El Gobierno español va a apostar fuerte en Bruselas este viernes por la imposición de un límite al precio del gas en la Península Ibérica como forma de frenar la subida del recibo de la luz y busca la manera de compensar a las grandes eléctricas con centrales de ciclo combinado con la creación de un gran fondo avalado por la UE con el que pagar el déficit de tarifa millonario que se puede generar. Desde Moncloa se asegura que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, tiene ya las cuentas echadas para llenar ese fondo, pero fuentes empresariales advierten que faltan aún muchos flecos por cerrar, tanto en el Consejo Europeo como entre las grandes compañías, para que este proceso se produzca de forma pacífica.
Tras su reunión con el Gobierno de esta semana, las compañías han puesto a sus equipos a trabajar para estimar el coste que para cada una de ellas tendrá el tope máximo que se quiere poner en España para el precio del gas, con el que se genera cada año el 15% de la energía eléctrica que se consume en el país. Si las empresas se ven obligadas a pagar el precio del mercado, pero solo podrán trasladar al precio de la electricidad que generan el tope más bajo que marquen las autoridades energéticas españolas, incurrirán en unas pérdidas, obligadas por ley, que generarán lo que este sector siempre se ha llamado un "déficit de tarifa".
En este punto de la situación, la clave está en saber de dónde se va a sacar el dinero necesario para pagar ese déficit, primero, y el nivel máximo del precio del gas (y por ende, de la luz) que se quiera establecer para España, después. En la primera de esas cuestiones, el coste total de ese agujero dependerá también del tiempo en el que esté en vigor el precio máximo que España le quiere imponer al gas, algo que depende en gran medida de la duración del conflicto bélico en Ucrania y de las limitaciones temporales que desde la UE se establezcan a una medida de este tipo, contra la que ya se han pronunciado potencias como Alemania y Holanda.
Primeros cálculos millonarios
Si atendemos a las primeras estimaciones realizadas en alguna de las grandes compañías afectadas, todo apunta a que el desequilibrio podría alcanzar los 3.000 millones de euros al año (250 millones al mes), solo en lo que respecta a la generación de electricidad con gas en las centrales que aportan el 15% de la generación total de España. Si se la añade la cogeneración, que está muy desarrollada en nuestro país, ese montante podría llegar a los 5.000 millones al año, advierten los expertos consultados.
Ese cálculo se ha realizado contando con una rebaja del precio máximo de la luz en España a los 180 euros el megavatio hora que planteó la ministra Ribera hace apenas una semana (el mismo que había el año pasado y que se retiró), un nivel que supone dejar el precio del gas en 85 euros (2,1 veces menos según los costes del sector), por debajo de los 102 euros a que ha cerrado este jueves y de los más de 200 que ha llegado a tener en marzo.
En cualquier caso, estamos en niveles de precios y cálculos que están muy por encima de lo que había en España hace un año, antes de la guerra y de las tensiones con Rusia, y que sería el nivel idóneo al que volver en lo posible. A finales de marzo de 2021 se pagaba el gas a poco más de 18 euros y el precio de la luz en los mercados mayoristas se movía entre los 40 y los 50 euros, algo que parece que se ha olvidado ya en los mercados.
La factura o los 'windfall profits'
Ese 'agujero' en las cuentas de las empresas deberá ser compensado por el Estado, dado que se trata de un desequilibrio que está vetado por ley porque pasaría directamente a inflar el déficit público. Esa es la clave de bóveda que justificaría la creación de un fondo, pero es más complicado saber con qué dinero se podría rellenar. A la espera de si se incluirán fondos europeos, cuestión difícil si el resto de socios de la UE no va a tomar una medida similar a la española, las fuentes técnicas y empresariales consultados solo ven dos caminos para encontrar el dinero: o se retoca la nueva factura recortada o se atacan los 'beneficios caídos del cielo' que obtienen las eléctricas por vender al precio máximo de la generación con gas en el merado, la electricidad que se genera con sistemas mucho más baratos, como la hidráulica, las renovables o la nuclear, que juntas suponen el 85% de la energía que se consume en España.
En el caso de tocar la factura que se le está rebajando al consumidor, con un recorte menor para compensar a las eléctricas, el riesgo está en los niveles de precios en los que nos vamos a mover. Un precio máximo de la luz a 180 euros, impensable hace apenas medio año, supone cuadruplicar lo que pagábamos hace un año y va a ser muy difícil de entender por parte de la opinión pública que se quite rebaja del recibo para pagar a unas compañías que mueven cantidades millonarias de dinero cada año.
En el caso de que se quiera rellenar el fondo de compensación con parte de los 'windfall profits' de las eléctricas, deberá ser una opción avalada por la UE en la cumbre de este viernes para que tenga toda la validez jurídica necesaria, dado que las grandes eléctricas van a recurrir cualquier recorte que consideren injusto y que pueda afectar a su actividad de comercialización, sobre todo si su coste en conjunto supera los 2.000 millones al año y hay unas empresas que pagarían mucho más que otras, con el consiguiente agravio comparativo. Hay que recordar que en la mayor parte de los casos esa venta de electricidad se hace con contratos bilaterales a largo plazo con los precios máximos y mínimos tasados, y el posible excedente se suele quedar comprometido en la financiación del conjunto del sistema.
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