En año electoral

El Gobierno subirá las ayudas al paro y alquiler en 2023 para paliar la inflación

El PSOE y Unidas Podemos negocian un nuevo incremento del indicador de referencia para la concesión de de ayudas sociales y la determinación de su cuantía. Se dirige a los más vulnerables y se incluirá en los PGE.

Pedro Sánchez Yolanda Díaz
El Gobierno subirá las ayudas de paro y alquiler en 2023 para paliar la inflación
 Europa Press

El Gobierno de España está negociando una nueva subida del IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples que se utiliza como referencia para la concesión de multitud de ayudas sociales, subsidios por desempleo, acceso a viviendas de protección oficial y ayudas para el alquiler, becas de estudio, servicios de asistencia jurídica gratuita, rentas mínimas de inserción... o el propio Ingreso Mínimo Vital (IMV). La intención de los socios del PSOE y Unidas Podemos es incluir esta medida de gran calado social en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, los últimos de la legislatura, que estarán en vigor en año electoral. Y con ese objetivo están debatiendo intensamente estos días sobre la cuantía que debe alcanzar este indicador para paliar el impacto de la inflación sobre los colectivos más vulnerables.

El Ejecutivo tiene la responsabilidad, a través de la Ley de Presupuestos, de actualizar este indicador cada año atendiendo a la situación económica. Sin embargo, el IPREM llevaba congelado en 537,84 euros desde 2017 y apenas había crecido en 5 euros en la última década. En los Presupuestos de 2021, la coalición progresista aprobó una subida del 5%, hasta situar la cuantía de referencia en 564,90 euros mensuales, y en los PGE de 2022 el PSOE y UP pactaron un nuevo impulso, en este caso del 2,5%, para elevarlo hasta los 579,02 euros vigentes en la actualidad. Ahora los socios están negociando otro incremento de cara al año que viene, en un momento en el que resulta "imprescindible" proteger a los más vulnerables de la escalda de los precios, tal y como afirman fuentes gubernamentales al tanto de las conversaciones.

No es un indicador baladí, pues sirve como referencia tanto para determinar la cuantía de determinadas prestaciones como para fijar el nivel de renta que permite acceder a las mismas (cuanto más elevado el IPREM, más potenciales beneficiarios). Lo introdujo en 2004 el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para desvincular las ayudas públicas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y mitigar su impacto en los Presupuestos, pero el problema es que con el paso de los años el SMI ha ido creciendo -especialmente en los últimos tiempos, hasta alcanzar los 1.000 euros brutos mensuales- mejorando los ingresos de las familias, y el IPREM ha permanecido prácticamente congelado, obstaculizando el acceso a las ayudas públicas mencionadas, a excepción de los casos de extrema pobreza.

Son los socios morados los que están presionando especialmente, ya que la subida del IPREM es una de sus principales demandas en la negociación presupuestaria. Pero fuentes del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero -la responsable de configurar los PGE- se muestran a favor de seguir incrementando este indicador en los Presupuestos de 2023. "Es voluntad de todo el Gobierno proteger a los colectivos más vulnerables", insisten fuentes del Ejecutivo que evitan, eso sí, concretar la proporción en la que subirá el IPREM porque "las negociaciones están en curso y todavía no hay nada cerrado". Se trata, en cualquier caso, de un compromiso programático del PSOE y UP: "Subiremos el IPREM y estudiaremos objetivar los mecanismos de actualización", rezaba el acuerdo de la coalición.

Aunque fuentes gubernamentales aseguran que los contactos entre los equipos negociadores son "constantes", otras fuentes al tanto del estado de las conversaciones aseguran que no se ha producido ninguna reunión formal en una semana -la última tuvo lugar el pasado miércoles- y en estos momentos no hay ninguna fecha prevista para volver a sentarse. Algunas de las fuentes consultadas afirman incluso que Unidas Podemos ha llegado a acusar al PSOE de "levantarse de la mesa", aunque los socialistas niegan este extremo e insisten en que "se sigue negociando". Pero lo cierto es que el ritmo de las negociaciones no va como debiera a estas alturas del año y empieza a crecer el nerviosismo entre los socios, aunque Montero sigue confiando públicamente en que los PGE estarán "en tiempo y forma".

La propia ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, a la vez secretaria general de Podemos, Ione Belarra, denunciaba hace ya unos días que las negociaciones presupuestarias estaban bloqueadas en el seno del Gobierno por la negativa de los socialistas a incorporar algunas de las medidas que para el espacio confederal son fundamentales. Y este mismo lunes la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, trasladaba a la prensa que las negociaciones con el flanco socialista se mantienen todavía "lejos" del acuerdo y aseguraba que el PSOE está frenando algunas de las medidas de protección social y justicia fiscal que están poniendo sobre la mesa los negociadores de Unidas Podemos.

En materia de fiscalidad, los morados reclaman que se haga efectivo el 15% en Sociedades, crear un ambicioso impuesto a las grandes fortunas y establecer mínimos no bonificables en Patrimonio y en Sucesiones para evitar el dumping fiscal, además de reducir la brecha tributaria entre las rentas del trabajo y las del capital. También están planteando una bajada de impuestos selectiva, incluyendo la rebaja del IVA a determinados productos como los específicos para celiacos o los de higiene femenina, la conocida como 'tasa rosa'. Y en paralelo, exigen avances en leyes pendientes como la de Vivienda, bloqueada por el tope a los alquileres en las zonas tensionadas, o la de Familias -que debería incluir el 'cheque bebé' o la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad a seis meses- así como la prórroga de las medidas anticrisis como las ayudas al transporte público o la mejora de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y de las pensiones no contributivas.

Son muchos los frentes abiertos. Por un lado, la ministra Montero se ha mostrado abierta a prorrogar y aprobar nuevas medidas anticrisis, en paralelo al plan de contingencia con medidas de ahorro energético, pero también a parte de los Presupuestos. En los PGE, Hacienda está trabajando en retoques como elevar el IRPF a las rentas de capital en los tramos más altos, siempre pensando en elevar la presión fiscal sobre quienes más tienen. A esto se sumaría, por otro lado, el impuesto a las grandes fortunas, que el Gobierno pretende aprobar en una ley propia, así como los gravámenes temporales a bancos y energéticas, ya en trámite parlamentario. Habrá, por tanto, medidas en los PGE y otras paralelas, si bien en lo que se refiere a las 'leyes satélite' (Vivienda, Familias o derogación de la Ley Mordaza) los tiempos son otros. "Ahora urge cerrar el proyecto de Presupuestos", insisten desde el Gobierno y desde Hacienda: "Estarán en tiempo y forma".

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