La negociación presupuestaria echa humo. Una vez acordado el plan fiscal, la satisfacción en Unidas Podemos es notoria, pero los 'morados' no se conforman con haber convencido al PSOE de trasladar al Boletín Oficial del Estado el grueso de sus políticas en materia de impuestos, sino que exigen más al socio mayoritario de la coalición. Según ha podido saber La Información por fuentes conocedoras de las conversaciones en marcha, los ministerios de UP están exigiendo a Hacienda más fondos públicos para sus respectivos departamentos a cambio de dar el visto bueno definitivo a las cuentas públicas de 2023, que todavía están terminando de perfilarse.
Son varios los asuntos pendientes que tienen sobre la mesa los equipos negociadores de los socios de la coalición. En UP hay satisfacción en materia fiscal, pero también frustración en lo que se refiere a algunas 'leyes satélite' que se están negociando a parte de los Presupuestos, pero que están íntimamente ligadas a las cuentas públicas porque requieren de partidas específicas para sus respectivos desarrollos. Es el caso de la Ley de Familias, donde los morados están reclamando, entre otras medidas de calado, un 'cheque bebé' universal y la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad hasta los seis meses; pero también de la Ley de Vivienda, que continúa bloqueada por el tope a los alquileres en zonas tensionadas.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dejó claro este jueves tras alcanzar un acuerdo con María Jesús Montero sobre el plan fiscal que el pacto sellado con los socialistas tiene que ver con el apartado de ingresos -donde es clave el nuevo 'impuesto de solidaridad' a las grandes fortunas y las distintas medidas anunciadas para que paguen más los que más tienen, tanto empresas como particulares, y aliviar a las rentas más bajas- pero queda por cerrar el capítulo de gastos. Y aquí es donde los ministerios del flanco morado, especialmente Trabajo, que pilota la propia Díaz, e Igualdad, que dirige Irene Montero, están peleando para arrancar al PSOE más fondos para desarrollar algunas de sus políticas palanca a lo largo del próximo ejercicio presupuestario.
Por su parte, Yolanda Díaz está exigiendo más dinero para poder dedicarlo a la protección por desempleo. Según revelan a este medio fuentes al tanto de las conversaciones que los socios del Gobierno están manteniendo estos días en la más absoluta discreción, la vicepresidenta le está pidiendo a la ministra de Hacienda, negociadora principal del bando socialista, un incremento del presupuesto del Ministerio de Trabajo para poder destinar más fondos, en concreto, a las prestaciones de paro. No porque el Ministerio prevea un incremento del número de parados en 2023, sino porque Díaz quiere mejorar la protección contributiva para garantizar una cobertura suficiente.
Hay que recordar que, en la actualidad, a partir del séptimo mes en situación de desempleo los parados ven recortada la cuantía de su prestación desde el 70% de la base reguladora hasta el 50%. Esto es así porque en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy modificó la legislación con la justificación de incentivar la búsqueda de empleo entre el colectivo de parados y, a la vez, recortar el gasto. Y Yolanda Díaz está dispuesta a revertir este recorte en la protección por desempleo, tal y como ya hizo con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) garantizando esa cobertura del 70%, pero para ello necesita contar con más presupuesto y así se lo está haciendo saber al Ministerio de Hacienda, según fuentes al tanto de las negociaciones.
En paralelo, la vicepresidenta segunda está negociando una subida del IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples que se utiliza como referencia para la concesión de multitud de ayudas sociales, subsidios por desempleo, acceso a viviendas de protección oficial y ayudas para el alquiler, becas de estudio, servicios de asistencia jurídica gratuita, rentas mínimas de inserción... o el propio Ingreso Mínimo Vital (IMV). Y en esta ámbito las conversaciones están bastante avanzadas, según admiten desde el Ministerio de Hacienda fuentes que ya garantizan que el IPREM volverá a subir en los Presupuestos de 2023, aunque evitan concretar la cuantía.
De su lado, la titular de Igualdad, Irene Montero, está peleando en la negociación con Hacienda con el objetivo de conseguir más fondos para destinar a materias como la igualdad y la conciliación, según explican fuentes de su departamento. En esta negociación va de la mano con la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2023, Ione Belarra, también secretaria general de Podemos, que el pasado mes de mayo anunció un acuerdo con el PSOE para llevar la Ley de Familias al Consejo de Ministros en septiembre, un hito que, agotado el plazo, todavía no se ha producido.
PSOE y UP pactaron llevar la Ley de Familias al Consejo de Ministros en septiembre, pero no lo han cumplido
El objetivo de la ministra de Igualdad es que en los PGE de 2023 se duplique la actual partida de 140 millones de euros destinada a financiar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. "Si queremos doblar el número de víctimas a las que atiende el Estado, tenemos que ser capaces de doblar el compromiso presupuestario que queremos para poner en marcha todos estos servicios", manifestó recientemente Montero en rueda de prensa en el Congreso tras reunirse con la Mesa y los portavoces de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del citado Pacto de Estado.
En los Presupuestos Generales del Estado de 2022 el Ministerio de Trabajo cuenta con una asignación de 30.142 millones de euros, de los cuales 22.093 millones se corresponden con la partida de protección por desempleo, sumando en este epígrafe tanto las prestaciones contributivas como las asistenciales. Por su parte, el Ministerio de Igualdad dispone en este ejercicio de 525 millones de euros y el objetivo, según insisten fuentes del departamento de Montero, es arrancar a Hacienda más fondos para luchar contra la violencia machista, garantizar la igualdad y la conciliación. Las negociaciones continúan abiertas, aunque no por mucho tiempo, ya que la ministra de Hacienda ya ha advertido de que llevará en breve el proyecto presupuestario al Consejo de Ministros. Todo apunta a que habrá acuerdo entre los socios de la coalición tras desatascar el plan fiscal.
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