El Partido Popular de Madrid llevará a Europa la contratación de emergencia ejecutada por el exministro José Luis Ábalos y los que vinculan al Ejecutivo con el marido de la ministra de Economía, Nadia Calviño.
Acusa a Vox de no sustanciar los indicios sobre un posible delito y pide a la juez el sobreseimiento de la causa, dirigida contra altos cargos de Sanidad. Los contratos fueron fiscalizados por el Tribunal de Cuentas.
El Tribunal de Cuentas desestima el recurso que presentó el político catalán contra el decreto por el que se admitió a trámite la demanda de la Fiscalía que le reclama ese dinero a título de responsabilidad contable.
Durante casi tres años, la oficina de la fiscal general ha investigado las acusaciones sobre que la familia distorsionó los valores de sus propiedades para obtener préstamos favorables y exenciones fiscales.
La jueza cita a responsables del equipo alicantino por presunto alzamiento de bienes en el traspaso del jugador al trocear dos millones de euros en 34 cheques. La Fiscalía cree que trataron de evitar al Fisco.
Francisco Igea presenta una denuncia ante la Fiscalía por posible malversación después de que el vicepresidente de la Junta publicase un vídeo de promoción de su partido que mostraba ambos logos.
Un familiar de una víctima ha cedido el teléfono a los agentes que lo estudiarán con el objetivo de localizar documentos, vídeos, fotografías que solo se trasladarán al juez para "preservar la intimidad" de la familia.
Las versiones de Juan Padín, en calidad de investigado, y los dos testigos resultan contradictorias, por lo que las familias piden que examinar los restos para recabar más pruebas sobre el hundimiento del barco.
Por no estar de acuerdo con el uso de las mascarillas y los geles hidroalcohólicos, ni con la medida de distanciamiento social que se estableció en los centros por la pandemia de la Covid-19.
La ministra de Justicia aboga por la "limpieza institucional" y la "regeneración democrática" para luchar contra este fenómeno. Destaca la implementación de nuevas medidas como la denuncia anónima.
- Málaga.- El tribunal que ha juzgado el "caso Ballena Blanca", la mayor operación contra el blanqueo de capitales de España, ha condenado hoy sólo a cinco de los diecinueve acusados y ha impuesto una pena total de seis años y tres meses de prisión al principal imputado, el abogado de origen chileno Fernando del Valle.
El juez ha acordado archivar la causa para la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya al no ver indicios de delito, en relación con la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
En un comunicado, la fiscalía señala que también "ha sido acusado de hacer que una persona participe en una actividad sexual con penetración sin su consentimiento".
Un abogado demandó a Almeida por presunta omisión del deber de perseguir delitos en el contrato a Luceño y Medina. Ahora un juzgado asegura que no pudo detectar la estafa antes que Anticorrupción.
"Las escuchas, así como las infecciones con Pegasus a Sánchez y Margarita Robles, tenían dos posibles nombres, una nación extranjera o elementos descontrolados de la seguridad del estado", desveló.
Anticorrupción ve indicios de responsabilidad penal en su participación en la contratación de Cenyt, empresa vinculada a Villarejo, para efectuar los encargos 'Gipsy' y 'Posy'.
El portavoz de Esquerra planteó tras participar en la comisión del Congreso que la incursión en los móviles de los investigados podría tener un origen extranjero u "organismos descontrolados" del propio Estado.
"ICC no puede hablar de la exigibilidad de los contratos en casos particulares”, afirmó la organización en un escrito aportado a la causa. Anticorrupción solicita aclarar las consecuencias de utilizar su logotipo.
Los hechos denunciados por el abogado de Puigdemont serán analizados por la magistrada Cristina Díaz, quien ha ocupado puestos en el Ministerio del Interior o en el Gobierno regional de Cristina Cifuentes.
Los desahucios pueden tardar años en producirse y el argumento de los 'okupas' suele ser el estado de necesidad -no tener otra salida-. Sin embargo son necesarios al menos cinco requisitos para demostrarlo.
"Tan solo resulta probada la petición de la foto por el denunciante, la negativa del denunciado y la discusión posterior entre ellos", concluye el juez ante las versiones contrapuestas entre el acusado y el demandante.
Anticorrupción considera que deben ir a declarar en calidad de testigos, a diferencia de varias acusaciones populares, ya que en el caso de Carlos Martínez-Almeida los delitos investigados sucedieron tras intervenir.
El magistrado toma esta decisión tras no ver suficientes indicios contra el acusado y su esposa, en sintonía con el criterio presentado por la Fiscalía Anticorrupción, que ya anunció un posible sobreseimiento
"Solo así se podrá impedir que el conocimiento del resultado de las diligencias a acordar pueda dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación y frustrar sus objetivos", afirma.
El fiscal Fernando Prieto argumenta que "ni uno solo de los 270 expedientes que obran en la causa cumplieron los requisitos" para que se concedieran las ayudas.
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