Los caminos de Unidas Podemos y los bancos vuelven a cruzarse. En este caso, en lo que respecta a los consumidores de los productos que ofrecen las entidades. El grupo parlamentario de Podemos e Izquierda Unida reclama ahora que los consumidores de productos financieros tengan un respaldo público que les proteja de situaciones que se han producido en los últimos años, como pueden ser los conflictos en torno al IRPH o las cláusulas suelo. Una solución que han bautizado como Autoridad de Protección del Cliente Financiero, que tendría carácter extrajudicial y que se emplearía para resolver las "malas prácticas de las instituciones que comercializan productos financieros", según establece la formación en una Proposición No de Ley registrada en el Congreso a la que ha tenido acceso La Información.
Según el grupo parlamentario que ahora lidera Pablo Echenique, la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) sobre el índice IRPH, en la que se apuntaba a que podía ser abusivo pero que supuso que se pasara la 'patata caliente' a los tribunales españoles para que decidieran, evidencia que hay una "urgente necesidad" de crear esa autoridad independiente para la "resolución alternativa de litigios". Una iniciativa que debería haberse planteado mucho antes, según Unidas Podemos, ya que la transposición de directivas europeas sobre litigios en materia de consumo (Ley 7/2017, de 2 de noviembre) establecía la creación de una única entidad que se encargara de los litigios de este tipo en el ámbito financiero. De hecho, recuerdan que tendría que estar aprobada desde antes de agosto de 2018, dado que esa incorporación al ordenamiento jurídico daba un plazo de ocho meses desde su entrada en vigor para hacerlo.
Esta protección al consumir que propone Unidas Podemos se basa en los conocimientos de educación financiera de la sociedad, que según la Encuesta de Competencias Financieras son muy bajos. Los datos del sondeo, como recuerda la confluencia, muestran que solo un 18% de los encuestados contestó a las tres preguntas que evalúan el conocimiento en esa materia. Algo que es aún más acusado entre las mujeres, y que también va ligado al nivel educativo de cada persona, incide ese estudio de la CNMV y el Banco de España. Además, cerca de la mitad de la población (46%) considera que tiene un conocimiento bajo en ese aspecto. A esto se suma la "falta de control" y "mala praxis de las instituciones financieras monetarias", señala el texto de los morados, que "genera situaciones de desprotección", como las de las preferentes o las ya citadas cláusulas suelo.
Entre esas malas prácticas que UP achaca a los bancos están la "falta de transparencia y de información en la comercialización de productos complejos". Lo que se suele traducir en reclamaciones y denuncias que han generado procesos legales muy largos, que además han sido muy mediáticos por afectar a particulares. Esta cuestión ya formó parte de las denuncias y reclamaciones de la confluencia, que exigió al Gobierno de Mariano Rajoy que obligara a toda la banca a devolver el total de las cláusulas suelo y recurrió ante el Tribunal Constitucional el mecanismo que ideó el Ejecutivo del PP para dar una respuesta extrajudicial a los afectados. Unos movimientos que llegaron tras la decisión del TJUE de diciembre de 2016 de que se devolviera la totalidad de estas cláusulas abusivas. Lo que supuso una desautorización del límite temporal que marcó el Tribunal Supremo, que establecía que solo se reembolsaran aquellas que se incluyeron en hipotecas firmadas desde mayo de 2013, y una gran victoria para los consumidores.
Lo que se quiere evitar con esta PNL, según las fuentes de la formación morada consultadas por esta redacción, es que se vaya a procesos judiciales muy largos en los que el consumidor quede desprotegido por sus escasos conocimientos frente a las entidades. Y que, además, no se excluya a los ciudadanos que no tengan recursos para plantear una demanda judicial por su cuenta o para sumarse a una conjunta con otros afectados. Por eso se destaca que esta Autoridad de Protección del Cliente Financiero beneficiaría "a los ciudadanos que no pueden permitirse la vía de los juzgados". Lo que, además, podría ayudar a que se evitara "el colapso de los tribunales", que en los últimos años han tenido que dirimir múltiples causas relacionadas con los productos que salen de la banca.
Un desencuentro más
Esta propuesta para vigilar aún más lo que hagan las entidades financieras con sus productos es una más de la lista de acciones que ha iniciado Podemos desde su nacimiento, y que continuó tras la alianza parlamentaria con Izquierda Unida. La que más importancia tiene para los morados ahora mismo es el impuesto a la banca, que ha insistido en las últimas semanas en que el impuesto a la banca forme parte de las medidas que financien la reconstrucción del país tras la crisis económica causada por la pandemia de coronavirus. Un nuevo recurso que, como defienden los morados, tiene sentido por la intensa movilidad de capitales que existe en la actualidad, y que ven necesario que sea gravada para que sostengan las políticas públicas del país.
Además, Pablo Iglesias y los suyos han reclamado en numerosas ocasiones que la banca devuelva el rescate de 2012, al que según su parecer se tendría que aplicar un recargo para así recuperar lo prestado y que se reparara los 1.300 euros que, según cálculos de Iglesias, le debían a cada español. También se han mostrado en contra de la privatización de Bankia, para la que propusieron que se convirtiera en la banca pública que llevan proponiendo desde sus inicio. El PSOE nunca fue favorable a esta idea, y al final las discrepancias se solucionaron con un acuerdo para que el ICO ejerciera ese rol.
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