A falta de cerrar un acuerdo sobre la ley de amnistía que está pendiente de cuestiones "técnicas", PSOE y Junts Per Catalunya apuran unas negociaciones en las que los independentistas tampoco han renunciado a la baza económica, donde los planteamientos son igualmente de máximos. Sobre todo después de que el PSOE y ERC cerrasen un acuerdo de cara a la investidura de Pedro Sánchez con importantes concesiones a Cataluña en este ámbito, como la condonación de parte de la deuda -a la que podrán acogerse el resto de autonomías de régimen común- o el traspaso integral del servicio de Cercanías (Rodalies) a la Generalitat.
El partido de Carles Puigdemont reclama el traspaso de las competencias a la Agencia Tributaria catalana para que la Generalitat pueda recaudar todos los impuestos y fijar, eventualmente, una "cuota de solidaridad" entre la nación catalana y el Estado español. La creación de este organismo, una reivindicación histórica del independentismo, ya se planteó en el Estatuto de Autonomía de 2005. A las críticas más recientes a una medida de este tipo se ha unido la de los inspectores de Hacienda. En su último congreso anual advertían de sus "efectos devastadores" en la gestión y aplicación de los tributos y reclamaban que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) no sea moneda de cambio en las negociaciones.
Tanto Junts como ERC registraron el lunes en el Parlamento autonómico una ley de financiación que plantea un tipo de concierto económico para Cataluña, una compensación por infraestructuras no ejecutadas desde 2014 o que el Estado ceda el 19% de los fondos Next Generation con efectos retroactivos, entre otras medidas, informa Europa Press. El baile de cesiones por ambas partes acabará por tener efectos para el resto de comunidades autónomas, sobre todo si estas se plantean desde el ámbito fiscal, aseguran las fuentes consultadas, puesto que así lo establece la ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
Desde el punto de vista tributario, hay quienes apuntan a la posibilidad de dar a Cataluña (y al resto de territorios de régimen común) más autonomía para bajar o subir el tramo autonómico del IVA y de los Impuestos Especiales, de los que las regiones tienen cedidos el 50 y el 58% de la recaudación líquida, respectivamente. Hasta ahora el Estado tiene plena capacidad para legislar sobre estas figuras y las CCAA solo tienen derecho a recibir ese porcentaje de la recaudación. Se trataría de que estas pudieran subir estos tributos de forma colegiada, lo que implica que tendrían que hacerlo de común acuerdo y por una mayoría cualificada.
Esta fue, de hecho, una de las propuestas de la comisión de expertos creada en 2017 por el Gobierno Central y las comunidades para abordar la reforma de la financiación autonómica, como recuerda a 'La Información', Ángel de la Fuente, integrante de aquel comité de sabios. Desde su punto de vista medidas como esta serían más viables que el régimen especial que demanda la Generalitat -a imagen del cupo vasco- y que no podría generalizarse a las otras catorce.
Una reforma de la financiación autonómica necesaria
Otra opción a la que apuntan las fuentes consultadas es que se elevase el porcentaje de la recaudación cedida en el caso concreto de alguno de los Impuestos Especiales, como Labores del Tabaco más allá del 58% actual. Esta medida, que sería aplicable a todas las autonomías, podría beneficiar más a Cataluña que a otros territorios en términos de ingresos por el "efecto frontera" con Francia. Todo lo anterior podría hacerse, a mayor escala, impulsando de una vez por todas el nuevo modelo de financiación, puesto que el vigente caducó en 2014.
Los expertos consultados apuntan a que el abordaje del nuevo modelo no se ha hecho efectivo por parte de ningún Gobierno Central desde esa fecha -al margen de colores políticos- porque aquel texto estaba muy dirigido a "satisfacer" al Ejecutivo de la Generalitat. Sin embargo, el diseño del texto acabó por beneficiar más a otras comunidades autónomas de modo que, según un informe de Fedea, entre las más premiadas están Cantabria, La Rioja, Extremadura, Canarias y Castilla y León.
Si algo trajeron consigo las cinco reformas previas que se aprobaron en este ámbito fueron más recursos para los territorios y un incremento en el porcentaje de los impuestos cedidos. Esto, auspiciado por las negociaciones que a lo largo de las últimas décadas fueron manteniendo el PP o el PSOE para lograr el apoyo de los partidos catalanes y/o del PNV a la investidura de sus candidatos cuando fue imposible alcanzar la mayoría absoluta en las urnas -o para premiarles posteriormente por ese respaldo-.
El caso de Felipe González en 1993, que conllevó la cesión del 15% del IPRF a las autonomías por las demandas de la Convergencia de Jordi Pujol; los de José María Aznar en 1996, con el traspaso de la gestión de los puertos de interés general a las CCAA, y en 2001, cuando se fijó la tarifa autonómica del IRPF y se cedió el 35% de lo recabado por IVA; o el de José Luis Rodríguez Zapatero con el "traje a medida" para Cataluña que supuso el modelo de financiación aprobado en 2009 son sólo algunos ejemplos de ello. Fueron medidas que se pactaron con los catalanes y que se aprobaron para el conjunto de comunidades.
