Nacho Álvarez (Madrid, 1977) es uno de los protagonistas de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital. Ha pasado mes y medio durmiendo poco y trabajando de lunes a domingo para aprobar, junto al equipo de José Luis Escrivá, una medida que considera "histórica". Recibe a La Información en la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 para una entrevista en la que explica cómo debería ser la reforma fiscal que se avecina viene, hablar de los próximos proyectos de su departamento, de la reforma laboral, de los ERTE o de las ayudas europeas que se están cocinando entre los jefes de Estado. Acaba, además, de ser recuperado por Pablo Iglesias para la secretaría de Economía de Podemos, lo que le confirma como pieza clave en el futuro del partido.
Pregunta: Estamos ante una crisis económica que viene por una crisis sanitaria, la cual nadie esperaba. ¿Cuáles van a ser las consecuencias para nuestra economía?
Nacho Álvarez: Estamos ante un enorme reto, que es el de descongelar una crisis que ha sido inducida para protegernos de la pandemia. Por lo tanto, la clave es que ahora podamos hacerlo lo más rápido posible, sin comprometer la propia seguridad de las familias. Es evidente que esto impacta sobre el empleo y sobre la renta de los hogares, y lo que corresponde ahora es que el Gobierno desarrolle un segundo programa de medidas después de la primera fase. Lo primero que se hizo fue inyectar rentas a hogares y empresas para evitar que se erosionase el tejido productivo. La segunda pasa por impulsar un plan de reconstrucción amplio y ambicioso.
¿Qué medidas tiene que contemplar ese plan de reconstrucción?
Tiene que estar basado en cuatro grandes ejes. Transición ecológica y energética, un impulso a la digitalización, una reordenación de los cuidados de larga duración y de la dependencia, es decir, la construcción del cuarto pilar del estado del bienestar, y un nuevo marco de relaciones laborales que garantice el final de la precariedad.
¿Hay sintonía entre los socios de Gobierno para llevarlo a cabo?
La hay. Se sabe que es una necesidad que haya un plan de reconstrucción.
La reforma fiscal que viene
¿Qué medidas prevé el Gobierno en materia fiscal para esta segunda fase?
Lo prioritario es impulsar un programa de inversiones profundo, que en este momento puede ser perfectamente financiado porque la actuación del Banco Central Europeo lo garantiza. Lo que nos llevará a que en el medio plazo se contemple una reforma fiscal, diría que integral, y que actualice la fiscalidad española a los retos del siglo XXI.
¿Esa reforma fiscal tiene que ser más ambiciosa que el pacto presupuestario que firmaron PSOE y Unidas Podemos?
Como mínimo debe garantizar ese acuerdo.
¿Hacia qué modelo de fiscalidad vamos?
El Gobierno tiene el reto de abordar el debate de la reforma fiscal. Es un debate que ha venido siendo pospuesto por otros gobiernos en nuestro país pero que en todo caso ya no puede ser obviado. España tiene una brecha de recaudación con Europa muy importante, de más de 7 puntos del PIB, lo que supondría 80.000 millones al año si recaudásemos sencillamente de acuerdo a nuestro tamaño, de acuerdo a cómo recaudan los países de nuestro entorno. Esto exige que para tener las políticas públicas que necesitamos, el estado del bienestar digno de tal nombre y un tejido industrial competitivo y avanzado, necesitamos una reforma fiscal en profundidad. Una reforma fiscal que sea capaz de revertir algunas de las cosas que Montoro hizo durante 2014 y 2015 desfiscalizando el Impuesto de Sociedades, que hoy recauda 2 puntos menos del PIB, 20.000 millones menos a lo que lo hacía antes, y que deja sin atender cuestiones importantes en la tributación española.
¿Ve necesario incluir en ese paquete la reforma del Impuesto de Sociedades con un recargo especial a bancos y eléctricas?
Esa reforma necesita repensar el impuesto de sociedades. Como consecuencia de las medidas del Gobierno del PP en 2014 y 2015, ha perdido capacidad recaudatoria. Pero debe de ir más allá del impuesto de sociedades. Tiene que permitir esa fiscalidad del siglo XXI, donde las grandes empresas tecnológicas también contribuyan a sostenerla. Y donde se tenga en cuenta que, en un marco de fuerte movilidad de capitales, necesitamos gravar esa movilidad para que los flujos de capitales contribuyan a la recaudación y a sostener las políticas públicas de nuestro país.
¿Se incluirá también el impuesto a las grandes fortunas?
El impuesto a la riqueza está apareciendo en el debate de distintos países. Lo planteamos como una pieza más de esa reforma fiscal que debe ser más amplia. Creemos que debe estar ahí. El impuesto de patrimonio ha fracasado, porque se han generalizado las exenciones en muchas comunidades, y ha dejado de tener capacidad recaudatoria. Y vamos a insistir en que la imposición a grandes patrimonios debe formar parte de una ley integral.
¿Se derogará la reforma laboral?
En medio de estas medidas, se sigue hablando de la derogación de la reforma laboral. ¿Cuál es el siguiente paso en medio de una crisis que ha dejado casi un millón de parados más?
Creo que la reforma laboral se ha empezado a derogar ya en aquellos ámbitos donde era más urgente. Pero debemos dejar que la ministra de Trabajo siga pilotando este proceso de superación del marco laboral del PP dentro del diálogo social, donde se está haciendo de manera razonable y consensuada con los agentes sociales.
¿Hay que derogarla íntegramente o solo sus aspectos más lesivos?
Creo que debe superarse íntegramente, ya que dejó un marco de relaciones laborales donde la precariedad se ha generalizado. La ministra ha sido muy clara al respecto: donde se puede técnicamente derogar, se hará, y donde se tenga que superar, se superará. Este país necesita un nuevo marco que ponga punto y final a la precariedad y que abra un nuevo espacio en el diálogo social.
¿Se han fijado algún límite para alcanzar esas nuevas relaciones laborales?
Hay que dejar tiempo a que el ministerio pilote estos avances.
En esta crisis han vuelto a ser muy golpeados los mayores de 50 y los jóvenes. ¿Cómo se les rescata para devolverles al mercado laboral?
Es evidente que necesitamos ese programa de inversiones del que venía hablando. Esta crisis se está gestionando de manera diferente a la anterior. La austeridad no es un escenario. No forma parte de las opciones políticas. Lo que tenemos sobre la mesa es un programa de reconstrucción y un programa de inversiones importante, que debe ir más allá del escudo social. En la primera fase se protegieron las rentas de los hogares, y en la segunda debemos ir a garantizar la recuperación del empleo para esos colectivos.
¿Teme el Gobierno una avalancha de EREs tras la crisis?
Precisamente el plan de inversiones tiene que garantizar que los ERTE no se transformen en despidos. Que, en este proceso de descongelamiento de la economía, las empresas tengan las ayudas suficientes y que la inversión pública juegue un papel de motor para que esto no pase.
¿Ve necesario ampliar los ERTE más allá de septiembre?
El Gobierno lo está valorando, y parece sensato hacerlo. El proceso de vuelta a la normalidad no va a ser igual en todos los sectores, y en eso entraría extenderlos más allá del verano.
¿Qué se puede hacer para mejorar la conciliación, visto que ni en confinamiento ha sido una realidad?
Creo que ha pasado como con otros temas. Retos que eran estructurales se han hecho aún más evidentes. Queremos abrir la consideración de distintas medidas para que después del verano se refuerce la conciliación, garantizando la flexibilidad laboral y horaria, para que sea posible. La idea es que esté en la negociación colectiva.
¿Ha habido excesos en el teletrabajo durante esta crisis?
Lo ocurrido nos ha enseñado que el teletrabajo se impondrá como una realidad. Pero tiene que garantizar los derechos laborales. Bienvenido sea un marco más flexible. Siempre que se respete y no se den situaciones de sobrecarga de trabajo y conexión.
¿Se garantizarán por ley estos derechos a la desconexión?
El siglo XXI se caracterizará por mayor teletrabajo, pero no debe hacerlo por un retroceso de los derechos laborales. Es la idea que tenemos.
¿Cómo van a abordar los casos de Nissan y Alcoa? El vicepresidente dijo que las nacionalizaciones son una opción.
Estos dos episodios demuestran que España necesita una política industrial. En los últimos años se renunció a ello, y ha llegado el momento de que seamos capaces de tenerla para que garantice la competitividad de la economía, los nuevos desarrollos industriales y la transición a la digitalización y la energía. Este Gobierno está trabajando en articular una política industrial vinculada a los fondos europeos que llegarán en los próximos años para que no veamos situaciones como estas.
¿Hay que renunciar al ladrillo para ello?
El ladrillo tiene un peso en nuestra economía, es evidente. Pero si queremos desplazar nuestro tejido productivo a la industria 4.0 o sectores de mayor valor añadido, como ocurre en países de nuestro entorno, necesitamos superar ese marco que se estableció de que la mejor política industrial es la que no existe. Esto nos ha llevado a cierto retraso con respecto a otros países.
Las ayudas europeas podrían llegar antes
Para los programas de reconstrucción dependemos de un acuerdo en Europa, que ha propuesto un fondo de 750 mil millones. ¿Lo ve posible con las reticencias de los países del norte?
Creo que Bruselas tomó buena nota del fracaso de la crisis anterior. Lo que hoy tenemos sobre la mesa es un escenario bien distinto, donde el acuerdo para un plan de reconstrucción es viable, y donde el consenso se logre en torno a claves muy distintas a las de la última crisis.
¿Esas reservas de países como Holanda o Finlandia le recuerdan a lo ocurrido con Grecia en 2015?
Creo que el escenario es muy distinto. En ningún caso las políticas de austeridad están sobre la mesa. Esta crisis llega por una pandemia y nos afecta a todos los países europeos. Todos los gobiernos somos conscientes de que solo juntos podemos salir de esta situación. La salida que le dará el Consejo Europeo probablemente será muy distinta.
¿A qué achaca que gobiernos como el holandés hayan atacado a España?
No voy a entrar a valorar las posiciones de otros gobiernos europeos. Lógicamente hay divergencias. Pero veo posible que en el próximo Consejo Europeo se llegue a una solución de reconstrucción y de inversión para impulsar proyectos en países más afectados, como España o Italia.
Puede que esas ayudas europeas lleguen tarde, ya que no hay nuevo presupuesto comunitario. ¿Cree posible que se acelere ese respaldo económico para que llegue este mismo verano?
Soy optimista y creo que sí. La propia autoridad monetaria está demostrando el camino de lo posible, una actuación contundente y rápida.
¿Esas ayudas van a implicar condicionalidad? ¿El Gobierno de España lo aceptaría?
Bruselas ha entendido bien que la situación es muy distinta. Que el escenario de posibles condiciones vinculadas a recortes no está sobre la mesa. Y no va a estar. Aquella forma de gestionar la crisis fue un fracaso, no solo económico y social, sino también político para la Unión Europea. El debate ahora es otro. Lógicamente, los fondos que reciban los fondos afectados deben ser para reinversión, transición ecológica o para reordenar nuestros modelos de cuidados y dependencia. Pero no estamos en un escenario donde la condicionalidad con recortes fiscales se esté planteando.
Cómo se aprobó el Ingreso Mínimo Vital
¿Cómo ha sido ese maratón de reuniones por el Ingreso Mínimo Vital?
Ha sido un espacio de colaboración fructífero el de esta vicepresidencia con el ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Hemos ido avanzando hasta finalmente tener un proyecto bien perfilado y acabado. Ha sido intenso.
¿Qué opina de las críticas que tachan el IMV de ‘paguita’?
No se compadecen con la realidad. Somos uno de los pocos países de la UE que no tenía un sistema de rentas mínimas como el de los países de nuestro entorno. Esto ya existía en algunas comunidades, pero había diferencias muy grandes entre sus modelos. El IMV es un paso histórico en la construcción de un pilar de política social de nuestro país, que va a garantizar que cualquier español viva donde viva, tenga derecho a ello. Viene a homogeneizar una situación que era desigual entre comunidades, donde la cobertura de hogares que se veían atendidos frente a la vulnerabilidad era muy escasa.
¿Cómo es posible garantizar que hay una inserción en el mercado laboral de los beneficiarios?
Al igual que otros sistemas de rentas mínimas, como el vasco o el navarro, va a tener incentivos al trabajo. Va a permitir que quienes lo perciban no pierdan la totalidad de la prestación cuando tengan un empleo. Que siempre les salga a cuenta trabajar, es decir, que siempre mejoren su situación económica con un empleo, aunque sea de pocas horas. Esto demuestra que es posible superar las trampas de la pobreza, y no solo cubrir estas tasas de pobreza, sino que facilitamos el camino al empleo.
¿Qué medidas se implementarán con el ingreso mínimo?
Lo que está en el aire son los incentivos laborales que tienen que desarrollarse con un reglamento que llegará en los próximos meses. Tiene que ser muy rápido, y estamos trabajando ya en ello con el Ministerio de Inclusión.
¿Por qué se han incluido 100.000 beneficiarios más de oficio?
Queríamos que saliera rápido incluyendo a la mayor parte de población posible. La Seguridad social ya tiene en sus registros un conjunto importante de hogares que percibían la prestación de hijo a cargo, por lo que conoce que buena parte de ellos estaban situados en situaciones de pobreza. Ahora se está trabajando a marchas forzadas para que a todos los hogares que recibían prestaciones se les reconozca.
¿Hay algún problema con alguna comunidad autónoma tras solucionarse el conflicto con País Vasco?
La negociación con las comunidades, aunque ha sido en tiempo récord, ha sido muy satisfactoria. Esta medida requería de conversaciones profundas, y se ha logrado en poco tiempo. Es una prestación no contributiva que establecerá un suelo a todos los españoles. En todo caso, la ley habilita para que se establezcan convenios con las CCAA para mejorar la colaboración.
Cruz Roja calcula que atenderá a dos millones de personas y el Banco de Alimentos no para de recibir solicitudes. ¿Qué pueden hacer para mitigar esta realidad tan dramática?
Por eso nos hemos partido la cara para acelerar un acuerdo por el IMV que no estaba pensado para entrar en vigor ahora. El Gobierno reconoció la necesidad de acelerarlo. Y hemos trabajado para que esta realidad sea superada y dejemos de ver esas colas del hambre que a todos nos preocupan.
¿Por qué dice que se partieron la cara? ¿Hubo reticencias a acelerarlo?
No, pero inicialmente no estaba previsto que fuera así. Insistimos mucho desde el primer día. Y al final se entendió que debía ser así.
¿Ni siquiera hubo tiranteces con el Ministerio de Asuntos Económicos?
No me consta que sea así.
¿Van a seguir perseverando en regular el mercado del alquiler?
Sin duda. El alquiler es una necesidad de las personas que menos renta tienen para acceder a una vivienda, y en particular de los jóvenes que se quieren emancipar. No podemos dejar a su suerte a las personas que intentan acceder a un derecho fundamental como la vivienda y que se ven privados de ello. Nuestra idea es regular el acceso a esa vivienda debido a que debemos garantizar ese derecho constitucional.
¿Implicará la regulación de precios?
Lo tendremos que discutir con los actores implicados. Y si eso exige la regulación de los precios en algunos casos, creo que nadie debe echarse las manos a la cabeza porque ya se hace en París, Berlín o ciudades de Estados Unidos con éxito.
¿Cómo lidiarán con las comunidades o ayuntamientos que rechazan esa medida?
Por eso tenemos que discutirla a fondo. Pero el Gobierno tiene capacidad para modificar el marco estatal para que todo aquel que pretenda regular, lo haga.
Ley de infancia e impulso a la dependencia
El martes se aprobará en consejo de ministros la ley de protección a la infancia. ¿Qué novedades tendrá?
Hacemos una valoración muy positiva de un proyecto que se venía discutiendo tiempo atrás, y que se ha debatido con la sociedad civil y con las plataformas de defensa de la infancia. Era prioritario que viese la luz. Va a establecer un nuevo marco, que va a ser integral, ya que este problema es multidimensional. El marco legal obligará a cualquier persona a denunciar delitos o agresiones de la que sean conscientes. Los delitos no prescribirán hasta que la víctima cumpla los 30 años. La capacidad de detección y de anticipación se reforzará, y habrá coordinadores de bienestar en los centros escolares para asistirles. Se van a reforzar claramente los derechos de la infancia.
¿Incluirá esta ley dotaciones especiales para asistencia psiquiátrica para los niños?
Las incluirá. También se reforzarán las unidades especializadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Lo mismo ocurrirá con jueces y fiscales.
¿Se va a recuperar esta legislatura la financiación prevista de la ley de dependencia?
Desde luego es nuestra intención darle un impulso fuerte. Está recogido en el acuerdo de coalición. Esta crisis ha hecho aún más evidente la necesidad de reforzar el sistema de cuidados de larga duración. Que si queremos un sistema de buena calidad, debemos garantizar su financiación. La idea es llevar al Consejo Interterritorial con las comunidades autónomas un grupo de trabajo que elabore y reflexione para impulsar, replantear y repensar el sistema para hacerlo funcionar. Y que cubra las necesidades de la población mayor.
¿Habrá más dotación en los primeros Presupuestos?
Vamos a pelear para que así sea.
En la anterior crisis hubo un gran recorte a estos fondos. ¿Se puede blindar el sistema para evitarlo?
Es nuestra intención. En la anterior crisis, el PP recortó en más de 5.000 millones el gasto en dependencia. Si algo hemos aprendido es que ese no es el camino. La idea es, colaborando con las CCAA, dar un impulso presupuestario y de reorganización.
¿Tienen pensado investigar lo que ha pasado con las residencias de mayores en esta crisis?
En el marco del consejo interterritorial queremos que se abra una reflexión profunda sobre este tema. La investigación judicial corresponde a la Fiscalía y a la Justicia, pero reordenar un sistema que se ha mostrado frágil y fracasado es urgente: debe ser revisado y debatido para que no volvamos a ver algo así en nuestro país.
¿Qué le parece lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, donde el propio gobierno se enfrentó por la asistencia a ancianos de residencias?
Lógicamente nos preocupa mucho. La Constitución consagra el derecho a la atención sanitaria, al margen de condiciones médicas previas. Por eso, es un grave error de gestión. Pero revela también la debilidad del sistema de políticas sociales de la Comunidad de Madrid que ha sido gravemente descuidado en las últimas décadas.
Unidas Podemos propuso que hubiera una gestión pública total y apartar a las empresas. ¿Está valorando el Gobierno medidas de ese tipo?
Vamos a abrir con las comunidades una reflexión profunda de cómo reordenar el sistema de cuidados de larga duración. Todas las opciones tienen que ser contempladas y debatidas. En todo caso, el grado de carácter público o sistema depende de las comunidades. Pero las autoridades tienen la obligación de que, aunque el servicio lo presten empresas privadas, garantizar que este sea de calidad y que cumplan los ratios. Que sea privado no es una excusa.
¿Tomarán medidas para evitar que se repita un caso como el de los menús de comida rápida de la Comunidad de Madrid?
Ya le pedimos que revisase el proyecto que nos había mandado, e insistimos en que la financiación que poníamos no podía ir a parar a ese tipo de menús. Y nos sorprende que una vez lo ha revisado haya excluido a los menores de seis años. Es incongruente, e incluso una imprudencia.
¿Cuál será el siguiente gran proyecto de la vicepresidencia segunda?
Ya estamos trabajando en un impulso a la ley de dependencia y en una reordenación del sistema de cuidados, en particular para las personas más mayores.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios