Podemos planea agitar en las próximas semanas el debate político sobre el modelo fiscal como baza para presentar el planteamiento de subidas de impuestos a los ricos que con tanta vehemencia como poco éxito ha defendido Pablo Iglesias en la negociación presupuestaria con el PSOE como la única alternativa al 'oasis fiscal' que los gobiernos del Partido Popular han ido configurando en la Comunidad de Madrid durante los últimos años, según señalan fuentes de la formación morada. La estrategia contrasta con la del Partido Socialista que prefiere no concentrarse en ese debate y plantear la batalla en otros ámbitos ajenos al fiscal, donde entienden que Ayuso tiene una de sus principales bazas electorales.
El modelo fiscal es de hecho uno de los campos en los que con mayor claridad se han observado las diferencias de sensibilidad entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, los dos partidos que sostienen el Gobierno de España. La formación que lidera Pablo Iglesias no ha ocultado esas diferencias, pero el objetivo ahora es subrayarlas y exacerbarlas en un contexto preelectoral que puede marcar el futuro político no sólo de Iglesias sino de Podemos.
En los 15 meses escasos durante los que Pablo Iglesias ha sido vicepresidente del Gobierno no ha tenido ningún pudor en exhibir sus diferencias de criterio en materia fiscal con el presidente del Gobierno. Lo hizo durante la negociación del acuerdo de legislatura y volvió a hacerlo en el marco de la negociación presupuestaria cuando planteó un impuesto sobre las grandes fortunas, que sustituiría al actual Impuesto de Patrimonio y con el que aspiraba a recaudar nada menos que 11.000 millones de euros, al margen de llevarse por el camino las ventajas fiscales arbitradas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que eximen de tributación a más de 400 grandes fortunas que declaran más de 30 millones de euros de patrimonio.
La medida no encajó en el pacto presupuestario, pero eso no impidió a Unidas Podemos abrir un nuevo frente al PSOE en el trámite parlamentario del proyecto de Presupuestos Generales del Estado al sumarse a una singular enmienda de ERC para devolver al Estado las competencias sobre el 50% del Impuesto de Patrimonio y desactivar así la bonificación del 100% a la cuota del impuesto actualmente vigente en la Comunidad de Madrid. El movimiento no sólo dio al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso munición para atacar el Gobierno de Pedro Sánchez sino que obligó a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a comprometerse con ERC a habilitar un controvertido foro bilateral para negociar la cuestión...Más munición para los ataques del Ejecutivo madrileño.
Podemos ha hecho lo posible por que el asunto no desaparezca de la agenda y de hecho aguardaba su momento para volver a ponerlo encima de la mesa. Y ese momento era la tramitación del proyecto de ley de medidas de lucha contra el fraude, en la que se han vuelto a poner de manifiesto las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos en su enfoque fiscal. La formación de Pablo Iglesias, que no presentó enmiendas a la norma en protesta por su nula participación en la elaboración de la misma, prevé sumarse de nuevo a la famosa enmienda de ERC para modificar la regulación del Impuesto de Patrimonio, en un movimiento que puede complicar de manera significativa el futuro de una norma clave para la lucha contra el fraude y en la que el Gobierno confiaba para obtener más de 800 millones de euros de recaudación extra ya en este año 2021.
No es el único frente que tiene marcado en rojo la formación morada. Podemos también tenía la intención de forzar antes del verano una negociación sobre las medidas fiscales a aplicar en 2022, cuando entienden que el Ejecutivo ya no se podrá acoger al argumento de la persistencia de la crisis económica para retrasar la aplicación de algunas de las medidas acordadas en el acuerdo de legislatura - como la imposición de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades - y que en su mayoría se traducirían en subidas de impuestos. Las fuentes consultadas aseguran que la decisión de Pablo Iglesias de concurrir a las elecciones madrileñas va a acelerar la apertura del debate público sobre el modelo fiscal.
Objetivo: los impuestos de los grandes patrimonios
La fiscalidad de Madrid, más benévola con los grandes patrimonios, va a ser una de las constantes de la campaña electoral que se avecina en las elecciones a la Comunidad, sobre todo desde que la izquierda más radicalizada de Unidas Podemos, de acuerdo con los independentistas de ERC, abrió la veda para atacar a Díaz Ayuso por ese flanco. La idea de recuperar el Impuesto del Patrimonio y establecer una tarifa homogénea obligatoria en Sucesiones y Donaciones lleva rondando los planes de los partidos de izquierda desde hace tiempo, si bien la pandemia ha frenado en seco las iniciativas fiscales hasta el momento, a la espera de que se pueda aplicar una reforma global para el año que viene.
Fuentes jurídicas expertas en materia fiscal recuerdan que, en el caso del impuesto que grava las herencias, hay cierto consenso en que es ilógico que en unas autonomías esté bonificado en la cuota de forma que prácticamente quede eludido el pago, mientras que en otras las tarifas que se pagan sobre el caudal hereditario son muy elevadas. Como se trata de un agravio comparativo que no solo ocurre con Madrid, sino que está también en otros modelos fiscales regionales, la capacidad política para llegar a un acuerdo que establezca una tarifa básica común para todos los territorios, con bonificaciones posteriores (propuesta Lagares) es mayor.
La problemática coge más vuelo cuando se trata de eliminar la exención del Impuesto sobre el Patrimonio, el tributo clásico que los socialistas instauraron al principio de la democracia para favorecer la redistribución de las rentas de forma coyuntural, pero que se convirtió con el tiempo en una parte estructural del sistema fiscal español. Al igual que en Sucesiones, la capacidad normativa para quitar o poner el tributo, así como para hacer su regulación básica, es del Estado, si bien al estar cedido en su totalidad a las autonomías , cabe la posibilidad, como hace Madrid, de bonificar la cuota que salga a pagar al cien por cien y dejarlo sin efecto.
Los técnicos consultados aseguran que, en este caso, la batalla legal que puede establecerse entre el Gobierno central y ejecutivos como el de Madrid tiene muchas más aristas y puede llegar a ser una cuestión que dirima el Tribunal Constitucional. Se trata de una pelea en la que, hasta ahora, a nadie ha estado interesado en entrar, pero que puede cambiar en plena campaña electoral y a la vista de que la lucha contra el supuesto 'dumpig' fiscal de Madrid ha sido una constante del último año, tanto desde el Ministerio de Hacienda como desde los partidos de izquierda y soberanistas del Congreso.
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