Sánchez dará galones a Ribera en política energética en plena pugna con el sector

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha adelantado este viernes al presentar el programa electoral del partido para las elecciones generales que confía en que la actual vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, siga al frente de esa responsabilidad si logran repetir legislatura. El todavía presidente valora de forma importante el papel que su ministra ha jugado en el entorno energético europeo en los momentos más duros de la crisis energética por la guerra de Ucrania, por encima de la mala relación que desde ese Ministerio se ha generado con las principales empresas españolas del sector energético. 

Desde los decretos fallidos sobre los beneficios caídos del cielo hasta el tope al precio del gas de la excepción ibérica, el enfrentamiento entre Teresa Ribera y las principales empresas del sector ha sido constante en los pasados cuatro años de legislatura, pero el presidente del Gobierno y candidato a seguir en el cargo tras las próximas elecciones confirmaba en público a su ministra en el cargo para completar la estrategia española en materia de transición energética, una de las áreas que están llamadas a manejar una parte importante de las inversiones y la economía europea a medio plazo. 

Sánchez ha presumido del fuerte incremento que en España se ha dado en energías renovables y ha anunciado, además, una medida clave para que el proceso de instalación de parques eólicos y fotovoltaicos no se frene: si gana las elecciones, promoverá por ley la entrada de los ciudadanos en el capital y los beneficios de los proyectos de ese tipo que afecten a sus localidades, con una participación reservada del 10% para quienes quieran invertir. En concreto, el programa electoral recoge una ley para identificar, junto a las comunidades autónomas y las entidades locales, "las áreas idóneas para el desarrollo de renovables y facilitar el acceso de los beneficios a las comunidades locales, garantizando el respeto al medio ambiente".

Empleo 'verde'

Desde el PSOE también aseguran que recuperarán la figura de un regulador energético especializado y que sacarán adelante el séptimo Plan General de Residuos Radioactivos. Otro punto que destaca es el empleo sostenible, con la creación de más de 700.000 empleos asociados a la transición 'verde', "fortaleciendo las titulaciones de FP y grado", así como la recapacitación de la fuerza laboral y la modernización de los servicios públicos de empleo para mejorar la empleabilidad de personas en situación de desempleo.

El PSOE se hace eco con esta medida de una de las demandas que estaban pidiendo desde las patronales del sector de las renovables, como forma de sortear el tremendo rechazo social que en algunas zonas y multitud de pequeños ayuntamientos de España se sufre a la hora de instalar placas solares o molinos de viento, pese a que se cumpla con todas las normativas y exigencias sobre medio ambiente. Dada la alta rentabilidad de este tipo de proyectos en zonas poco favorecidas por la agricultura, la apertura del 'negocio' a los habitantes de la comarca puede ser un revulsivo para desbloquear situaciones enquistadas.

Junto a esa medida de alcance en materia de Transición Ecológica, y entre otras muchas iniciativas (algunas de ellas ya en marcha) Sánchez anunció la intención del partido de prohibir por ley la privatización de la gestión del agua en los municipios. 

Un sector en transformación

Más allá de las promesas en campaña electoral, el reto más importante del sector en la actualidad, que tendrá que afrontar quien lidera el área energética del Gobierno tras el 23-J, es la reforma que se está gestando a nivel europeo, en la que el tope ibérico al precio del gas que ha funcionado casi durante un año en la Península Ibérica pierde fuerza a medida que los precios internacionales del gas están bajando en los principales mercados. 

Por otro lado, al nuevo Gobierno le tocará, además, lidiar con una más que previsible reordenación del sector, con operaciones entre grandes empresas que están en ciernes a nivel europeo y que pueden afectar a alguna de las compañías españolas, según llevan tiempo advirtiendo desde el propio sector. En ese contexto de las operaciones entre compañías tanto dentro de España como a nivel europeo entra en juego, además, la normativa española antiopas, recientemente renovada por el Ejecutivo, que permite un veto público a determinadas inversiones en empresas que se consideren estratégicas para el sector en el que operan, y en el energético, casi todas las grandes los son.