La empresa explica en sus cuentas del segundo trimestre que el nivel de morosidad de su cartera se sitúa en un 7% y precisa del fin de las medidas Covid para retomar la actividad, sobre todo en Málaga.
La proposición de ley que avala Unidas Podemos contiene medidas para evitar los desahucios, garantizar los suministros de gas, luz y agua, penalizar las viviendas vacías y cancelar deudas hipotecarias.
Las ejecuciones hipotecarias o embargos de una propiedad para su venta crecieron un 98,2% frente a 2019, la cifra más alta desde 2017.
JxCAT escenifica unión y fidelidad en el Govern de Aragonès mientras sus bases critican la 'traición' de Esquerra que les sacó de la mesa de diálogo y que ha dado un giro político más alineado con Sánchez.
El Congreso mantiene el 'escudo social' hasta, al menos, finales de octubre. El ministro de la Presidencia ha asegurado que las medidas que contiene protegen a más de 1.100.000 personas con dificultades sociales.
El gobierno implementó y luego ha ido prorrogando, entre otras, medidas sociales que afectan a los alquileres de vivienda cuyos titulares hayan sido afectados por la crisis económica derivada de la COVID.
La enervación del desahucio no será posible cuando el arrendador hubiese requerido de pago al arrendatario por cualquier medio fehaciente con antelación a los 30 días de la presentación de la demanda.
Incluye la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la moratoria en el pago de alquileres y la prohibición de cortes de luz, agua y gas.
PSOE y Unidas Podemos llevarán al último Consejo de Ministros del curso político la ampliación del "escudo social" que se desplegó por la pandemia. La coalición asume que la recuperación aún está lejana.
Cervera ha detallado que cuando haya un desahucio con una fecha señalada, la Agència de l'Habitatge de Cataluña se pondrá en contacto con los propietarios para ofrecerles el pago de dos o tres meses.
En el día señalado por el juzgado, si no se ha entregado antes la casa, se desplaza a la vivienda una comisión judicial acompañada de policía y de un representante del ejecutante.
El 50% de los encuestados han citado como causa de los agravios la negativa a arreglar o reparar deterioros importantes por parte de los dueños de sus inmuebles.
Por un delito de atentado, lesiones y daños cometidos durante los altercados que se produjeron en el barrio de Lavapiés durante un desahucio que tuvo lugar el 31 de enero de 2014.
Este contrato de arrendamiento no se rige por las disposiciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), sino por la libre voluntad de pacto y, en su defecto, por el Código Civil.
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos ha explicado que "vamos a tratar de adelantar vía real decreto lo que tenemos previsto en la ley de vivienda".
De estas ayudas no podrán ser beneficiarias las personas que dispongan de una vivienda en propiedad o en régimen de usufructo.
La entidad explica que hay otras opciones que no crean los mismos tipos de costes como el desarrollo de viviendas sociales, que son muy escasas.
El Gobierno planea llevar el anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda al Consejo de Ministros para su aprobación en el segundo trimestre de este año.
Suben hasta los 10.961, entre otros motivos, por el incremento de los vinculados al impago de hipotecas, que crecen por primera vez desde 2015.
El nuevo president de la Generalitat quiere que su gobierno emprenda medidas de este tipo para acercar a los ciudadanos a la administración.
Entre los puntos ya acordados por ambas partes están las medidas para evitar desahucios y la penalización de las viviendas vacías.
La institución que preside Sabrina Moh (PSOE) considera que "a esto se suma los graves incidentes que se han sucedido en Ceuta por idénticos motivos".
Un día después de que Aragonès tomara posesión de su cargo como nuevo president los vecinos se agolpan junto a una vivienda para evitar el desalojo. Los Mossos pudieron entrar y no había nadie.
Las nuevas consellerías de Interior, Vivienda y Justicia deberán elaborar un plan "para poder evitar situaciones como la que se está viviendo por orden de la autoridad judicial", ha señalado el president.
El fin de los ERTE, pero también asuntos como divorcios y custodias, o las multas Covid aumentarán la litigiosidad hasta un 140%. En 2020 hubo menos procedimientos, pero las resoluciones fueron más lentas.
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