El SEPE cierra el plazo para pedir ayudas Covid con miles de solicitudes atascadas

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ya no admite más solicitudes del subsidio extraordinario para empleadas del hogar o por finalización de contrato temporal como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Estas medidas excepcionales fueron aprobadas el pasado mes de marzo en un Real Decreto Ley que fijó el plazo máximo para pedir las ayudas un mes después de la finalización del estado de alarma. Pues bien, la fecha se ha cumplido y, en consecuencia, ya no pueden solicitarse. El Ministerio de Trabajo corta así el grifo de estos subsidios cuando todavía hay miles de solicitudes atascadas en el SEPE: solo de trabajadoras del hogar hay más de 30.000 expedientes.

"Finalizan las medidas extraordinarias puestas en marcha por la Covid-19". Con este titular, la web del SEPE anuncia que "a partir del 21 de julio ya no se podrá solicitar el Subsidio Extraordinario para Personas Empleadas de Hogar y el Subsidio Excepcional de Fin de Contrato Temporal". De ese modo, aclara que el 20 de julio se cumplió un mes del término del estado de alarma y, a consecuencia de ello, finalizan los plazos para las medidas extraordinarias en materia de trabajo adoptadas frente a la pandemia. Se trata de dos subsidios especiales creados específicamente para dar respuesta a estos colectivos que vieron paralizada su actividad laboral por la crisis sanitaria.

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En paralelo, el servicio público informa de que el plazo de presentación de solicitudes de prestación por desempleo vuelve a ser de 15 días hábiles y aclara que "fuera de este plazo implicará la reducción de la duración del tiempo de la prestación". Además, recuerda a todas las personas que ya son perceptoras de ayudas por desempleo que deben solicitar la prórroga de subsidio a los seis meses y a los perceptores del subsidio para trabajadores mayores de 52 años que tienen que presentar la declaración anual de rentas (DAR). Se vuelve así al marco anterior a las medidas extraordinarias recogidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo y cuya vigencia estaba prevista hasta un mes después del término del estado de alarma.

La creación de un subsidio para trabajadoras del hogar -la inmensa mayoría son mujeres- fue especialmente novedosa, pues nunca antes en España se había reconocido una ayuda de paro a este colectivo, de modo que fue muy bien recibida entre las asociaciones del gremio. Sin embargo, ahora denuncian que cuatro meses después de haber sido despedidas, todavía no han cobrado nada del SEPE. El Ministerio de Trabajo aseguró que el subsidio empezaría abonarse durante este mes de julio, tras admitir el retraso en la tramitación, pero todavía no han aportado cifras concretas de cuántas personas podrían haber recibido ya la ayuda. Una decena de asociaciones de toda España se han unido en el Grupo de Acción Política de Trabajadoras de Hogar para denunciar que el subsidio todavía no se está pagando.

"La excusa del retraso en el pago ha sido la falta de un programa informático para gestionar las solicitudes de un subsidio extraordinario creado el 1 de abril. Ha pasado demasiado tiempo", denuncian desde el Grupo de Acción Política de Trabajadoras de Hogar. Efectivamente, el propio Gobierno reconocía hace ya más de un mes que se estaba produciendo un atasco en la tramitación porque todavía no estaba lista la aplicación informática necesaria para dar soporte a este nuevo subsidio. Lo admitía en una respuesta parlamentaria a los diputados 'populares' José Ignacio Echániz y Alicia Rodríguez, fechada a 16 de junio.

Entonces, el Ejecutivo justificaba el retraso argumentando que para la implantación de esta medida "se está desarrollando un sistema asistido de gestión para el subsidio de este colectivo, nuevo e independiente de las aplicaciones con las que tradicionalmente paga las prestaciones y subsidios". En este sentido, destacaba "la complejidad y dificultad del sistema de gestión puesto en marcha, puesto que el colectivo de empleadas de hogar era hasta este momento un colectivo ajeno al SEPE, puesto que no cotiza por la contingencia de desempleo" y que "la configuración jurídica del subsidio es distinta a la configuración de nuestras prestaciones".

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"Aun así, y con gran esfuerzo, se va a implantar una aplicación informática que va a permitir el reconocimiento de este derecho y su pago en el plazo más breve posible", aseguraba en esa respuesta parlamentaria, para incidir por último en que la definición de este subsidio "es diferente a la naturaleza de las prestaciones contributivas gestionadas por el SEPE e imposibilita la adaptación sobre los sistemas y aplicaciones usuales dedicados a la solicitud, reconocimiento y pago de las prestaciones".

Externalización del servicio

Lo cierto es que el SEPE ha estado absolutamente desbordado por la avalancha de solicitudes de prestaciones provocada por esta crisis, sobre todo por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), lo que obligó al Ministerio de Trabajo a recurrir a una subcontrata para poder gestionar este prometido subsidio extraordinario. En concreto, se hizo un encargo a Tragsatec, filial tecnológica del Grupo Tragsa, que forma parte del holding público Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En la licitación, formalizada el día 20 de mayo, el director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez Ardoy, admitía que "el SEPE carece de medios humanos y materiales suficientes para poner en marcha y gestionar este nuevo subsidio dada la sobrecarga de trabajo que ha conllevado la incidencia del Covid-19".

Pese a la saturación del Servicio Público de Empleo, los funcionarios critican esta subcontrata. Fuentes del sindicato CSIF en el SEPE denuncian que Tragsatec "no está haciendo el trabajo con la diligencia y rapidez que requiere" y que lo ideal hubiera sido desarrollarlo desde el propio SEPE. Aseguran que la empresa del holding público aún no ha finalizado la aplicación informática y garantizan que "todavía no se ha abonado ningún subsidio a empleadas del hogar". Si bien fuentes de la compañía matizan que Tragsa no se encarga del desarrollo de la aplicación y que, por tanto, el origen del retraso está en el SEPE. Los funcionarios añaden una queja adicional y es que "se está externalizando un servicio de gestión de prestaciones, con el consecuente riesgo de facilitar a una empresa externa, por muy pública que sea, unos datos de marcado carácter reservado y personal que solo tendrían que estar en manos de la Administración.