La entidad desembolsa este miércoles 20 de abril unos 1.179 millones de euros entre sus accionistas, la mitad de su beneficio, y el Fondo público se llevará 190 millones de euros por su 16,1% en el capital.
En una reciente sentencia, el Alto Tribunal considera que el organismo debe ser resarcido por el perjuicio ocasionado en el saneamiento de provisiones en el marco de la mayor operación crediticia del banco.
El Gobierno, que tenía un 45,9% del capital de Sareb a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, aprobó el pasado enero un cambio legal para poder elevar su participación por encima del 50%.
A finales de enero, el Estado propuso a las distintas entidades bancarias y al resto de los propietarios de acciones del 'banco malo' quedarse con el 100% de la compañía por un precio simbólico que roza 195€.
La vicepresidenta económica ha liderado la carga del Ejecutivo contra las grandes firmas del sector en lo referido a los sueldos o la exclusión financiera, obviando su papel como segundo accionista de la entidad.
Si deja de ser accionista del 'banco malo' pierde el derecho a deducirse 12,5 millones de euros generados en créditos fiscales con una inversión inicial de 54 millones.
La subcomisión encargada de redactar recomendaciones no volverá a reunirse hasta febrero, tras las elecciones de Castilla y León.
En la decisión influye la necesidad de actuar con rapidez en el caso de que se produjera una situación en el mercado monetario que pudiera generar tensiones financieras adicionales.
Los cambios en la estrategia legal, "circunstancias imprevisibles" y el planteamiento del procedimiento arbitral han obligado a revisar al alza los honorarios de la firma Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.
Una pareja, que en mayo de 2012 adquirió 5.930 acciones de Bankia por un valor de 10.018 euros, pidió en su recurso la anulación por vicio de consentimiento de contrato.
No se descarta una combinación de venta de al menos dos paquetes y la colocación en el mercado de cantidades pequeñas de acciones a diario.
Así contestó la presidenta de la JUR al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que le citó a declarar como testigo para aclarar la participación de la institución europea en la resolución del Banco Popular.
El fondo de resolución desembolsará 130.317 euros, un importe que es más de tres veces inferior a lo que estaba dispuesto a pagar por estos informes de opinión técnica.
Este lote de préstamo promotor estaría conformada por restos de deuda impagada que no disponen de inmuebles como garantía una vez ejecutados los préstamos y que son de "difícil cobro".
El juez de la Audiencia Nacional requirió los correos electrónicos en los que el expresidente del organismo español recriminó a Elke Köning la filtración a la prensa la situación del banco a punto de desaparecer.
El magistrado José Luis Calama da siete días para que aporte estos e-mails junto a los mensajes del expresidente Jaime Ponce en los que afeó a la presidenta de la JUR la filtración de la resolución del banco
Al asegurar públicamente en televisión que estaban analizando la situación de la entidad semanas antes de su resolución, en junio de 2017.
Este jueves declara en calidad de testigo ante Calama quien fuera presidente del FROB ese año, Jaime Ponce.
La entidad finalmente ha recibido 'luz verde' a la fijación de las nuevas remuneraciones de sus consejeros, a pesar de la controversia generada durante las últimas semanas por las críticas de sindicatos y del Gobierno
El banco y la comisión rectora del Fondo han estrechado contactos durante los últimas días con el fin de encontrar una fórmula intermedia ante la tensión generada en relación a los sueldos de los directivos.
El próximo 14 de mayo se celebra la junta de accionistas de la entidad catalana en la que se deberá votar la nueva política de remuneraciones que recoge los salarios de todo el consejo.
Dicen que los expedientes son una muestra evidente de la "insensibilidad" y de la "falta de responsabilidad" del sistema financiero frente a sus empleados y frente a la ciudadanía que se endeudó para salvarlo.
El socio del Ejecutivo reclama que la representante del Estado en el Consejo de la entidad, Teresa Santero, promueva un cambio de actitud en la dirección por el 16% que el Gobierno conserva en la fusionada.
El magistrado aclara que Ponce vivió en primera persona el mecanismo de resolución del banco y, por tanto, es "un testigo privilegiado que puede aportar datos esenciales sobre cómo se gestionó el proceso".
El juez responde a Emilio Saracho que no va a archivar su causa porque todavía quedan diligencias de calado pendientes de practicar.
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