra del Gobierno y secretaria general de Podemos, Jone Belarra. El voto de los cinco diputados morados adscritos a la coalición Sumar de Yolanda Díaz están pendientes de una consulta interna que se resolverá el martes. Es el único partido que no ha recibido de momento lo que ha pedido a Sánchez: un ministerio para Irene Montero. El socialista y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido quizá el único que ha hablado alto y claro dentro del actual PSOE: "Veo mucha necesidad de gobernar y mucha necesidad de librarse de la cárcel. No ha habido persecución judicial. Si hay que plantar batalla, lo haré."
Qué tiene de malo la amnistía
Más allá de que se haya gestado como trueque a cambio de votos y en contra de lo expresado en las urnas por la ciudadanía el pasado 23 de julio, la puesta en marcha de la amnistía como la que se ha insinuado y el cuestionamiento del poder judicial, uno de los pilares fundamentales de la democracia, tiene múltiples ramificaciones que en conjunto siembran la cizaña y la mala hierba a corto y medio plazo. Es lo que tiene en política contraponer el interés particular al general, que a veces hasta los más leales y ciegos colaboradores de la causa se dan cuenta. Para el cerebro colectivo de la ciudadanía, la amnistía a políticos condenados por graves delitos, como malversación de dinero público, sedición o corrupción, socava el principio de responsabilidad política en un sistema democrático.
De facto, se está confirmando en el imaginario colectivo un relato sobre el tratamiento especial para aquellos en posiciones de poder. No solo transmite un mensaje de impunidad que podría fomentar la comisión de actos ilícitos en el futuro, sino que también engendra desconfianza en las instituciones gubernamentales y desincentiva la lucha contra la corrupción. Todo esto será especialmente visible con -atención, spoiler- los indultos que se están gestando en el futuro gobierno para los expresidentes del PSOE José Antonio Griñán, Manuel Chaves y otros altos cargos socialistas por el caso ERE. ¿Hubiesen votado los españoles igual el 23-J de conocer todo lo que está pasando ahora?
