El Gobierno de coalición se ha dado plazo hasta junio para entregar un borrador de la nueva ley de vivienda al Congreso de los Diputados. El tiempo corre, y las propuestas de Unidas Podemos se han hecho un hueco en el documento. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha cedido ante los morados al anunciar que facilitará "una regulación que limite las subidas de los precios de alquileres en determinadas zonas especialmente tensionadas". Es una propuesta más blanda que la deseada por sus socios de Gobierno, pero mantiene su espíritu.
Ahora, el FMI ha entrado en el debate público con un informe que desacredita la propuesta de Unidas Podemos y pide aumentar la oferta de vivienda asequible. Además, la entidad considera que la carga del sector radica en un problema anterior: los salarios bajos que ingresa un segmento importante de la población. En concreto, los analistas explican que "la carga de los pagos de alquiler afecta de manera desproporcionada a los hogares de bajos ingresos y es generalizada en la mayoría de los países europeos. En todos, en promedio, los hogares con los ingresos más bajos se gastan más del 40% de estos en su alquiler. La entidad puntualiza que en territorios como Grecia y España, la proporción de personas de bajos ingresos sobrecargadas con el alquiler alcanza el 70%.
La cifra es demoledora, sobre todo cuando se contrapone con el hecho de que los hogares con mayores ingresos destinan en torno al 10% de estos al pago de sus alquileres. El margen les proporciona una holgura mucho mayor para emplear sus finanzas en aumentar su calidad de vida y gozar de mejores servicios.
En este contexto, la entidad hace un llamamiento a que los controles de alquiler se evalúen tomando en cuenta el equilibrio de fuerzas entre propietarios e inquilinos. Los expertos señalan que se debe garantizar que los contratos de arrendamiento tengan una duración suficiente para brindar certeza a ambas partes y que los procedimientos de desahucio no deben ser demasiado severos para dar seguridad a los arrendadores.
El Gobierno deberá tomar una decisión pronto en estas materias. El FMI considera que el manejo del tiempo es un factor crucial para la salud del mercado: "Una regulación demasiado estricta y los cambios frecuentes en la normativa afectan la capacidad de respuesta de la oferta a las señales de precios en el mercado de la vivienda. La resolución de conflictos eficiente, justa y rápida también parece primordial para desbloquear todo el potencial de los mercados de alquiler".
El FMI también habla de la situación de los jóvenes y sus dificultades para acceder a una vivienda. La entidad lamenta que España sea uno de los países donde la desigualdad entre las generaciones ha aumentado en la última década. En promedio, aproximadamente la mitad de las personas entre 16 y 29 años y cerca de un tercio de las de la cohorte de 30 a 44 años son recurren al no poder comprar un inmueble. Estos años no han sido fáciles para este segmento demográfico. En el período de 2013 a 2018, la incidencia del alquiler entre las personas de 30 a 44 años aumentó con más fuerza y en un mayor número de países en comparación con otros segmentos de la población.
La sociedad reclama cambios. A un mes de que expire el plazo que el Gobierno trasladó a Bruselas para la aprobación del anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, el sindicato UGT ha pedido al PSOE que permita limitar los precios de los alquileres en las llamadas zonas tensionadas, como exige Unidas Podemos. Los socialistas siguen resistiéndose a incluir la limitación de precios, lo que supone ya el único punto de discrepancia entre los socios de gobierno después de cuatro meses de negociación. El 'toque' del FMI deja claro cómo la comunidad internacional ve esta medida en un momento en que cualquier paso en falso puede poner en jaque el visto bueno de Bruselas para el envío de sus fondos para la recuperación.
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