"Estamos en un momento crítico con dos agravantes: el incremento de casos y las vacaciones de personal sanitario". Joan A. Caylà exjefe del servicio de Epidemiología de la agencia de Salud Pública de Barcelona pone voz a la valoración que reina entre los sanitarios que trabajan con la Covid-19. Como ocurrió en marzo, en la primera línea se percibe julio como la antesala de un nuevo tsunami. El repunte es generalizado. Los positivos diarios, que por segundo día consecutivo rozaron el millar este viernes, ya se han disparado en una treintena de provincias. La escena que dejan provincias como Lleida, Huesca o Zaragoza resulta aún más alarmante. Las tres sufren una transmisión comunitaria continuada y cierto aumento en las hospitalizaciones (también en UCI). La nueva arremetida del virus parece cada día más cerca... y la crispación de la población augura que, si vuelve el aislamiento, no lo hará con aplausos de fondo.
"La segunda ola se está iniciando y debemos pararla o minimizar con medidas estrictas", afirma Caylà, actual presidente de la Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona (UITB). La cuestión ahora es quién le pondrá el cascabel al gato. El 22 de junio, las CCAA recuperaron sus competencias y los ciudadanos, sus derechos. Ahora, los gobiernos regionales tienen que afrontar un notable ascenso de contagios, con un margen de maniobra mucho más limitado que aquel con el que contó el Ejecutivo central, mientras todo el país remaba a una para doblegar la curva.
Entre la espada de la Covid y la pared de la Carta Magna. Las comunidades tienen las competencias acotadas en caso de emergencia sanitaria. Avaladas solo para ordenar aislamientos esporádicos o perimetrales, se enfrentan a otro cantar a la hora de confinar -que no aislar- comunidades enteras. El rifirrafe legal en Cataluña fue un claro ejemplo de esta controversia. Cuando los contagios en la región hicieron sonar las alarmas, el president, Quim Torra, tomó la decisión de aprobar un decreto que otorgase cobertura jurídica al confinamiento de toda Lleida, donde el foco de la comarca del Segrià empezaba a hacer mella. Como ya es costumbre, la curva de contagios lleva la batuta, pero el procedimiento es el procedimiento.
El confinamiento por motivos sanitarios solo se contempla en lo recogido en la Ley que regula el estado de alarma. En definitiva, solo lo puede decretar el Gobierno central. El embrollo que desencadenó el decreto de la Generalitat, es el mismo en con el que no quieren tropezar las autoridades aragonesas. La comunidad registró 415 casos este jueves, cuando concentró casi la mitas de los contagios diarios de todo el país. Una semana antes, los casos en la región se triplicaron en apenas 48 horas. El territorio sufre transmisión comunitaria y un crecimiento, "leve pero continuado", de los ingresos en hospitales. Así lo confirmaron hace unos días desde el departamento de Sanidad regional, que ya optó la semana anterior por limitar la movilidad en Zaragoza... y en toda su área metropolitana, medida que no pudo pasar de una mera recomendación.
El Gobierno aragonés decretó una fase 2 sin miramientos -"tal y como la definió en su día el Ministerio de Sanidad"-, para cuatro comarcas hace 72 horas. Otras cuatro quedaron bajo la misma etapa de desescalada, pero con contemplaciones. A Dios rogando y con el mazo dando. Al tiempo que las autoridades anunciaban este paso atrás, admitían que el control de las salidas y entradas de los ciudadanos apenas podía pasar de un control informativo.
"El sistema sanitario no está tensionado... por ahora"
En Lleida, Huesca y Zaragoza, la incidencia de contagios ya ha dejado atrás el centenar de casos por millón de habitantes. El indicador tampoco da un respiro a Barcelona, donde roza los sesenta infectados. "El tema esencial para decretar el confinamiento no es la transmisión comunitaria, como se dice mucho últimamente, sino la capacidad de asimilar la carga asistencial por el sistema sanitario". Jorge es médico residente de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital del Mar en Barcelona. Como la sensación en primera línea, las cifras se asemejan a las de hace unos meses, aunque números similares pueden no ser equiparables.
"Al ser esta segunda ola de gente más joven, el sistema no está tensionado (al menos de momento)", valora Jorge, "Hay que pensar también que el confinamiento acarrea efectos negativos directos e indirectos sobre la salud, que pagarían más gente más mayor y de clase social más baja". En cuanto a decretar o no el aislamiento, los especialistas discrepan. Fuentes del servicio de Salud Pública de una CCAA consultadas por La Información, aseguran que "con esa enfermedad, una vez establecida la transmisión comunitaria y haber alcanzado un impacto asistencial elevado, solo quedarían las viejas medidas". A saber: Limitaciones a la movilidad (cordones sanitarios entre territorios), distancia social y confinamiento domiciliario por motivos no esenciales.
En marzo solo atisbábamos la punta del iceberg. En aquellas semanas (puede que más de las convenientes), Salud Pública apenas tenía constancia de los casos graves (había que estarlo mucho para obtener una PCR), ahora el plazo entre la detección de un caso sospechoso y su diagnóstico no suele pasar de 48 horas. Aún así, el crecimiento de los infectados diarios impide bajar la guardia. Lo mismo ocurre con la tasa de infectados que se extraen de las PCR: han aumentado del cerca del 1% que representaban los positivos en junio, al 2,6% que suponen este mes.
Pese a los avances, la red de rastreo no siempre es la más adecuada. A estas alturas de la pandemia, son varias las CCAA que no llegan a un rastreador por cada 10.000 habitantes. El umbral de nuestros vecinos alemanes está en los 4.000. El doctor Caylà lo tiene claro: "La población debe cumplir de forma estricta los aislamientos que se prescriben a los nuevos positivos y sus contactos". Controlar los tiempos de expansión del virus sigue siendo fundamental para ganarle la batalla. , así como la protección de los más vulnerables. "Los jóvenes también pueden caer gravemente enfermos y pasar la infección a sus padres y abuelos... se debe separar sistemáticamente a la población más joven de ancianos y enfermos crónicos".
El doctor Caylà, al igual que el MIR, incide en la necesidad de que la población no cese en el uso de mascarillas, el lavado de manos y el respeto a la distancia social de dos metros. "Debería evitarse el volver a un confinamiento masivo. La población está cansada y probablemente no lo seguiría". La evolución del virus (y la responsabilidad ciudadana) dirán si el aislamiento vuelve a ponerse sobre la mesa. Por su parte, el doctor mira a la autoridad:"Los políticos deben implementar las medidas previstas, algunas pendientes y evaluar retrasos diagnósticos". Las CCAA pueden, en esta línea, solicitar al Gobierno la declaración del estado de alarma de aplicación en su territorio. Hay margen para un plan de choque, si la situación se complica, la cuestión será quién le pondrá el cascabel al gato.
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