Yolanda Díaz ya trabaja en la siguiente fase de diseño y ampliación del 'escudo social'. Una vez redefinido el marco para los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 31 de enero, que sienta sus bases en el sexto gran acuerdo del diálogo social en lo que va de legislatura, el siguiente paso será la implantación de una nueva ayuda para los parados que hayan agotado sus prestaciones durante la pandemia de la Covid. Las negociaciones con patronal y sindicatos se retoman esta misma semana, según adelantan fuentes del Ministerio de Trabajo, después de que la medida quedara durante meses en 'stand by' para priorizar otros cambios de mayor urgencia como la regulación del teletrabajo o la propia prórroga de los ERTE.
El Ministerio está ultimando la convocatoria para volver a poner sobre la mesa del diálogo social la prometida ayuda que podría beneficiar a más de medio millón de desempleados que han agotado sus prestaciones durante la emergencia sanitaria. La idea es retomar la medida en el punto en que quedó en agosto, antes del parón estival, tras haberse discutido ya desde finales de julio con CCOO, UGT y CEOE. La titular de Trabajo adelantó ya el 11 de junio, durante su intervención en la Comisión de Reconstrucción en el Congreso, su intención de crear una "protección extraordinaria de carácter inmediato" para colectivos en paro que se hubieran quedado sin ingresos. Pero más de tres meses después, la iniciativa sigue sin ver la luz.
Fuentes de Trabajo afirman que el nuevo subsidio estaba ya "muy avanzado" antes de que se interrumpieran las negociaciones, primero por las vacaciones de verano y después por el imperativo de dar salida a otras cuestiones más urgentes como la regulación del trabajo a distancia o la ampliación de las ayudas para los ERTE. El Ministerio había planteado a los agentes sociales una ayuda de 430 euros durante tres meses para los parados que se quedaron sin prestación por desempleo entre el 14 de marzo y el 30 de abril y las estimaciones iniciales apuntaban a unos 550.000 beneficiarios.
Desde los sindicatos deslizan que el subsidio se ha visto frenado por las reticencias de Hacienda y urgen a la ministra responsable del ramo, María Jesús Montero, a desbloquear los fondos necesarios para ponerlo en marcha cuanto antes. Aunque el Ministerio de Trabajo no ha trasladado todavía de manera oficial el eventual impacto presupuestario de esta medida, un cálculo rápido aproxima el desembolso a los 710 millones de euros, tomando como referencia una triple nómina de 430,27 euros (el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples o IPREM) para 550.000 beneficiarios.
La patronal, si bien ve con buenos ojos esta iniciativa, insiste en la necesidad de mirar con lupa la disponibilidad presupuestaria. Y es que los números ya fueron motivo de choque con los ministerios de Trabajo y Seguridad Social durante las negociaciones para ampliar los ERTE más allá del 30 de septiembre. Por ello, los empresarios exigen conocer exactamente de qué fondos se dispone para seguir ampliando el denominado 'escudo social'. En cualquier caso, desde el departamento que dirige Yolanda Díaz matizan que las cifras todavía no están cerradas y se remiten a las conversaciones de los próximos días en la mesa del diálogo social sin aportar más detalles.
Los sindicatos, por su parte, no descartan pedir en las negociaciones una mayor cobertura de este subsidio, para que en lugar de los tres meses que se contemplaban en el planteamiento inicial pueda alargarse incluso hasta los seis meses. A su juicio, la protección especial que cubre a los trabajadores en ERTE con el 'contador a cero' por el que no consumen paro está provocando un agravio comparativo con los parados que sí han seguido agotando sus prestaciones. En este sentido, el presidente de la Asociación Víctimas del Paro, Joaquín García, recuerda que en estos momentos hay "más de 800.000 personas desempleadas que no cobran nada y eso hay que corregirlo, con subsidios o, mejor aún, con un Plan Estatal de Empleo y Actividad".
Las conversaciones sobre este novedoso subsidio se retoman esta semana y, con el diseño "muy avanzado", la intención del Ministerio de Trabajo es llevarlo al Consejo de Ministros este mismo mes de octubre. Será el siguiente gran hito en cobertura social del Gobierno de coalición progresista, antes de entrar en materias más farragosas como la regulación de los 'riders' o incluso de abrir el 'melón' de la reforma laboral. Todos estos pasos se irán sucediendo en las próximas semanas, de acuerdo con la agenda que la propia Yolanda Díaz ha planteado en el Plan Anual Normativo, donde aparecen bien definidas las tareas ministeriales para el último trimestre del año.
De los 'riders' al SMI
El siguiente asunto que tratará la mesa del diálogo social será el de los 'riders'. Trabajo finalmente ha descartado abordar el conjunto de las plataformas digitales y se ceñirá a aprobar una "Ley para la protección laboral de las personas trabajadoras que llevan a cabo actividades de distribución a terceras personas haciendo uso de medios tecnológicos", según consta en el Plan Anual Normativo. Díaz ha sido contundente al afirmar que "una persona que va en bicicleta no es un emprendedor, sino un simple trabajador", y tajante al avanzar que sus planes pasan por seguir la estela del Tribunal Supremo que recientemente ha dictaminado que estos trabajadores son falsos autónomos.
Y después de los 'riders'... la ansiada contrarreforma laboral. La intención de la ministra de Trabajo es empezar a retocar ya la legislación del PP -la derogación total ha dejado de estar sobre la mesa- con una ley que modifique "la estructura, el ámbito temporal y las condiciones de inaplicación de la negociación colectiva, así como los mecanismos de contratación y subcontratación empresarial". Las conversaciones con patronal y sindicatos se iniciarán "en las próximas semanas", según fuentes del Ministerio, y la intención es seguir la 'marca de la casa' y llegar a un acuerdo en el diálogo social antes de hacer cualquier cambio.
En paralelo, el Ministerio de Trabajo ya ha sacado a consulta pública un proyecto de real decreto para modificar la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y actualizar la cuantía de las multas a los negocios, cuyos importes permanecen intactos desde hace trece años. Y además, en la recta final del año Díaz tendrá que abordar con la patronal y los sindicatos otro de los asuntos más complejos en el seno del diálogo social como es la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2021.
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