Manuel García Castellón es uno de los jueces más conocidos de la Audiencia Nacional al ser el encargado de investigar algunas de las macrocausas de corrupción más mediáticas. Lezo, Púnica, Tándem, Dia o Vitaldent son algunas de las investigaciones judiciales que el magistrado ha tenido entre sus manos durante años, incluso algunas continúan a día de hoy. Sin embargo, sus decisiones no siempre son de agrado para los investigados, que con frecuencia acuden en apelación a la Sala de lo Penal para que las dejen sin efecto, en ocasiones consiguiendo dar un giro al avance de los procedimientos, como ha ocurrido en la última semana con la reapertura del caso sobre el comisario jubilado José Manuel Villarejo a Repsol y CaixaBank.
La macrocausa 'Tándem', o también conocido como el 'caso Villarejo', es una de las que más esfuerzos está requiriendo al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6. A lo largo de más de cuatro años de instrucción ha llegado a acumular una treintena de líneas de investigación, con más de 50 personas procesadas, e imputaciones de importantes personajes del panorama político y del mundo empresarial, entre los que se encuentran presidentes del Ibex 35, cuyo daño reputacional depende de sus resoluciones. Pero no es la única causa que ha dado más de un quebradero de cabeza al magistrado García Castellón, pues el 'caso Púnica' también le ha llevado a sufrir algún que otro revés de los magistrados de la Sala de lo Penal, quienes le han llegado a instar a reordenar el procedimiento y ponerle fecha de caducidad definitiva.
Cabe destacar que los investigados pueden impugnar ante las instancias superiores todas las resoluciones que consideren que vulneran sus derechos. Por ello, suele convertirse en parte de una estrategia de defensa común y habitual. También las acusaciones pueden recurrir aquellas que entiendan que son desproporcionadas o que perjudican al desarrollo de la investigación. En la mayoría de ocasiones, el tribunal avala las decisiones del juez que dirige las pesquisas, y así ha ocurrido con gran parte de las diligencias que el juez García Castellón ha acordado en los distintos procedimientos o con cierres de instrucciones y procesamientos de encausados.
Por ejemplo, en los últimos meses, los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han confirmado la investigación al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por su presunto conocimiento de la contratación de Villarejo, así como la imputación de la filial Iberdrola Renovables Energía, y no el grupo empresarial, por el pago del último trabajo que realizó el agente encubierto para la eléctrica. Por otro lado, ha ratificado la decisión de juzgar al empresario Javier López Madrid, yerno del expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, por recurrir también al comisario jubilado para “hostigar” a la dermatóloga Elisa Pinto, con la que mantenía un conflicto personal.
Las imputaciones al Ibex
Sin embargo, el tribunal recientemente le ha corregido con respecto a su iniciativa de archivar el 'caso Villarejo' para Repsol, CaixaBank y sus líderes Antonio Brufau e Isidro Fainé y le ha ordenado a seguir indagando en si ambas compañías, con el conocimiento de sus máximos responsables, eludieron las normas y controles internos para hacer un encargo al Grupo Cenyt, el entramado empresarial del comisario Villarejo. De este modo, los magistrados de la Sala de lo Penal se posicionaron a favor del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que consideró que tanto el archivo, como el posterior cierre de la instrucción -asunto que está pendiente de resolverse por la Sala-, se hizo de manera precipitada. Con un argumento similar, el Ministerio Público también ha recurrido la resolución por la que se puso fin a la instrucción de la denominada 'operación Kitchen', el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, si bien la instancia superior a García Castellón aún tiene que estudiar si el juez tomó la decisión correcta.
Otra de las decisiones a la que la Sala de lo Penal ha dado la vuelta en el caso 'Tándem' fue la relativa a la exclusión de Iberdrola como acusación particular. Lo hizo después de que el juez instructor archivara la querella contra uno de los exdirectivos de la eléctrica, que elaboró un informe en el que se acusa a la cúpula directiva de conocer que los pagos a Villarejo se estaban haciendo fuera del cauce legal. Los magistrados ordenaron a García Castellón que devolviera a la empresa la condición de perjudicada, si bien éste se reafirmó poco después, a finales del pasado mes de enero, en su decisión y volvió a expulsar a la eléctrica de la causa. Asimismo, trató de dar al extrabajador de la compañía una protección especial como denunciante y a su documento. Así las cosas, el asunto ha vuelto a la casilla de salida ante la interposición de nuevos recursos.
La Sala de lo Penal ordenó a García Castellón que devolviera a Iberdrola la condición de perjudicada, si bien éste se reafirmó poco después en su decisión y volvió a expulsar a la eléctrica de la causa.
En relación a la línea de investigación sobre las contrataciones de BBVA a Cenyt, la Sala de lo Penal dio un primer vuelco al procedimiento al estimar la petición, inicialmente denegada, del exresponsable del área inmobiliaria del banco Antonio Béjar de recuperar todos sus correos corporativos para demostrar que siguió instrucciones en relación a los pagos al agente encubierto. Un segundo giro llegó el pasado mes de diciembre cuando el tribunal 'eliminó' la imputación instada por Anticorrupción contra el expresidente de la entidad, Francisco González, por el delito de administración desleal, limitando su investigación a los presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos.
En el conocido como 'caso Dina', otra de las líneas indagatorias de 'Tándem', el juez García Castellón también ha recibido varios 'toques' desde arriba, incluso del Tribunal Supremo. El primero de ellos fue cuando la Audiencia Nacional advirtió que no podía imputar al exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y le ordenó devolver la condición de perjudicado en el procedimiento abierto por el robo de una tarjeta de memoria del móvil a su exasesora Dina Bousselham. Aún así, el magistrado instructor veía indicios de delito en la actuación del expolítico y elevó el asunto al Alto Tribunal -ante el que se encontraba aforado- para que le investigara. No obstante, el Supremo le devolvió la causa. A todo ello se suma que recientemente la Sala de lo Penal le ha instado a realizar más declaraciones, entre las que se incluye la del que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, como testigo.
Púnica, Vitaldent, Fridman
Con respecto a otras macrocausas, cabe destacar que en el caso de 'Púnica' -que heredó del anterior juez instructor, Eloy Velasco, tras regresar de Italia y Francia-, la Sala de lo Penal ha ratificado importantes decisiones como la desimputación de expresidentes regionales del PP como Cristina Cifuentes (Madrid) o Pedro Antonio Sánchez (Murcia). Pero no ha ocurrido lo mismo en relación con una de las líneas más relevantes de este caso, la relativa a la presunta financiación irregular del PP de Madrid en el que se encuentran imputados los expresidentes Esperanza Aguirre o Ignacio González. El juez ya ha comunicado que no prorrogará más esta parte de la investigación, después de que el tribunal le recordara que se inició hace más de siete años y de que revocara la creación de una decimotercera pieza separada para seguir indagando en la presunta caja 'b' de los 'populares' madrileños.
En cuanto a procedimientos judiciales menores por el número de implicados, pero no por complejidad, García Castellón también ha 'chocado' con la Sala. Así destaca la orden de volver a imputar al magnate ruso Mijail Fridman en la causa sobre la quiebra de la multinacional Zed, al entender que aún no se pueden descartar los indicios de delito que apuntan que el empresario había intervenido, con “poderes de decisión”, en la despatriamonialización e insolvencia de la tecnológica. Algo similar ocurrió con el denominado 'caso Vitaldent', pues la Sala mostró sus discrepancias con el archivo del caso y ordenó juzgar a la antigua cúpula directiva de la empresa dental por la presunta estafa de más de 10 millones de euros y blanqueo de capitales.
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