Aviso importante para los empresarios que en esta segunda oleada de la pandemia y en plena crisis económica incumplan la normativa laboral vigente. Las empresas que cometan fraudes en materias como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), el teletrabajo, la igualdad de género o el recurso a falsos autónomos, entre otros asuntos, se enfrentarán desde el próximo 1 de enero a multas más elevadas que en la actualidad y que, en el caso de infracciones muy graves, llegarán a rozar los 225.000 euros. Así consta en el borrador de real decreto que está ultimando el departamento que dirige Yolanda Díaz, en colaboración con el Ministerio de Seguridad Social que pilota José Luis Escrivá, y que llevarán al Consejo de Ministros en las próximas semanas, previo paso por el diálogo social.
La nueva normativa, que entrará en vigor el 1 de enero de 2021, actualiza las multas vinculadas a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y las eleva un 20%. Hay que tener en cuenta que la cuantía de estas sanciones no se revisaba desde el año 2007, de manera que, a juicio del Gobierno actual, se ha generado una disminución de su capacidad recaudatoria, ya que la comisión de infracciones acaba siendo más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas, tal y como consta en el documento sometido a audiencia e información pública. Por eso, el Ejecutivo va a adecuar las multas a la evolución de la inflación, tal y como le autoriza la ley, teniendo en cuenta que el Índice de Precios de Consumo (IPC) ha aumentado un 19,9% entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2019.
De manera general, en su grado máximo las infracciones leves pasarán de suponer una multa de 625 euros a 745 euros; las graves, como no formalizar el contrato de teletrabajo que es obligatorio con la nueva ley, se elevarán hasta los 7.490 euros, desde los 6.250 actuales; y las muy graves, entre las que se enmarcan los fraudes en los ERTE o los incumplimientos en materia de igualdad salarial en la empresa, se incrementarán hasta los 224.830 euros, frente a 187.515 euros a día de hoy. De este modo, el Gobierno, por iniciativa de la ministra de Trabajo, pretende disuadir a los empresarios de caer en este tipo de comportamientos bajo la amenaza de importantes sanciones por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
En cuanto a los ERTE fraudulentos, hay que recordar que se considera infracción "muy grave" el hecho de "efectuar declaraciones, o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos que den lugar a que las personas trabajadoras obtengan o disfruten indebidamente prestaciones, así como la connivencia con sus trabajadores/as o con las demás personas beneficiarias para la obtención de prestaciones indebidas o superiores a las que procedan en cada caso, o para eludir el cumplimiento de las obligaciones que a cualquiera de ellos corresponda en materia de prestaciones". La Inspección ya ha sancionado a más de 1.700 empresas con multas por valor de 8 millones de euros por este motivo, aunque de momento solo se han finalizado 16.500 actuaciones y hay otras 13.500 investigaciones abiertas.
En materia de falsos autónomos, la nueva normativa también actualiza los importes de las multas que tendrán que afrontar los empresarios que cometan estos abusos a partir del 1 de enero del año que viene. De modo que la sanción máxima por no solicitar el alta de un trabajador en la Seguridad Social o hacerlo como consecuencia de la actuación inspectora fuera del plazo establecido se elevará hasta los 11.990 euros por cada trabajador, cuando hasta ahora estaba fijada en 10.000 euros. Y lo mismo para los que no comuniquen la baja en un régimen de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta ajena pese a que continúen la misma actividad laboral, sirviéndose de un alta indebida en un régimen de trabajadores por cuenta propia. Además, estas infracciones llevan aparejadas otras multas con recargos por no ingresar las correspondientes cuotas a la Seguridad Social.
Más allá de la revisión de estas sanciones, accesorio para la nueva normativa que elabora el Ministerio de Trabajo junto con los agentes sociales para poner coto al modelo laboral de las plataformas digitales, este real decreto también modifica las sanciones en materia de prevención de riesgos laborales, que en su grado máximo pasarán a partir del 1 de enero a 2.450 euros cuando se consideren leves, a 49.140 cuando sean graves y hasta 982.915 euros cuando sean calificadas como muy graves. En todos los casos, se incrementan un 19,9%, en línea con el crecimiento de la inflación desde 2007, así como las multas en materia de cooperativas, que pasarán a 905 euros las leves, 4.540 las graves y 45.465 las muy graves.
La intención de Trabajo y Seguridad Social es que todas estas nuevas cuantías sean efectivas el día 1 de enero de 2021, sin afectar a los procedimientos sancionadores iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del real decreto, que se tramitarán y resolverán con arreglo a la normativa vigente en la fecha de inicio del procedimiento, según consta en el borrador que ha consultado La Información. Asimismo, se deja clara la irretroactividad al constar en el texto que "las infracciones cometidas hasta el día de entrada en vigor de este real decreto se sancionarán conforme a las cuantías sancionatorias previstas con anterioridad a dicha fecha".
Respecto al impacto presupuestario de la norma, los técnicos de Trabajo y Seguridad Social han estimado que incrementará la recaudación en unos 52,8 millones de euros el próximo año, que se repartirían entre los presupuestos de las comunidades autónomas y los de la Administración General del Estado (Hacienda y Seguridad Social). Esta cifra se ha calculado tomando como referencia el volumen de sanciones impuestas en 2019 en cada una de las materias (laboral, ETT, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social, desempleo, cooperativas...) así como el porcentaje de incremento de las sanciones del 19,9% previsto para 2021. Pero además, se contempla una disminución de los ingresos por pronto pago.
En este sentido, el real decreto que aprobará el Consejo de Ministros, una vez pase el filtro del diálogo social, incluirá la figura del 'pronto pago' con una rebaja del 40% en la sanción para quienes reconozcan su responsabilidad y manifiesten su voluntad de abono de la multa o la hagan efectiva antes de que se dicte la resolución. Trabajo busca así solventar las lagunas legales que hay en este aspecto, que "suscita dudas e inseguridad a los administrados", y de este modo agilizar la tramitación de los procedimientos sancionadores, reduciendo de paso las cargas administrativas. Según la memoria de impacto normativo, se espera una reducción de cargas de entre 13,6 millones y hasta 34 millones de euros, en función de su alcance.
