Tras los muros de las residencias, gestores, trabajadores y ancianos, hicieron del 'lo peor ya ha pasado', un mantra con que pasar la página de las horas más oscuras. Por todo el país, el sector tiene claro que, si vuelve el tsunami, sabrán a qué atenerse. Es al hablar de recursos, cuando las rodillas flaquean de nuevo. Un reciente informe del Círulo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) -la mayor asociación de atención a la Dependencia de España-, abre la puerta a un inquietante escenario: tras valorar información de catorce CCAA, solo Cataluña 'salva los muebles' en su estrategia frente a un rebrote.
"Estamos mejor preparados que en marzo o abril, pero aún no es suficiente". Cintia Pascual, presidenta de CEAPs, responde al teléfono y traslada a La Información una instantánea que impide bajar la guardia. Con más de 27.000 decesos en sus registros, los centros sociosanitarios insisten en que cualquier precaución es poca. La asociación ha calificado el nivel de alerta en el que se hallan las residencias de las distintas comunidades, analizando los datos reportados por sus entidades miembro en todas ellas a excepción de La Rioja, Murcia y Baleares. "Se han otorgado tres colores, rojo, naranja o verde, en función de la respuesta que se ha llevado a cabo en cada territorio de cara a una segunda ola Covid". Solo la región catalana se ha pintado de verde.
"España no nos lo perdonaría dos veces"
La patronal, que acapara 180.000 plazas (públicas, concertadas y privadas), ha estado presente en las mesas de diálogo del sector con administraciones autonómicas de todo el país. La respuesta de estas y del Gobierno Central, dibujan para CEAPs un mapa donde la 'alerta naranja' domina la foto. En este nivel se incluyen Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria y País Vasco. Un escalón por encima, de un rojo que anuncia riesgo, aparecen Madrid, Galicia, Asturias, Navarra, Aragón, Extremadura, Andalucía y las Islas Canarias. El panorama no da tregua y el sector ya sabe lo que es estar en el disparadero.
"El país no nos volverá a perdonar si vuelve a ocurrir lo de entonces", asegura Pascual, quien alerta de que el tiempo corre en contra. La cascada de brotes evidencia que los contagios se han disparado y las PCR también. "Varias CCAA, como Aragón, alegan que están saltando casos porque es ahora cuando se están haciendo PCR masivas en residencias. El control tenía que haber empezado en abril y mayo... no en junio y agosto". La calificación de CEAPs parte de cuatro indicadores que la patronal puso sobre la mesa en las negociaciones del sector con las CCAA para elaborar una 'hoja de ruta' con la que sortear otra debacle.
La respuesta de las CCAA, a examen
El informe publicado da cuenta de hasta qué punto las autoridades regionales han implementado estas medidas en sus territorios desde la desescalada hasta finales de julio. Los puntos a valorar fueron: el suministro de EPIs a los centros por parte de las CCAA, el grado en que estas proporcionan PCR a sus residencias, la coordinación entre sistema sanitario y centros, la existencia de un plan de contingencia y la disposición o no de las partidas del Fondo Covid no reembolsable del Gobierno central. A esta última pregunta, todas las CCAA que fueron preguntadas respondieron a CEAPs que no habían tenido noticias de este balón de oxígeno que acordó en lanzar el Ejecutivo.
"No se puede apartar la mirada, el control debe ser exhaustivo porque cuando el virus entra en una residencia... ya no hay quién lo pare", insiste Gracia Álvarez, delegada de Dependencia de UGT . En las mesas sectoriales de las diferentes CCAA la línea ahora la marca la conexión entre la red sanitaria y los centros: "La coordinación entre ambos sistemas es fundamental porque la Covid es un problema de la comunidad que sufren las personas a nivel individual". Según el informe de CEAPs, dicha cooperación ha funcionado en un 45,45% de las regiones, pero ha fracasado en el mismo porcentaje. La delegada insiste en que el aislamiento para cortar la transmisión no se adapta igual en los residentes que en el resto de ciudadanos: "Los ancianos forman una comunidad y la Covid no es como una cardiopatía. Si enferma el individuo, es la comunidad la que enferma. Si perdemos de vista esta peculiaridad... no podremos abordar los contagios".
"Faltan manos para asegurar vidas"
Sin vigilancia, el virus en una residencia siempre será como acercar la cerilla a la paja. "Una parte importante de la estrategia que proponemos consiste en sectorizar, pero no siempre hay manos para hacerlo", indica Cintia Pascual. La medida no es otra cosa que dividir a los residentes. "Si se crean unidades con diez o quince ancianos, con un grupo de trabajadores asignados a cada uno, se reduce notablemente la posibilidad de transmisión cruzada". Pascual afirma que en Cataluña se ha logrado reducir las ratios a ocho o diez residentes por profesional. "Pero se necesita más plantilla para atender cinco comedores de diez que uno de cincuenta...". Uno de los grandes escollos de la seguridad en la residencia sigue siendo la falta de personal.
"No es que no se busquen enfermeras, es que no las hay", asegura la delegada de UGT, "El sistema sanitario ha absorbido a las profesionales". Pascual coincide en el diagnóstico. Y es que las condiciones laborales de médicos y enfermeras son notablemente mejores (en reconocimiento y remuneración), dentro de un hospital que en el sector sociosanitario. La presidenta de CEAPs pone el foco en Cataluña, donde asegura que la propia comunidad se ha encargado de blindar las plantillas frente a ese agujero de profesionales que se repite cada verano en los centros sanitarios.
Pascual explica que el sector cuantificó las necesidades de personal que padecía el sector en la región catalanas y las autoridades elevaron el valor de las plazas públicas, -"Un incremento que no ha encarecido la tarifa del residente, sino que ha asumido el gobierno autonómico"-, lo que ha aumentado el margen de los centros para contratar personal. Desde CEAPs aseguran que el Gobierno debe dar respaldo también en el caso de las plazas privadas, puesto que "existen 100.000 ancianos en lista de espera para una plaza pública que se decantan por la privada ante la falta de opciones".
Las residencias no han dejado de ser la patata caliente que nadie quiere en su tejado. La delegada de UGT pone el puntero en las condiciones laborales que ofrecen los centros y señala la responsabilidad de sus directivos. "No solo es una cuestión del precio de la plaza, sino del beneficio que cada gestor quiera obtener de ella". El informe de la patronal muestra que, una vez más, la respuesta de a la segunda ola será asimétrica. El país sigue sin alisar la línea de salida y la Covid aprieta. Una España en alerta roja no deja lugar al "no lo vimos venir" que alivió los peores días de las residencias.
