La letra pequeña del acuerdo para el autodenominado 'cogobierno' de Partido Socialista y Podemos va a estar salpicada por los grandes números. Porque ya ha llegado el momento de ponerse a sumar y restar, multiplicar y dividir y, sobre todo, negociar en torno a una cifra a la que el socio morado se agarra como punto de partida en su negociación: 20.000 millones de euros de lo que ellos llaman “expansión fiscal”; es decir, generación de ingresos en paralelo a ciertas políticas de gasto capaces de impulsar más los ingresos. Una lista de la compra política que hay que convertir en decisiones concretas.
Es, por tanto, la hora de los técnicos. La etapa política ya se ha superado. Comenzó a mediados de agosto, con las reuniones entre la formación morada y los responsables del Ministerio de Hacienda, y se terminó este jueves, con la imagen de los dos grandes líderes, el presidente Pedro Sánchez y el secretario general Pablo Iglesias, cuando se dieron la mano y confirmaron la sintonía. De hecho, al margen de esta cita, en esta semana no han producido otros contactos a un menor nivel que desvirtuaran la fotografía de los jefes y el anuncio -que no las intenciones, en palabras de Iglesias- de medidas. De momento, habrá “bajadas para los autónomos” y una rebaja del IVA a productos de primera necesidad. Para saber algo más habrá que esperar.
Mientras tanto, Podemos ya tiene la guía/orden explícita de su líder de no entrar en más elucubraciones. Solo anunciarán acuerdos y en los próximos días empezarán las reuniones ya a un nivel técnico. Que son en las que de verdad se ajustarán las cifras con las que el Partido Socialista también tendrá que convencer a otros grupos parlamentarios además de a su socio prioritario si es que quiere obtener una mayoría suficiente en las Cortes para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2019.
A las cinco mesas de negociación abiertas (tras la incorporación de una más dedicada a la vivienda), se sentarán los representantes de Podemos con el documento elaborado durante el verano en el que el conjunto de las medidas sumaban una cifra de 19.500 millones de euros, 11.000 millones de los cuales los asumiría la Administración General del Estado y el resto las comunidades autónomas (que son las que hacen el grueso del gasto en partidas fundamentales para la “justicia social” como la educación o la sanidad). Esos 11.000 millones solo del Estado, precisamente, son la gran cifra que separó a PSOE y Podemos en la primera votación del techo de gasto de julio. Entonces, el Ejecutivo de Sánchez propuso un tope valorado en 119.834 millones y Podemos contraatacó con 131.000.
¿Y a qué destinaría Podemos ese aumento del gasto? Según los propios documentos de Podemos, casi un tercio de esa cantidad debería cubrir la puesta en marcha de su Plan de Renta Garantizada, que contaría con 3.200 millones de euros. La mitad de esa cifra, unos 1.600 millones más, se requeriría para actualizar las pensiones, toda vez que Podemos no acepta otra cosa que no sea vincular las jubilaciones a lo que marque el Índice de Precios al Consumo. Tanto se opone, que no aceptó esta misma semana en el Pacto de Toledo abrirse a negociar en este campo. Además, el socio morado propone otra partida de 850 millones para subir las prestaciones más bajas.
El tercer gran pilar de gasto que asumiría el Gobierno central (las exigencias en las autonomías para educación y sanidad no se han cuantificado) sería la puesta en marcha de un Plan Nacional de Transición Energética, ahora más urgente que nunca debido a los aumentos esperados en la factura de la luz de aquí a final de año.
Otras partidas con menor gasto contemplado en la cesta de la compra de Podemos son los 400 millones para destinar a sueldos de los funcionarios asociados al subsector Estado; 400 más que irían a una prestación por hijo a cargo y 75 millones más en becas.
Todo esto, en cuanto a gasto, cuya suma total asciende a poco más de 8.000 millones. Para gastar, antes hay que ingresar, que es el campo de batalla en el que hasta ahora se han centrado las mayores diferencias entre PSOE y Podemos y en el que la formación morada puso sobre la mesa al principio medidas por unos 11.000 millones que se han ido matizando con el paso de las semanas. El ejemplo más sintomático de las discusiones iniciales ha sido hasta dónde llegará la subida del tipo máximo del IRPF para las rentas altos. O, para ser exactos, qué se considera una renta alta en España.
Dónde se sitúe el listón importa tanto como que esa decisión determinará si se trata de una medida que se note con intensidad en las arcas públicas. Poco alcance tendría, por ejemplo, si el tipo máximo solo se aplica a rentas por encima de los 150.000 euros al año, como siempre ha defendido el Gobierno socialista. Tanto en los informes previos (los llamados presupuestos alternativos que presentaron en abril cuando Sánchez estaba en la oposición contra las últimas cuentas de Montoro) como los cálculos del sector (del sindicato de los Técnicos de Hacienda) se calcula que en este tramo solo se elevaría la recaudación en unos 400 millones.
Por esta razón, porque el impacto era mínimo, Podemos quiso subir impuestos a partir de los 60.000 euros de ganancias anuales, aunque fuentes de la formación aclaran que eso no significaba que se aplicara a los que ganasen 60.500 euros, sino que solo se trataba de una cifra orientativa. Ya este fin de semana pasado, el secretario de Organización, Pablo Echenique, puso sobre la mesa un cálculo más amplio, de hasta unos 1.000 millones en ingresos si se subía el IRPF a las rentas de más de 120.000 euros. De la reunión de la Moncloa del jueves, salió la idea de que ahora renta alta podría ser desde 140.000 euros.
Sin embargo, el IRPF ha opacado otras posibles vías de ingresos para las rentas más altas a las que Podemos se confía. En su propuesta alternativa al techo de gasto socialista se incorporaba la idea de un nuevo impuesto a las grandes fortunas que lograse 1.000 millones de euros. Una vez pasado por el tamiz de las primeras reuniones oficiales, se habla más de una estimación que no cree un nuevo impuesto además de mejorar en un 50% las previsiones de ingresos, como es equiparar la tributación del ahorro y la del capital. Con ello, se obtendrían unos 1.500 millones; el PSOE ya lo propuso en abril.
Volviendo al ahora, hay que sumar otros 2.000 millones que Podemos considera factible ahorrarles al Estado (y liberar capacidad de gasto para otras partidas) si se eliminasen las deducciones fiscales por invertir en planes de pensiones. Un nuevo impuesto de la banca para asegurarse 850 millones de euros y eliminar beneficios fiscales en el Impuesto de Sociedades para ahorrarse otros 700 millones completan la lista de medidas de Podemos.
A diferencia del resto, es con las empresas donde el PSOE siempre ha sido más ambicioso que Podemos. Para Ferraz, había que mejorar los ingresos por el Impuesto de Sociedades (subiendo tipo efectivo o eliminando deducciones) hasta en 4.000 millones. El mismo presidente Sánchez comenzó la semana en una entrevista en la Cadena Ser abriendo la puerta a que el tipo mínimo efectivo del tributo empresarial estuviera por encima del 15% propuesto.
Por último, poco se ha hablado, aunque estuviera en todos los puntos de partida, de la medida que más ingresos generaría pero que se antoja como la más complicada: destopar las cotizaciones sociales podría incrementar la recaudación entre 4.400 y 8.000 millones de euros (ambas cifras según Podemos). Ninguna de las partes apenas ha tocado hasta el momento una opción que encarecería a corto plazo los costes laborales de las empresas y que elevaría a medio y largo las cuantías de las pensiones... a la vez que tensionaría las arcas de la Seguridad Social al incrementar el gasto total.
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