El Tribunal de Cuentas ha puesto bajo lupa las bonificaciones para la conversión en indefinidos de los contratos en prácticas, de relevo y de sustitución por anticipación de la jubilación, unas políticas prioritarias para las administraciones, pero que esconden tras de sí ineficiencias, falta de control, artimañas, fraude e incluso sesgos de género. El exhaustivo informe, con 218 páginas de las que más de la mitad están protagonizadas por las alegaciones de responsables de los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de Trabajo y Economía, analiza estos incentivos y pone en evidencia su gestión e incluso reclama a Yolanda Díaz que haga un diagnóstico eficaz de estas millonarias ayudas a empresas.
Al detalle, el informe insta al SEPE a facilitar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) información estadística mensual con el fin de evitar determinados fraudes y para facilitar el control adecuado de la concesión de las bonificaciones. Además, alerta de que uno de los sistemas de liquidación de las cuotas sociales, el mayoritario entre 2018 y 2019 -periodo de la fiscalización-, tenía problemas técnicos para el control y de ingreso de cotizaciones sociales en el plazo. En algunos casos los expedientes prescribían tras permanecer años en un limbo burocrático.
La Seguridad Social no ha sido capaz de efectuar un control sistemático sobre la duración de los contratos y el SEPE no la facilitó al departamento de Escrivá
Cuáles son las bonificaciones de un contrato indefinidos
La Seguridad Social, según reconoce, no ha sido capaz de efectuar un control sistemático sobre la duración de los contratos en prácticas que se transforman en indefinidos por falta de información, mientras el SEPE, pese a que tenía en su poder esa documentación, no preveía de mecanismos para ponerla a disposición del departamento de Escrivá. Contratos indefinidos realizados antes de tiempo o alargados artificialmente una vez concluido el periodo de vigencia, concesiones a familiares -algo que reconoce no es fácil de controlar-, mayoritariamente otorgados a hombres o a empresas con deudas tributarias son otras de las irregularidades recogidas en el informe. La mayoría de estos problemas y fraudes conllevan sanciones y multas importantes para las empresas 'incumplidoras'.
Mientras, el análisis del órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, evidencia que en el SEPE no existía un procedimiento dirigido a controlar que el importe de las bonificaciones, en concurrencia con otras ayudas públicas para la misma finalidad, no superase el límite del 60 % del coste salarial anual del contrato, un asunto que dejaba una nueva puerta abierta al fraude.
Destaca la inexistencia de informes de las políticas activas de empleo que avalen el diseño de estas bonificaciones y de una memoria en la que se definan los ratios
El objetivo de reducir la brecha de género con estos incentivos queda claramente devaluado. Aunque en los contratos en prácticas los convertidos bonificados son porcentualmente muy similares entre ambos sexos, las diferencias se incrementan de forma muy importante en el caso de los contratos de relevo y los de sustitución. Para los primeros, los contratos bonificados con mujeres representaron el 31% frente al 68% de contratos bonificados con hombres. Para los de sustitución, el porcentaje de contratos con mujeres representó el 30% frente al 70% de contratos convertidos bonificados con hombres.
Destaca además la inexistencia de informes o evaluación continuada de las políticas activas de empleo que avalen el actual diseño de estas bonificaciones de cuotas por conversión de contratos en indefinidos y de un plan estratégico, informe, memoria o documento donde se definan indicadores, ratios o estándares para valorar la eficacia, eficiencia e impacto de estas bonificaciones en la consecución de sus objetivos, ni en la justificación del importe fijado para la bonificación en caso de contratos de hombres (500 euros al año) y mujeres (700 euros al año); algo que sin duda no llevó al objetivo previsto.
Las conversiones de contratos indefinidos resultan irrelevantes con respecto al número de bonificaciones previstas para este fin
Las bonificaciones fiscalizadas fueron reguladas en la reforma laboral del PP en 2012, si bien el informe abarca los ejercicios 2018 -más de 31.000 contratos convertidos a indefinidos con este mecanismo de un total de 12,3 millones- y 2019 -34.500 contratos bonificados con 13,9 millones-, durante el primer año y medio de Gobierno de Pedro Sánchez, unas cantidades prácticamente irrelevantes.
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