Los alquileres no podrán subir cada año más que el IPC y se limitará al 3% en 2024

La nueva Ley de Vivienda se acerca al final de su camino. Este viernes el Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido pactar con Esquerra Republicana Catalunya (ERC) y con EH Bildu un acuerdo para dar ‘luz verde’ a la esperada Ley de Vivienda. Los partidos independentistas dan su voto a favor de la legislatura de forma pública y así la ley podrá ser aprobada antes de las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo tras una larga negociación, de más de un año, entre los partidos y el Ejecutivo. "Hemos alcanzado un acuerdo que, por fin, reconoce el derecho de la vivienda, y que frena el aumento descontrolado de los alquileres", comenta Oskar Matute, portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso. Serán estos 18 nuevos votos que suman los partidos, los que permitirán hacer realidad esta normativa. 

Límite de un 3% para los contratos de alquiler hasta finales de 2024

De esta manera, en los últimos días los socios parlamentarios del proyecto han conseguido cerrar los últimos cabos sueltos de la Ley de Vivienda que ha estado en tramitación hace poco más de un año. Uno de los puntos clave de las conversaciones, y lo que en parte tenía bloqueado el proyecto, era conseguir un acuerdo con el límite del precio de los alquileres en un 3%. Ahora tanto el partido independentista catalán y como el vasco, dan el apoyo al Gobierno y se podrá tramitar en la Cámara de Diputados en las próximas semanas y convertirse en uno de los últimos hitos de la legislatura de Sánchez. "Es un acuerdo de enorme trascendencia. Damos así cumplimiento al compromiso que teníamos de aprobar esta ley que fuese efectiva que mejorase el acceso a la vivienda de los españoles", sentencia Matute. 

Límite de un 2% durante todo este año de 2023

Actualmente, está aprobada una limitación del tope al alquiler en relación con el IPC del 2%. Sin embargo, esta cifra fue marcada de manera excepcional por la situación que se vive a nivel global provocada por la invasión de Rusia en Ucrania. El Plan Nacional que implementó Sánchez, buscaba combatir las consecuencias económicas que surgieron tras el ataque y se fue prolongando con el tiempo. Meses después, el aumento al 3% se puso sobre la mesa en las negociaciones con el objetivo de poder implementarlo en el marco de la nueva Ley y ponerlo en marcha en 2024. 

El nuevo acuerdo pactado fija que se mantendrá esta limitación de 2% a la subida de los alquileres durante este año y, tal y como se pensaba, el próximo año se aumentará al 3%. A partir de ello se creará un nuevo sistema de cálculo que sea más estable e inferior a la evolución el IPC, de forma que los topes de la renta se vaya renovando de forma anual. 

"Será más estable. Pretendemos que nunca supere el IPC, e inferior a la evolución del IPC, que tope los aumentos de la renta por la renovación anual", aseguran los portavoces. Además, se ha aclarado el sistema de declaración de áreas tensionadas que serán regulados todos los alquileres en áreas tensionadas en todos los casos. Esto se realizará sea una propiedad de 'gran tenedor' o de pequeños propietarios, como también para contratos de inmuebles que estén en el mercado de alquiler como para nuevos contratos. "Estos topes se establecerán, dependiendo de la modalidad de contrato y propiedad, mediante la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación del índice de contención de precios para los grandes tenedores. Estas medidas contendrán y reducirán los precios de manera efectiva", indican.

Nuevas medidas de protección que prohíben los desahucios

Los desahucios era otro de los puntos tensos que dejaban en duda a ERC y Bildu de incluirse en este proyecto. Para ello incorporan nuevas medidas de protección que prohíben los desahucios sin fecha y hora predeterminada. Incluyen, además, nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de 2 años, y se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables. En este caso, también dan pie a las Comunidades Autónomas para que articulen mecanismos propios de mediación y que presenten alternativas habitacionales oportunos para estos casos, forzando a los 'grandes tenedores' a que realicen desahucios a someterse a los mismos.

El portavoz adjunto de Eh Bildu ha indicado que la incorporación de todas las modificaciones que han realizado, "garantizan lo que buscaban desde el comienzo" y que gracias al acuerdo alcanzado imprimen un carácter social en la ley. "Daremos un control real de los alquileres haciendo realidad una ley de vivienda efectiva. Ofrecerá la oportunidad de poder elegir dónde vivir. Introducimos medidas importantes al acceso a una vivienda de alquiler y ofrecemos mayores garantías". La legislación suma nuevos procedimientos y medidas adicionales para impedir los desahucios; para sumar protección adicional a los arrendatarios; dar un mayor impulso a nivel social y dar alternativas habitacionales. 

La nueva Ley incluye una protección clave a los inquilinos en cuanto a pagos: los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de una vivienda, correrán siempre a cargo del propietario. 

A escasos días de la campaña para las municipales y autonómicas

La noticia llega en plena época de precampaña electoral para las municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo, lo que según indican fuentes consultadas por la Cadena Ser, podría ser un buen revulsivo para esta temporada política. Además, con esta aprobación, Pedro Sánchez habría cumplido uno de los planes más característicos de su Gobierno. Hace solo unos días comentó que tenía plena garantía de que se firmaría pronto este acuerdo: "Cada día que pasa estoy más seguro de que esta legislatura también va alumbrar la primera ley de vivienda de la democracia".

Hace unos días la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también salió a defender este proyecto asegurando que estaban estudiando todas las formas para poder desbloquear esta normativa porque es “fundamental”  y una regulación "eficaz" del precio de los alquileres. En este aspecto, la normativa no ha estado exenta de polémicas. El tope del precio del alquiler ha generado diversos desencuentros en el mundo político y social. La normativa en sí, incluye una limitación de los precios en las zonas que se clasifiquen como tensionadas (que tenga superficie construida de más de 1.500 m2) y para personas físicas o jurídicas que tengan más de 10 viviendas en su propiedad.

Este último punto, también destacado por los socios parlamentarios, se cambia y se reduce el concepto de "gran tenedor" de diez a solo cinco viviendas. "Así se limita la especulación y el acaparamiento de inmuebles que practican fondos buitre y demás fondos de inversión", indican. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha indicado que con este acuerdo se da "un paso histórico haciendo posible la seguridad de muchas personas y hacerlo en condiciones claras". Asimismo la ministra ha comentado respecto del tope al alquiler que tendrán "que trabajar un índice específico de actualización del precio de los alquileres. El objetivo es fijar con el INE para aprobar un nuevo mecanismo". 

Además de defender al propietario y poner el foco en el actual sistema de desahucios, la nueva Ley incluirá una protección clave a los inquilinos en cuanto a pagos: los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de una vivienda, correrán siempre a cargo del propietario y no del inquilino como se lleva actualmente. La idea es terminar con los gastos y honorarios abusivos. Se prohibirá aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos que no sean atribuibles al inquilino o que no estuvieran acordadas previamente. "Esto evita una posible vía para el fraude de la ley en el incremento de rentas bajo estas excusas".  Ahora, tanto el Gobierno como los partidos esperan que el proyecto se apruebe en las próximas semanas.