Yolanda Díaz empaqueta la reforma laboral y prepara su envío al Consejo de Ministros, donde llegará, previsiblemente, el próximo martes, 28 de diciembre. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Trabajo, que ha liderado las negociaciones desde que arrancaron el pasado mes de marzo, ha conseguido el respaldo de la patronal y los sindicatos a un paquete de medidas que buscan reducir la excesiva tasa de temporalidad española para adaptarla a los estándares europeos y reequilibrar la negociación colectiva, tal y como se ha comprometido el Ejecutivo con Bruselas en el 'Componente 23' del Plan de Recuperación.
Los últimos en dar el 'ok' al acuerdo alcanzado con el Gobierno sobre la reforma laboral han sido CCOO, por unanimidad. Antes lo hacía, también por unanimidad, la UGT. Y los más madrugadores eran los empresarios de la CEOE, que a primera hora de la mañana mostraban su apoyo mayoritario al texto pactado anoche, aunque en este caso no unánime. Antonio Garamendi no ha conseguido convencer de los beneficios de firmar el pacto tripartito a algunas de sus grandes patronales (como las territoriales catalana y madrileña, Foment y Ceim, o las sectoriales del motor, Anfac, y agraria, Asaja), que se han abstenido en la votación, según han revelado fuentes de la confederación empresarial.
Desde UGT han valorado el acuerdo como "muy positivo para el mercado laboral de nuestro país". Se trata del "primero en democracia en sumar derechos, no recortarlos, y que consigue tres objetivos fundamentales: la recuperación de la negociación colectiva, la lucha contra la temporalidad y avanzar en la estabilidad en el empleo, objetivos coincidentes con las demandas hechas por la Unión Europea para nuestro país en el marco de la recuperación económica y salida de la crisis", destaca el sindicato, que reclama a los partidos políticos que lo suscriban en el trámite parlamentario. Pero no se muestran del todo satisfechos, ya que señalan la necesidad de "seguir completando esta norma en el corto y medio plazo".
Por su parte, la CEOE ha dado el visto bueno a una reforma que consideran que "consolida el modelo laboral actual, que ha permitido incrementar la productividad de las empresas, asegurar su competitividad y contribuir al crecimiento del empleo". En un comunicado, los empresarios, que aseguran haber hecho un "ejercicio de responsabilidad" para favorecer la confianza en España de cara al exterior, afirman que la reforma mantiene "intactos" los mecanismos de flexibilidad interna, impulsa la estabilidad en el empleo, "preservando la contratación temporal para atender las oscilaciones de la actividad empresarial" y refuerza la negociación colectiva, manteniendo la prioridad aplicativa del convenio de empresa "en todos los ámbitos de flexibilidad necesarios para el buen funcionamiento de la actividad empresarial, con la única excepción de la materia salarial". Con todo, llaman a "mantener la prudencia en la actual situación de pandemia para favorecer una rápida y sostenida recuperación económica".
Con todo, la reforma laboral queda vista para sentencia. Tras ser refrendada por las cúpulas de las organizaciones empresariales y sindicales, el Ministerio de Trabajo ultima la redacción del real decreto ley que será remitido al Consejo de Ministros del martes, para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), a más tardar, el 31 de diciembre, y su entrada en vigor al día siguiente, el 1 de enero de 2022. Se cumple así con el plazo autoimpuesto por el Gobierno en el marco del acuerdo con la Comisión Europea sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Han sido 10 meses de intensas negociaciones. Al principio, a tres bandas, entre el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos. Y en la recta final, con la incorporación a la mesa de los ministerios de Asuntos Económicos y Seguridad Social, tras haber reclamado la vicepresidenta Nadia Calviño su participación directa en la negociación de una de las reformas clave para Bruselas, de la que depende el desembolso del tramo más cuantioso del mecanismo Next Generation EU, de 12.000 millones de euros.
En la última reunión del diálogo social, celebrada este miércoles, todavía persistían escollos en algunos asuntos, como la subcontratación de obras y servicios y la nueva regulación de los contratos fijos-discontinuos, que estaban pendientes de la redacción final. Las conversaciones se han sucedido durante toda la noche y a primera hora de la mañana se han consensuado los últimos flecos. Patronal y sindicatos han elaborado sendos argumentarios internos -que han sido desvelados en estas páginas- para convencer a sus cúpulas de apoyar el acuerdo, como finalmente ha sucedido.
Calendario y temores
Las últimas reuniones han sido especialmente tensas por la presión del calendario. Los equipos negociadores han mantenido encuentros maratonianos, de hasta 12 horas diarias, solo interrumpidos por recesos para el almuerzo. El objetivo gubernamental de cerrar el acuerdo antes de Nochebuena era inamovible y así se lo trasladaron a la mesa, que ha acercado posturas contrarreloj para cerrar el acuerdo en tiempo y forma y poder remitirlo al Consejo de Ministros para su aprobación antes de fin de año.
Con todo, existe un temor generalizado tanto en la patronal como en los sindicatos respecto a la afectación que pueda tener sobre el acuerdo el trámite parlamentario para la convalidación del real decreto ley y su tramitación como proyecto de ley. No hay que olvidar que el Ejecutivo pone en riesgo el tramo más cuantioso, de 12.000 millones de euros, de los fondos europeos de recuperación, si atiende a las demandas de sus socios y permite que el Congreso de los Diputados modifique medidas publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y pactadas con la patronal y los sindicatos.
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