"Ha pasado desapercibido, pero durante la pandemia hemos vivido un auténtico 'boom' de profesionales de alto nivel y ejecutivos extranjeros que han decidido trasladar su lugar de residencia a España. En principio, mostraban más interés por instalarse en zonas de costa como Barcelona o Palma de Mallorca, pero la mayoría han terminado instalándose en Madrid y el entorno fiscal no ha pesado poco en esa decisión". María Sanchiz, socia responsable del Área de Empresa Familiar de la firma PwC, relata como en los últimos meses las singulares circunstancias creadas por la Covid-19 han acelerado la consolidación de Madrid como polo de atracción de profesionales liberales y altos ejecutivos extranjeros liberados de las servidumbres del trabajo presencial y que han buscado un clima y un entorno más agradable para fijar su residencia. "Valoran su red de colegios internacionales, que se trata de una ciudad con muy buenas comunicaciones con cualquier lugar del mundo...y, por supuesto, su entorno fiscal, porque la rentabilidad de su salario no es la misma en un lugar donde se paga el 56% por IRPF que en otro que se paga el 47%, como es el caso de Madrid"
En los últimos días, sin embargo, las consultas a la firma de asesoría fiscal ya no son tanto de profesionales extranjeros que muestran su interés por instalarse en Madrid sino de profesionales extranjeros y grandes patrimonios españoles que tienen su residencia en Madrid y que muestran su preocupación por las consecuencias que puede tener sobre su situación un eventual cambio de Gobierno y, por ende, de política fiscal como consecuencia de las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo. Lo confirma Diego de Miguel Hernando, socio de Derecho Fiscal del despacho CMS Albiñana & Suárez de Lezo. "La inquietud entre los clientes existe desde hace tiempo (en relación a los mensajes sobre un eventual cambio legal en el Impuesto de Patrimonio lanzados desde el Gobierno de Pedro Sánchez), pero sí hemos percibido una mayor intensidad en las consultas desde la convocatoria electoral", asegura.
Los mensajes lanzados desde el Gobierno de Sánchez preocupaban, especialmente entre ese microsegmento de grandes patrimonios y ejecutivos nacionales y extranjeros que decidieron en su día fijar su residencia en Madrid para optimizar el rendimiento de sus rentas y patrimonios en un entorno fiscal de impuestos bajos, pero la inminencia de la convocatoria electoral y la ofensiva de la izquierda más agresiva con esas ventajas fiscales, encarnada en la candidatura del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, han elevado el nivel de alerta entre el colectivo.
Las fuentes consultadas, media docena de asesores fiscales de firmas de reconocido prestigio, algunas de las cuales han preferido no ser citadas de forma expresa en esta información, señalan por lo general que la amenaza de una reforma por parte del Gobierno inquietaba sólo relativamente, ya que en buena lógica tendría que enmarcarse en una reforma de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica, un trámite prolongado en el tiempo que daría margen de sobra a contribuyentes y a sus asesores para trazar la estrategia fiscal más adecuada y más proporcionada a la intensidad de una reforma que la mayoría dan ya por descontada. Sin embargo, la perspectiva inmediata de un eventual giro político hacia la izquierda en la Comunidad de Madrid y con Pablo Iglesias como uno de sus protagonistas alimenta el temor a que la configuración de un futuro Ejecutivo de coalición de las izquierdas venga acompañada de un cambio inmediato del régimen fiscal.
"Hay que entender que aunque la regulación del Impuesto de Patrimonio no es demasiado relevante a escala macro, ya que los ingresos que genera no suponen un porcentaje elevado de la recaudación fiscal total, su impacto sobre la rentabilidad del patrimonio de los contribuyentes sí es muy significativa", explica María Sanchiz. Los datos que proporcionan las estadísticas de la Agencia Tributaria son muy esclarecedores en este sentido y, por ejemplo, revelan que los más de 60 contribuyentes con un patrimonio declarado de más de 100 millones de euros que residen en la Comunidad de Madrid se ahorran de media dos millones de euros al año por la bonificación del 100% sobre la cuota del impuesto vigente en la comunidad capitalina. Un dinero que se queda en los bolsillos de esas grandes fortunas - mientras que en otras comunidades autónomas acabaría en las arcas públicas - y que según el planteamiento del fondo del Gobierno de la Comunidad de Madrid sirve para incentivar la inversión privada, en tanto que según el planteamiento que se defiende desde la izquierda política resta capacidad al Gobierno regional para abordar políticas públicas de primera necesidad.
La caída del modelo fiscal madrileño y sus riesgos
Un modelo fiscal en cualquier caso muy controvertido, muy criticado por los territorios vecinos, que consideran que 'empuja' a sus grandes patrimonios a situar su residencia en Madrid privándoles así de ingresos fiscales que les corresponderían, pero que también ha generado unas ventajas competitivas frente a otros países europeos que se corre el riesgo de perder. "Madrid se ha convertido en los últimos años en un destino muy atractivo para profesionales de todo el mundo", subraya Diego de Miguel, del despacho CMS Albiñana & Suárez de Lezo. "Los ejecutivos impatriados y, en general, los profesionales de otros países que han trasladado su domicilio a Madrid en los últimos tiempos, se están planteando ahora la posibilidad de reubicarse en otros destinos, como Portugal, ante la previsión de un cambio en la orientación de la política fiscal".
Los asesores consultados subrayan que la movilidad de empresarios españoles hacia otros países casi nunca se culmina porque suelen mantener su centro de interés económico en España y son conscientes del riesgo que corren ante una Agencia Tributaria cada vez más eficaz en la detección de traslados ficticios, pero advierten de que esas restricciones no existen en el caso de ejecutivos o profesionales extranjeros que en su día escogieron España para fijar su residencia y que no tienen mayor problema en trasladar su residencia a otro país si observaran que las ventajas fiscales de que disponían desaparecen. "Y no se puede olvidar que son contribuyentes con rentas elevadas y una capacidad de gasto importante, que no sólo dejan ingresos fiscales por IRPF sino por el consumo que realizan en España, los viajes, las propiedades que adquieren...", advierte uno de los asesores fiscales consultados.
Los despachos ya se han puesto manos a la obra. No es que haya contribuyentes que ya han empezado a hacer las maletas, aclaran, pero sí han solicitado información sobre posibles nuevos destinos en caso de un cambio radical de las condiciones fiscales en la Comunidad de Madrid y sobre la estrategia fiscal a seguir en caso de cambio de residencia. "No hay que olvidar que en caso de cambio de residencia la decisión la tendrían que tomar antes del 2 de julio para evitar que la Agencia Tributaria les considerara contribuyentes en España por haber pasado en el país más de la mitad del año", advierte una de las fuentes consultadas
"Lo que ya estamos empezando a hacer es diagnósticos patrimoniales para analizar si hay decisiones que se pueden tomar en los próximos dos meses para sortear la incertidumbre que se puede abrir tras la convocatoria electoral", explica María Sanchiz, de PwC. "A fin de anticiparse a los efectos de un eventual terremoto político y fiscal, resulta aconsejable la realización de una adecuada planificación - comprobar el cumplimiento de los requisitos para acogerse a determinadas bonificaciones, analizar el impacto fiscal de determinadas operaciones no sólo sobre el impuesto que las grava sino sobre otras figuras...- máxime teniendo en cuenta que las modificaciones normativas podrían llegar a tener efectos para el propio 2021 siempre que se aprobaran antes de final de este mismo año"
La maquinaria ya está en marcha y podría traducirse en una concentración de operaciones con trascendencia fiscal en las próximas semanas para esquivar los efectos impredecibles de un cambio político en la Comunidad de Madrid. Sanchiz perfila por dónde pueden ir las cosas: "La realización de donaciones bonificadas antes de la entrada en vigor de una nueva normativa puede resultar una opción interesante, teniendo en cuenta que las mismas gozarían de los actuales beneficios autonómicos".
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