La decisión de Washington de retirarse de las negociaciones sobre un impuesto a los servicios digitales (la conocida como Tasa Google) es una "provocación" y os socios europeos no están dispuestos a ceder a la misma. El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire ha dejado claro que París aplicará el impuesto este mismo año a pesar de las objeciones de Estados Unidos. España, Francia, Reino Unido Gran Bretaña, Italia y España han respondido conjuntamente este jueves a la carta que les envió el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, anunciando la decisión de EEUU de abandonar las negociaciones sobre los impuestos planificados.
“Esta carta es una provocación. Es una provocación hacia todos los socios de la OCDE cuando estábamos a centímetros de un acuerdo sobre la tributación de los gigantes digitales ”, ha asegurado Le Maire en una entrevista concedida a la radio France Inter. En la misiva, que ha dado a conocer el diario Financial Times, Mnuchin les comunica que las negociaciones sobre el impuesto digital se encuentra en punto muerto y rechaza acordar cambios provisionales a la legislación fiscal global que afecten a las compañías digitales estadounidenses. "Este es un momento en el que los gobiernos del mundo deberían enfocar su atención en lidiar con los problemas económicos que genera el Covid-19", resalta el responsable del Tesoro norteamericano.
En este sentido, reitera que EE.UU. "continúa oponiéndose a los impuestos digitales y otras medidas unilaterales parecidas", por lo que añade que como ya ha dicho "reiteradamente" la Administración Trump, "si los países optan por cobrar o adoptar estos impuestos, su país responderá con las medidas proporcionalmente pertinentes". La Oficina del Representante Comercial estadounidense ya anunció a principios una investigación a la Unión Europea y otros nueve países, entre ellos España, en relación a los impuestos sobre servicios digitales. El resto de países investigados son Austria, Brasil, República Checa, India, Indonesia, Italia, Turquía y Reino Unido.
Fuentes del Ministerio de Hacienda a las que cita Europa Press han confirmado que pese a la recepción de la misiva el proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales continuará su tramitación parlamentaria en España y subrayan que el impuesto "no se fija en banderas ni contra ningún país". También inciden en que se trata de una iniciativa que sigue los trabajos iniciados por Bruselas.
Una norma transitoria en España para recaudar 968 millones
Durante su intervención en el Congreso para defender el nuevo tributo, la propia María Jesús Montero explicó que el objetivo es gravar a compañías "que pueden tener actividad en un país sin tener presencia en él", aportando actualmente "escasa o nula tributación", al tratarse de "grandes empresas multinacionales que apenas contribuyen en los países donde generan beneficios". Resaltó que esta norma tendrá "carácter transitorio hasta que se apruebe una normativa a nivel mundial o al menos europeo" y recordó que ya ha entrado en vigor en otros países como Reino Unido, Francia, Italia, Austria o Hungría.
De hecho, aunque su liquidación se prevé trimestral, está previsto que de manera excepcional no se realizará en el primer año hasta, al menos el 20 de diciembre de 2020, lo que permite dar margen para que se logre un acuerdo internacional en el marco de la OCDE y el G20 y un mayor tiempo de adaptación a las empresas, que tendrán que hacer frente a un único pago este año a final del ejercicio.
En concreto, la 'Tasa Google' gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. El Gobierno de Pedro Sánchez calcula que el nuevo tributo permitirá recaudar 968 millones de euros. Esto, según la previsión realizada el pasado 18 de febrero, antes de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, que fue cuando recibió luz verde por parte del Consejo de Ministros.
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