La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) se muestra mucho menos optimista que el Gobierno sobre la evolución de la pandemia en términos generales y, en particular, sobre su impacto en el mercado laboral, o más bien, en la salud de los trabajadores. Más en concreto, la institución que preside Cristina Herrero augura que las bajas de trabajadores por incapacidad temporal derivadas de la Covid-19 supondrán un gasto para la Seguridad Social cercano a los 1.300 millones de euros en 2021, mientras los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ha elaborado el Ejecutivo para el próximo año no reservan ninguna partida para hacer frente a estas prestaciones en los meses venideros. Es decir, prevén un coste cero.
La que fuera la casa de José Luis Escrivá hace apenas un año enmienda así los cálculos del ahora ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que en los Presupuestos de su departamento para 2021 ha descartado plasmar partida alguna para los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus, que tienen la consideración de situación asimilada a accidente de trabajo a efectos de la prestación económica por incapacidad temporal. Y ello a pesar de que más de la mitad de la población seguirá sin estar vacunada en el primer semestre del próximo ejercicio, por lo que resulta, cuando menos, difícil de creer que no habrá ningún trabajador de baja por Covid en 2021.
Así al menos lo considera la Autoridad Fiscal, que en los cálculos facilitados durante la intervención de Herrero en la Comisión de Presupuestos del Senado apuntó a un desembolso de 1.263 millones de euros por incapacidad laboral temporal derivada del coronavirus en 2021. Pero no solo eso. Para este ejercicio que está a punto de acabar, la Airef proyecta un gasto de 2.108 millones de euros, esto es, 753 millones por encima de lo que estima el ministro Escrivá (1.355 millones) y se alinea más con el pronóstico de las mutuas, que tienen encomendado el pago de estas prestaciones en su calidad de entidades colaboradoras de la Seguridad Social.
Llama la atención, hay que insistir, que los técnicos de la Airef sí hayan dibujado un escenario que ni el propio Gobierno, a través de la Seguridad Social, ha sido capaz de prever. Desde este Ministerio justifican que, por la propia imprevisibilidad de la pandemia, la cifra es imposible de estimar. Pero por la misma regla, tampoco sería posible determinar cuántas empresas van a solicitar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y cuántos trabajadores pueden resultar afectados por estos expedientes en 2021, y aquí tanto la Seguridad Social como el Ministerio de Trabajo sí han hecho previsiones al proyectar en los PGE un coste de 718,5 millones de euros en prestaciones y 435 millones en exoneraciones de cotizaciones sociales.
La Airef, no obstante, tampoco comparte el cálculo del Ejecutivo para los ERTE. Hay que matizar que la partida reservada en los PGE (en total, 1.153 millones de euros) solo contempla gasto por este concepto para un mes, ya que el esquema actual de protección caduca el día 31 de enero. Pero la Autoridad Fiscal estima que las condiciones favorables de los ERTE se prorrogarán al menos hasta el mes de junio, lo que eleva el gasto total por estos expedientes hasta los 6.442 millones de euros, entre 4.171 millones en prestaciones contributivas por desempleo y 2.271 millones en exoneraciones de cotizaciones sociales para las empresas. Fuentes gubernamentales insisten, no obstante, en que los ERTE se mantendrán siempre que sean necesarios y su financiación está asegurada.
De cualquier manera, resulta difícilmente explicable que, mientras existen previsiones (aunque sean a corto plazo) sobre los ERTE, no hay ninguna estimación para los trabajadores que puedan incurrir en una baja por Covid en 2021. Aunque Hacienda insiste en que en los PGE del próximo año se ha incluido el coste de las medidas que se encuentran en vigor en estos momentos, prorrogadas hasta el 31 de enero, llama la atención que la Seguridad Social sí tuvo capacidad para estimar, cuando elaboró los Presupuestos en octubre, cuántas procesos de incapacidad temporal se registrarían en total este año: dos millones y medio, entre contagios y aislamientos por contacto directo con positivos.
Por otro lado, y pese a las perspectivas negativas para la evolución de la pandemia en España, la Airef se muestra más optimista, en comparación con el Gobierno, en lo que se refiere al gasto en prestaciones extraordinarias por cese de actividad para trabajadores autónomos, que también dependen del departamento de Escrivá. Así, mientras el Ejecutivo calcula un desembolso de 568 millones de euros (400 millones en prestaciones y 168 en exoneraciones de cotizaciones sociales) por este concepto el año que viene, la institución que dirige Herrero rebaja los cálculos hasta los 220 millones de euros (157 en prestaciones y 63 en exenciones). Para el conjunto de 2020, además, la Autoridad Fiscal mengua el gasto previsto por el Gobierno (8.047 millones de euros) hasta los 7.114 millones.
En total, la Airef proyecta un agujero de 47.304 millones de euros este año por las medidas adoptadas para paliar el impacto de la crisis, cantidad que se sitúa 6.297 millones por encima de la previsión oficial del Gobierno (41.007 millones). Eso sí, para 2021 la institución calcula que el escudo económico y social, especialmente encarecido por los costes en los que incurrirán las comunidades autónomas y la Seguridad Social, supondrá un gasto de 21.195 millones de euros, cifra casi cuatro veces superior a la que ha plasmado el Ejecutivo en los Presupuestos (5.648 millones). En euros contantes y sonantes, el desfase es de 15.547 millones de euros, al pasar de suponer estas medidas el 0,5% del PIB que estima el Gobierno al 1,7% que prevé la Airef.
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