El primer escollo en las negociaciones para un Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos va a ser la reforma laboral. Mientras los socialistas abogan por modificar los aspectos que consideran "más lesivos" de la legislación de 2012, la formación morada plantea un cambio radical del modelo vigente que pasa por derogar las dos últimas reformas: no solo la de Rajoy, también la de Zapatero, de 2010. Un choque de trenes que se produce en un momento muy delicado para la economía en el que la patronal advierte de las consecuencias negativas de revertir las medidas que facilitaron a muchas empresas el tránsito por la Gran Recesión. En este 'tira y afloja', Pedro Sánchez aspira a doblegar a Pablo Iglesias e imponer una contrarreforma laboral más 'light' –menos dura, si se prefiere– para lograr el equilibrio entre cumplir con su programa y apaciguar la oposición frontal que va a ejercer la CEOE a los cambios.
Las primeras tomas de contacto se están llevando en la más absoluta discreción para no repetir los errores del pasado. Hay que recordar que el baile de declaraciones públicas acabó por dinamitar las negociaciones en julio. Pero fuentes de ambas formaciones admiten en privado que sus intenciones en materia laboral, si bien no se sitúan en las antípodas, son sensiblemente distintas. Y esto supondrá grandes esfuerzos a los equipos negociadores para cerrar este bloque del programa de Gobierno, que constituye el primer punto del preacuerdo dado a conocer apenas 48 horas después de la repetición de las elecciones generales.
Para empezar, en el decálogo consensuado por los líderes de ambas formaciones, donde aparecen los "ejes prioritarios de actuación del gobierno progresista de coalición", no hay ninguna referencia explícita a la reforma laboral. Eso sí, el primer punto aboga por "consolidar el crecimiento y la creación de empleo" y por "combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad". Es una suerte de acuerdo de mínimos, pendiente de desarrollo, tal y como confirman fuentes cercanas a las negociaciones, que matizan que el documento no entra a concretar medidas para que se hable del pacto, y no del contenido, y que efectivamente la reforma laboral es uno de los puntos en los que hay discrepancias que habrá que cerrar.
La lucha contra la precariedad en el empleo es un objetivo compartido, si bien los medios para alcanzar el fin no son los mismos. En sus programas coinciden en la necesidad de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores adaptado a la realidad laboral actual, pero tienen discrepancias profundas en cuanto al alcance de las medidas a adoptar. Para UP "el primer paso es la derogación de unas reformas laborales que han impedido que la gente recuperara los niveles de bienestar previos a la crisis y que fueron escritas al dictado de la Troika y con el beneplácito de la CEOE y el Círculo de Empresarios". Mientras, en el PSOE se limitan a derogar los aspectos "más lesivos" de la reforma de 2012.
Podemos propone eliminar toda la flexibilización de la que disfrutan las empresas, limitando sus opciones para realizar un contrato temporal, penalizando el abuso de la contratación eventual con cuotas a la Seguridad Social más caras y acotando las circunstancias económicas que justifican el despido objetivo, así como la subcontratación de servicios. Quieren dar más poder a los sindicatos y apuestan por medidas como la jornada laboral de 34 horas o el salario mínimo de 1.200 euros. El PSOE, por su parte, habla de revisar la normativa sobre el trabajo a tiempo parcial y la regulación del despido, así como la legislación sobre subcontratación, pero no concreta medidas. Su propuesta para el SMI es alcanzar el 60% del salario medio al final de la legisltaura.
Volver a octubre de 2018
Para encontrar el equilibrio, Sánchez quiere hacer a Iglesias volver a octubre de 2018. Fuentes del área económica socialista confirman que su intención es reeditar el apartado 4.4 del acuerdo presupuestario que alcanzaron entonces, y que fracasó poco después en el Congreso. En aquel párrafo se hablaba de derogar algunos aspectos de la reforma laboral de 2012, los "más lesivos". Se daba prioridad a la ultraactividad de los convenios, a la revisión de las causas para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, a la reducción de la dualidad y de la rotación laboral y a la obligación de constancia expresa del horario de trabajo en el contrato a tiempo parcial. A esto se añadiría la eliminación del despido objetivo por absentismo, a lo que aspiran ambas formaciones.
La intención de Sánchez, de lograr ser investido presidente, es ejecutar los cambios en el mercado laboral en un plazo de doce meses. Algo que no gusta a los empresarios, que ya han advertido de que no es el momento de revertir las reformas, porque hacerlo frenaría la creación de empleo en plena desaceleración de la economía. Para apaciguar su oposición, y ante la preocupación empresarial por lo que pueda aportar Podemos a la contrarreforma, el presidente en funciones ha fijado una línea roja en sus negociaciones con Pablo Iglesias: el área económica del eventual Gobierno de coalición la dirigirá el PSOE, en concreto, Nadia Calviño.
Bajo su tutela quedaría el Ministerio de Trabajo que ahora dirige Magdalena Valerio, pero está por ver si la cartera cambia de manos como parte de las negociaciones. Iglesias ya pujó por él en las anteriores negociaciones, lo que encendió las alarmas en la CEOE, que puso el grito en el cielo hasta el punto de preferir la repetición de las elecciones a dejar las políticas laborales en manos de Pablo Iglesias. Ahora, la patronal va a medir su respuesta. La noticia del preacuerdo de coalición pilló a su presidente, Antonio Garamendi, en Cuba de viaje oficial con los Reyes. Se ha convocado una reunión en Diego de León el próximo miércoles, 20 de noviembre, para analizar la situación.
A la espera del posicionamiento oficial, miembros de la Junta Directiva explican que la CEOE va a presionar para que ninguna de estas tres áreas vayan a parar a Podemos: Trabajo, Hacienda y Energía (Transición Ecológica). Un Gobierno PSOE-UP no es la opción preferida por los empresarios, pero no van a "echarse al monte" hasta ver quién ocupa las carteras y qué políticas aplica. "Preferimos pactar y acotar, en definitiva, hacer control de daños", comenta un miembro de la cúpula empresarial.
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