Díaz se queda sin dinero en caja y apela a Hacienda para costear el escudo social

En la fase más crítica de la crisis financiera de hace una década, con el país rebasando el impensable umbral de los cinco millones de parados, el gasto público en coberturas al desempleo alcanzó un pico de 32.000 millones de euros, una cifra sin parangón en la historia...hasta que ha llegado 2020. La crisis sanitaria desencadenada por la Covid-19 y sobre todo la amplia red de protección dispuesta desde el Estado para garantizar una cobertura en forma de renta pública a todos aquellos trabajadores afectados por la situación - la ministra de Trabajo reveló en primavera que más de cinco millones de personas estaban protegidas por el sistema de protección al desempleo- va a significar una factura sin precedentes para las arcas públicas, que solo en lo que se refiere a las prestaciones abonadas desde el SEPE fuentes del diálogo social sitúan en el entorno de los 40.000 millones de euros.

El Ministerio de Trabajo decidió ya el pasado mes de mayo tirar de los remanentes acumulados durante los últimos años por el sistema de protección al desempleo - alrededor de 14.000 millones de euros- para sufragar la gravosa factura del conocido como 'escudo social', pero llegados a este punto empieza a asumir que probablemente no sean suficientes. Así lo admite en el capítulo de 'Hechos posteriores al cierre del ejercicio' de las cuentas anuales del Sepe (Servicio Estatal de Empleo) correspondientes a 2019 en el que asegura que en 2020 el organismo utilizará "parte del remanente de tesorería generado en años anteriores y es posible que

tenga que utilizarlo todo y necesite además aportación del Estado".

Las matemáticas parecen aproximar la opción del rescate del Estado. El pasado mes de junio, con los ERTE aún pendientes de prórroga, los gestores del servicio público de empleo ya estimaban que el gasto anual en coberturas al desempleo se situaría por encima de los 30.000 millones de euros, cuando los ingresos no superarían los 22.000 millones en el ejercicio. Ese agujero de 8.000 millones que se preveía entonces se ha ensanchado después a golpe de prórroga de los ERTE y mantenimiento de la red extraordinaria de protección a los trabajadores por la persistencia de la crisis económica y la segunda ola de rebrotes iniciada en la recta final del pasado verano.

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Las últimas estimaciones sobre la factura anual de esta red de protección que han llegado al diálogo social sitúan ese gasto ya en el entorno de los 40.000 millones de euros, lo que convertiría en insuficiente la estrategia del Ministerio de aplicar los remanentes de 14.000 millones acumulados - no sin cierta polémica- por el sistema de protección al desempleo por los superávits de los últimos años y de utilizar otras medidas alternativas como utilizar los excedentes de las políticas de formación o reprogramar las inversiones asociadas al Fondo Social Europeo, que Bruselas también ha permitido reorientar hacia otros objetivos en esta situación excepcional.  Fuentes del diálogo social deslizan que en el Ministerio de Trabajo ya se descuenta el escenario de una inyección extra de recursos por parte del Estado en la recta final del año para sufragar la parte de la factura del escudo social que no se puede pagar con remanentes, si bien no se concreta la cuantía a la que ésta podría ascender.

Varios factores condicionan la intensidad de ese eventual rescate del Estado. En principio el Gobierno ha decidido utilizar este año sólo 10.000 millones de los más de 21.000 millones a los que tenía derecho en el marco de Fondo Sure, dispuesto por la Comisión Europea para sufragar a bajo coste la factura de los mecanismos de protección dispuestos en los diferentes estados miembro para evitar un 'shock' en el mercado laboral. Además, el Tesoro anunció la pasada semana una reducción de emisiones netas de 15.000 millones de euros, si bien en este escenario ya se descontaba la posibilidad de tener que abordar una posible inyección extra de recursos tanto en la Seguridad Social como en el Servicio Público de Empleo.

Los remanentes y los gastos impropios del Sepe

El Sepe tiene argumentos financieros más que de sobra para exigir la intervención del Estado. En los últimos años, los sucesivos gobiernos han utilizado el superávit del tramo contributivo del sistema de protección al desempleo para sufragar todo tipo de políticas laborales, dejando una factura por este concepto de más de 16.000 millones de euros a las arcas del Sepe. Ese dinero se corresponde al fin y al cabo con las transferencias al SEPE dejadas de abonar en los últimos años por el Estado para sufragar la parte no contributiva de la actuación protectora del SEPE: subsidios al desempleo para parados de larga duración, bonificaciones a la contratación con cargo a la cuota por desempleo...En la Cuenta Anual del SEPE de 2018 el organismo acumulaba derechos de cobro - principalmente por el déficit de transferencias del Estado - de 16.314 millones de euros. En otras palabras, el Presupuesto del Estado le debía más de 16.000 millones al sistema público de protección al desempleo en concepto de todos los 'gastos impropios' abonados con cotizaciones por desempleo de empresarios y trabajadores para cuestiones ajenas a la cobertura contributiva por desempleo

La situación ha generado no pocas tensiones en los últimos años en el ámbito del diálogo social, ya que los sindicatos exigían que se empleara ese superávit para mejorar las prestaciones de los desempleados - recortadas en el año 2012 en el marco de las políticas de ajuste adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy para poner en orden las cuentas públicas-; y CEOE planteaba por su parte que se aprovechara para reducir la contribución de las empresas vía cotizaciones al desempleo. El propio secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, consciente de esta situación, estaba decidido antes d que llegara la crisis sanitaria a utilizar ese superávit lo antes posible para mejorar tanto la cobertura como la cuantía de las prestaciones por desempleo, un plan que es posible que el escudo social obligue a retrasar.