A solo unos días de haber desbloqueado la esperada Ley de Vivienda, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que movilizará 50.000 viviendas de la Sareb para potenciar el alquiler a “precio asequible”. Después de asignar un ‘tope’ al precio de la renta al 2% para este año y un 3% para el próximo, el Ejecutivo busca seguir lanzando medidas que aseguren el acceso a la vivienda en plena precampaña para las elecciones de mayo. El proyecto contempla que los pisos sean para viviendas sociales, y para municipios y CCAA; sin embargo, los expertos del sector aseguran que esta medida, al igual que la Ley, son “electoralistas” y que el Ejecutivo tendrá que ‘tirar’ de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para realmente llegar al objetivo de tener más vivienda pública.
“Las políticas públicas de vivienda en España están en la primera línea del debate político pero en la última línea del debate presupuestario”, comenta el portavoz y responsable de Asesoría Jurídica de los API en Catalunya, Carles Sala, y añade que las cifras que la administración pública que se destinan a políticas de vivienda son “ridículas”. Desde 2008 más de la mitad de los recursos destinados a diseñar este tipo de medidas se han reducido a la mitad, y según explica Sala, antes habían costes fiscales que llegaron a suponer entre 5.000 y 6.000 millones en políticas públicas de inmobiliario... y con los años ese dinero no se volvió a destinar al sector. “Si repasamos las cifras de lo que han hecho las promociones públicas, vemos claramente que no hay otra opción que establecer colaboraciones público-privada”, enfatiza.
Sareb y su cartera inmobiliaria
El Gobierno cuenta con una cartera de 46.542 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb, que entre ellas hay obras en curso y unidades de suelo. Ahora, las 50.000 viviendas que se prestan para este proyecto estarán divididas por categorías: 21.000 viviendas serán puestas a disposición de municipios y comunidades autónomas; 14.000 viviendas ya habitadas de ese parque serán para impulsar el alquiler social, y finalmente se promoverá la construcción de otros 15.000 inmuebles en suelos disponibles del ‘banco malo’. La medida será aprobada este martes en el Consejo de Ministros para mitigar los efectos del alza de los precios del alquiler.
“Si aumentamos la oferta con más vivienda pública lo que estaremos haciendo es amortiguar el precio de la vivienda”, ha indicado el Presidente y líder de los socialistas. Pero, ¿realmente es una medida que entrega solución? Distintos agentes del sector han comentado que el actual Gobierno no ha lanzado grandes normativas de vivienda en su periodo de mandato y que esta es una medida "oportunista" al igual que la Ley de Vivienda aprobada hace solo unos días. Para Sala, este anuncio “es un paso que llega muy tarde, pero que está bien para poder afianzar el camino de las viviendas en manos del sector público”. El especialista apunta que habrá que esperar a ver cómo se ejecuta este plan, porque aún se desconocen los detalles clave del anuncio, pero asegura que "va en buena línea".
El 'banco malo' nació algunos años después de la crisis de 2008 con el objetivo de movilizar y gestionar los activos derivados de las viviendas que el Estado se quedó tras el rescate a la banca en 2012. En aquel entonces llegó a tener una cartera de inversión inicial de 50.000 millones de euros y tenía casi 200.000 préstamos e inmuebles para gestionar. El 50,14% de la Sareb está en manos del Estado, representado en el capital por el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB), y la otra mitad está en manos de capital privado como Banco Santander, CaixaBank, Sabadell o KutxaBank. Ahora Sánchez mueve fichas con ese 50% del Estado, para potenciar el parque inmobiliario y mejorar el acceso a la vivienda.
España en la 'cola' de la UE en vivienda social
No es novedad que España tiene el parque de vivienda social más bajo de todos los países europeos de la OCDE. Actualmente un 3% de los inmuebles en el país son sociales, a diferencia de la media que llega a casi un 10%. En la década de los 80, una de cada dos viviendas eran sociales (casi un 50% de la cartera existente); sin embargo, tras la crisis de 2008, el ladrillo quedó fuertemente devastado. Aunque se han impulsado medidas para sacar adelante al sector en ámbitos de alquiler público no se ha conseguido subir en la lista y el Gobierno debería aumentar más de un 8% su parque de vivienda pública para estar cerca de los niveles de la UE. Países como Dinamarca o el Reino Unido, alcanzan casi un 20%.
Sánchez se ha planteado salir de la ‘cola’ de la UE como uno de los grandes desafíos para los próximos años, comprometiéndose a alcanzar el 20% de viviendas sociales en España para estar a la altura similar de otros países europeo: "Es un problemón porque la vivienda en España es un derecho constitucional, pero no real, lo que hace que nuestros jóvenes tengan edades inaceptables para acceder a una vivienda y emanciparse". Al respecto, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha calificado esta situación como “dramática” y ha zanjado un plazo fijo para que España consiga este objetivo: plantea que en 20 años se alcanzará este porcentaje. El portavoz y responsable de Asesoría Jurídica de los API en Catalunya, ve este plazo de 20 años como "posible", sólo si "pasáramos de destinar el 0,1% del PIB de vivienda a un 1%".
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