El Ministerio de Trabajo tiene una agenda ajetreada para la recta final del año. En el último trimestre, el departamento que dirige Yolanda Díaz pretende aprobar hasta 7 leyes y 13 reales decretos, según consta en el Plan Anual Normativo 2020 que ya está a disposición de los ciudadanos en el Portal de Transparencia. Entre los objetivos en materia laboral aparecen algunas modificaciones de la reforma de 2012, la regulación del teletrabajo y de los 'riders', tal y como se informó en Consejo de Ministros, pero también figuran cuestiones no menores como la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2021 o de las cuantías de las multas establecidas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que actualmente en su grado máximo se elevan hasta los 187.515 euros.
Díaz ya avisó, desde que tomó posesión como ministra de Trabajo, de que la lucha contra el fraude laboral sería una de las principales líneas de actuación de su departamento, con el foco en los falsos autónomos y en los abusos de la contratación temporal y parcial. En este sentido, el programa de coalición que suscribieron el PSOE y Unidas Podemos -y que marca la acción política del Gobierno- apuesta por intensificar las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, particularmente en materia de tiempo de trabajo y economía irregular, y por endurecer el régimen de infracciones y sanciones aplicables frente a eventuales incumplimientos por parte de las empresas.
Ahora, el Plan Anual Normativo, que recoge las iniciativas legislativas que cada uno de los ministerios pretende aprobar antes de que acabe el año, revela que la intención de Trabajo es aprobar un Real Decreto para actualizar el importe de las multas previstas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, "teniendo en cuenta la variación de los índices de precios al consumo". Se trata, en definitiva, de incrementar las multas en función de de la inflación, con arreglo al IPC acumulado. Es algo que no se ha hecho en los últimos 14 años y que en el momento actual de crisis económica supone un varapalo para las empresas y los trabajadores que incumplan la ley, por ejemplo, en materia de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), contratación o cobros indebidos de prestaciones de paro.
Pero el endurecimiento del régimen sancionador no es la única tarea prevista por Díaz. La intención de la ministra de Trabajo es empezar a modificar ya la reforma laboral del PP -la derogación total ha dejado de estar sobre la mesa- con una ley que modifique "la estructura, el ámbito temporal y las condiciones de inaplicación de la negociación colectiva, así como los mecanismos de contratación y subcontratación empresarial". El Gobierno ha insistido en que cualquier cambio se negociará con los agentes sociales, pero todo apunta a que el beneplácito de los sindicatos chocará con el rechazo de la patronal. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido de que, "con la que está cayendo", plantear esto de aquí a diciembre es "una locura" que provocará una "hecatombe en la confianza".
La mesa del diálogo social echa humo. En paralelo a la negociación para la prórroga de los ERTE, que no ha empezado con buen pie por la intención del Gobierno de recortar las prestaciones, las conversaciones sobre el teletrabajo tocan a su fin con el principal escollo de incluir al personal laboral de las administraciones públicas, tal y como exigen patronal y sindicatos. Y está por arrancar también la mesa para hablar de los 'riders'. Trabajo finalmente ha descartado abordar el conjunto de las plataformas digitales y se ceñirá a aprobar una "Ley para la protección laboral de las personas trabajadoras que llevan a cabo actividades de distribución a terceras personas haciendo uso de medios tecnológicos", según consta en el Plan Anual Normativo.
En el apartado de los reales decretos, Trabajo también pretende aprobar el texto que fije la cuantía del salario mínimo para 2021. La negociación será difícil porque se suele ligar (al menos sobre el papel) la subida del SMI a aspectos relacionados con la evolución de la productividad y de la economía en general y los meses venideros están cargados de incertidumbre. La idea del Gobierno era llevar el SMI hasta los 1.200 euros de manera progresiva a lo largo de la legislatura, desde los 950 actuales. Una meta que por culpa de la pandemia parece más lejos, según admiten incluso desde los sindicatos, que se muestran dispuestos a aceptar avances moderados para capear la crisis. La patronal, de su lado, no aceptará un encarecimiento de los costes laborales en el actual contexto de crisis económica, si bien asumen que el ala más progresista del Ejecutivo pujará por la subida.
En el Plan Anual también consta que el Ministerio de Trabajo tiene previsto el desarrollo reglamentario definitivo en materia de igualdad laboral y salarial entre hombres y mujeres, pendiente desde 2019. Se hará a través del "Real Decreto por el que se desarrolla el Estatuto de los Trabajadores en materia de transparencia retributiva" y el "Real Decreto por el que se desarrolla la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva en materia de planes de Igualdad". Hay que recordar que, como se informó en estas páginas, las empresas obligadas a elaborar un plan de igualdad (en estos momentos, las de más de 150 trabajadores; en 2021, las de más 100 empleados; y a partir de 2022, las que cuenten con plantillas superiores a 50 personas) deberán someterse a auditorías externas sucesivas para valorar el grado de aplicación efectiva de los principios de igualdad retributiva.
El Ministerio también prevé sacar a la luz en el último trimestre el Real Decreto por el que se aprueba la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2021-2024 o transponer la Directiva comunitaria sobre condiciones laborales transparentes y previsibles y ampliación de los derechos de información, "con el objetivo de aumentar las obligaciones de información del empresario al trabajador y evitar situaciones precarias con mayor transparencia y previsibilidad". En el capítulo de reales decretos también se modernizará el funcionamiento del Registro Administrativo de Sociedades Laborales con medios telemáticos o se modificará la norma sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, así como las medidas para la integración laboral de personas con capacidad intelectual límite.
