La prórroga acaba en febrero

Díaz fuerza una negociación exprés para los ERTE sin tener atada su financiación

La vicepresidenta convoca a la patronal y los sindicatos a una "reunión informativa" sobre la transición al nuevo mecanismo RED. El Gobierno todavía no ha diseñado el fondo para costear esta herramienta.

Yolanda Díaz
Díaz fuerza una negociación exprés para los ERTE sin tener atada su financiación
Europa Press

Cuando está a punto de caducar la que será la última prórroga de los ERTE pandémicos, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convocado a los agentes sociales a una reunión en la que se va a abordar el tránsito hacia el nuevo Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, una herramienta introducida en la recién aprobada reforma laboral para evitar despidos en empresas que atraviesen situaciones de crisis cíclicas o sectoriales. De este modo, Díaz fuerza una negociación exprés con la patronal y los sindicatos cuando el Gobierno ni siquiera ha diseñado el fondo de financiación que se ha comprometido con Bruselas para costear el nuevo esquema de protección del empleo.

Díaz lanzaba el anuncio este martes desde Burdeos, donde participaba en una reunión informal con sus colegas europeos de Trabajo: "Vamos a convocar a los agentes sociales este próximo jueves para establecer los mecanismos de transición y de despliegue de los ERTE". La vicepresidenta intentaba así enviar un mensaje de tranquilidad a empresas y trabajadores respecto a la caducidad de los ERTE actuales y la aplicación del nuevo esquema. Se trata, en definitiva, de la convocatoria de la comisión de seguimiento tripartita laboral, una mesa que componen Trabajo y Seguridad Social, por parte del Gobierno, CEOE y Cepyme, del lado empresarial, y CCOO y UGT, del flanco sindical, y cuya función es monitorizar los ERTE en función de la evolución de la actividad económica y el empleo.

El problema es que la convocatoria llega tarde, según denuncian los agentes sociales, que llevan semanas advirtiendo de que la incertidumbre entre empresarios y trabajadores sobre el devenir de los ERTE es total. Según los últimos datos difundidos por el Ministerio de la Seguridad Social, en estos momentos todavía hay más de 100.000 afectados por estos expedientes y, tal y como manifiestan desde las organizaciones empresariales y sindicales, las dudas sobre su futuro más inmediato están provocando una gran confusión y una avalancha de consultas a asesorías. La reforma laboral incorpora modificaciones en los ERTE tradicionales e introduce un nuevo mecanismo de flexibilidad interna, el bautizado como RED, pero las compañías en dificultades todavía están funcionando con los ERTE Covid y están evitando adelantarse a la espera de saber qué ocurre a partir del 28 de febrero.

El Gobierno está decidido a dejar morir los ERTE pandémicos, sin que ello suponga una situación de desprotección para empresas y trabajadores, ya que disponen de herramientas similares (los ERTE tradicionales, mejorados con modificaciones para dar cobertura a situaciones de fuerza mayor temporal como la derivada de la pandemia, o el RED) en la reforma laboral que está en vigor desde el 30 de diciembre de 2021. El problema es que, en el caso del RED, que está pensado para suspensiones de empleo y reducciones de jornada ante coyunturas de crisis macroeconómica o situaciones de transición sectorial, las empresas no pueden solicitarlo por iniciativa propia, sino que es el Gobierno el que va a decidir qué empresas, o más bien en qué sectores, pueden acceder al mecanismo, y eso aún no se ha producido.

Decisión del Consejo de Ministros

Específicamente, el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo establece que la activación del mecanismo se realizará a propuesta conjunta de los titulares de los ministerios de Trabajo, Asuntos Económicos y Seguridad Social, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. En el ámbito de la modalidad sectorial, las organizaciones sindicales y empresariales pueden solicitar la reunión de la mesa para pedir la activación del mecanismo en un ámbito concreto, pero son los ministerios los que concretan la propuesta que elevarán al Consejo de Ministros, que es el órgano que toma la decisión final. Y una vez activado el mecanismo, las empresas podrán solicitar la suspensión de contratos o reducción de jornada a la autoridad laboral en los términos que establece el real decreto.

Dado ese complejo entramado, en estos momentos se desconoce qué empresas van a poder acogerse al RED. Los ministerios antes citados ya están llevando a cabo los trabajos y estudios necesarios para detectar qué sectores pueden necesitarlo, pero esta información aún no ha sido trasladada a los agentes sociales y la incertidumbre es máxima. La patronal y los sindicatos acudirán a ciegas a la reunión que previsiblemente se celebrará este jueves y que fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran que será "informativa", ya que "no hay nada que negociar". Pero esa no es la idea que tienen en CEOE, Cepyme, CCOO y UGT, puesto que tanto los representantes de los trabajadores como los de los empresarios quieren tener voz y voto en el diseño del tránsito al nuevo modelo de ERTE.

"La reunión es para informar sobre cómo se hará el tránsito", insisten desde el departamento que dirige Yolanda Díaz fuentes que adelantan que, en estos momentos, "se están analizando los datos de ERTE actuales para ver los distintos componentes sectoriales". Según las últimas estadísticas de la Seguridad Social, correspondientes a enero, se mantiene una importante concentración sectorial en las actividades relacionadas con la hostelería y el turismo, siendo las agencias de viajes el sector que más trabajadores tiene protegidos por ERTE (un 28,9% del total del sector), seguido del servicio de alojamiento y el transporte aéreo (con un 7,6% en ambos casos). El asunto no es baladí, pues recordemos que precisamente una de las cuestiones que más complicó las negociaciones de las últimas prórrogas de los ERTE fue la definición del listado de sectores más afectados por las restricciones.

"El Gobierno se equivoca si piensa que vamos a sentarnos a la mesa  simplemente a ser informados, vamos a negociar y a ser escuchados", advierten desde el flanco sindical. Los empresarios, por su parte, llevan desde el pasado mes de diciembre pidiendo información al Gobierno sobre el mecanismo RED. Pero hay algo que preocupa especialmente tanto a las organizaciones sindicales como a las empresariales y es cómo se va a pagar. El Gobierno intentó introducir un modelo de financiación en uno de los últimos borradores de la reforma laboral y fue rechazado por todas las partes por considerarlo complejo y enrevesado. La mesa decidió que esta medida no podía bloquear el acuerdo global y le dio una patada hacia adelante, pactando dejar el fondo de financiación para un desarrollo normativo posterior.

"El Gobierno se equivoca si piensa que vamos a sentarnos a la mesa  simplemente a ser informados, vamos a negociar y a ser escuchados".

Concretamente, en el real decreto 32/2021 se puso negro sobre blanco que "se constituirá como fondo sin personalidad jurídica, adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, un Fondo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, que tendrá como finalidad atender a las necesidades futuras de financiación derivadas de la modalidad cíclica y sectorial del Mecanismo RED en materia de prestaciones y exenciones a las empresas del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, incluidos los costes asociados a la formación, en la forma y condiciones previstas en su normativa de desarrollo". Sin embargo, no se puso fecha a ese objetivo y, transcurrido un mes y medio desde su publicación en el BOE, el fondo sigue sin crearse.

Se trata de un compromiso adquirido con Bruselas, que por cierto exigió a España un informe exhaustivo sobre este fondo de financiación para garantizar que no pone en riesgo la estabilidad financiera. El estudio fue entregado por el Gobierno en octubre de 2021, incluso antes de cerrar la reforma laboral con los agentes sociales, pero no se ha hecho público. Lo que consta en el real decreto es que el fondo se nutrirá de "los excedentes de ingresos que financian las prestaciones por desempleo en su nivel contributivo y asistencial, las aportaciones que se consignen en los Presupuestos Generales del Estado, las aportaciones procedentes de los instrumentos de financiación de la Unión Europea orientados al cumplimiento del objeto y fines del Fondo, así como los rendimientos de cualquier naturaleza que genere el Fondo", pero de momento es un misterio. Desde Trabajo se limitan a avanzar que el fondo "se está desarrollando".

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