El Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias seguirá inflando los números rojos de la Seguridad Social. No les quedará más remedio si quieren cumplir los compromisos adquiridos con los pensionistas. El Tesoro ya ha reservado 13.800 millones de euros para el préstamo que prevé conceder este año, e incluso ha decidido darse "un pequeño margen" por si es necesario elevar ese crédito. Con esta nueva línea de financiación la deuda del sistema cerrará 2020 cerca de los 70.000 millones de euros, un nuevo récord histórico.
La Seguridad Social no cuenta con recursos suficientes para hacer frente a las 14 pagas de los casi 9 millones de pensionistas que hay en España. No es una novedad. De hecho, este es el cuarto año consecutivo en que el sistema necesitará tirar de la ayuda financiera del Estado, después de cerrar 2019 con un pasivo superior a los 55.000 millones de euros. Para hacerse una idea de la evolución de este montante, hasta 2016 se había mantenido durante una década en el entorno de los 17.200 millones.
En 2017 el Gobierno de Mariano Rajoy pidió un préstamo de 10.192 millones de euros. En 2018 el crédito aprobado en los Presupuestos del PP fue de 15.164 millones, de los que finalmente se usaron 13.800 millones, la misma cantidad prorrogada para 2019. Y previsiblemente una cuantía similar incluirá el Gobierno en sus Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020, que ya están elaborando y pretenden llevar al Congreso en el primer trimestre, tal y como confirman fuentes de Hacienda.
El crédito para este año, según la estrategia de financiación anual del Tesoro, que parte de unos supuestos conservadores, estará en línea con esos 13.800 millones de euros que recogían las cuentas públicas de 2018, que siguen en vigor. Eso sí, el Estado se reserva un margen para cubrirse ante un posible aumento de ese préstamo, tal y como adelantó esta semana el secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio.
La cuantía, no obstante, podría variar. Fuentes del equipo del Ministerio de Trabajo saliente (el de Magdalena Valerio) explican que el préstamo está aún por determinar por varios motivos. El primero, porque está claro que las pensiones van a subir con carácter general un 0,9% –será una de las primeras medidas del Consejo de Ministros– pero aún no se ha determinado el incremento de las mínimas y no contributivas, que será superior para mejorar el poder adquisitivo de los que menos tienen, tal y como se han comprometido los socios de la coalición progresista.
Por tanto, es complicado hacer previsiones de gasto por el momento. Además, Sánchez e Iglesias tienen pendiente sacar adelante con carácter urgente la subida del salario mínimo (SMI) para este año, una variable que influye en las cotizaciones sociales y es imprescindible para hacer proyecciones de ingresos. Tampoco se descartan otros cambios que afecten a las cotizaciones para mejorar la recaudación y hay que recordar que el acuerdo programático del PSOE y Unidas Podemos contempla una reestructuración de la Seguridad Social para definir los recursos externos (qué parte se financia con préstamos y cuál con transferencias).
Deberes para Escrivá
El cálculo final del préstamo no está cerrado y va a depender en gran medida del nuevo responsable de velar por la sostenibilidad del sistema público de las pensiones: José Luis Escrivá. El todavía presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) será el nuevo ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones y tendrá que tomar estas decisiones como algunas de las más urgentes de su mandato. Si bien muchas de ellas se enmarcan en la negociación política entre Sánchez e Iglesias.
En el largo plazo, Escrivá tendrá el frente de la reforma del sistema de las pensiones. Como ministro adoptará un posicionamiento en línea con el Gobierno, si bien las opiniones vertidas hasta ahora por el máximo responsable del organismo independiente impuesto por Bruselas para supervisar las políticas presupuestarias de la Administración Pública ya se alineaban con el enfoque del Ejecutivo de Sánchez, como se recoge en este perfil sobre el nuevo titular de Seguridad Social.
En líneas generales, Escrivá ha defendido que se amplíe la edad efectiva de jubilación hasta los 67 años -actualmente en 62,5- y se eleve de 25 a 35 años el periodo de cálculo de las pensiones. Desde la Airef ha apostado porque la deuda de la Seguridad Social se pague a través de los Presupuestos Generales del Estado, que a su juicio debe financiar las prestaciones no contributivas, las bonificaciones sociales por creación de empleo y los gastos de funcionamiento del sistema.
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