Yolanda Díaz está estudiando la posibilidad de prohibir las bajadas de sueldos para evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo mientras dure la crisis energética. La vicepresidenta está diseñando un paquete de medidas de ámbito laboral y tiene sobre la mesa varias opciones, además de limitar la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de manera unilateral por parte de las empresas, tiene a su disposición un abanico de posibilidades que está valorando: desde aprobar ayudas directas para parados, pensionistas y trabajadores con sueldos bajos hasta imponer la prioridad de los mecanismos de flexibilidad interna frente a los despidos.
Todas son propuestas del sanedrín económico que reunió la vicepresidenta motu proprio el pasado miércoles en la Biblioteca Nacional. Medio centenar de economistas convocados por Díaz a un acto reservado, a puerta cerrada, al estilo 'Chatham House', como son las reuniones del Club Bilderberg, en las que se puede utilizar lo hablado pero no atribuir la fuente. La vicepresidenta acudió al encuentro con papel y boli y tomó notas de las recetas que allí se plantearon para mitigar los efectos socioeconómicos de la crisis energética agravada por el conflicto bélico desatado en suelo europeo por la invasión rusa de Ucrania. Según revelan algunos de los asistentes a La Información, Díaz recopiló las medidas que le parecieron más acertadas para el diseño de su plan de choque laboral, con la intención de elevarlas al Gobierno.
Díaz, rodeada de su plana mayor. A su izquierda, su asesor de cabecera, Manuel Lago, y Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales. A su diestra, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y el secretario de Estado de Empleo y mano derecha de la vicepresidenta, Joaquín Pérez Rey. En frente, un 'consejo de sabios' designado ad hoc para compartir recetas anticrisis. El formato, asambleario. Dos círculos concéntricos de sillas en un amplio salón custodiado por dos enormes lámparas de cristal que cuelgan del techo. Lago, tarjetas amarilla y roja en mano. La primera, para avisar al interlocutor de que le queda un minuto de intervención. La segunda, para 'expulsarle' -aunque no se llegó a este extremo- por hacer un uso abusivo de la palabra (el tiempo máximo se estipuló en 5 minutos por interviniente).
Si algo quedó patente durante el cónclave fue la sensación de urgencia generalizada. Frente a la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha optado por esperar al Consejo Europeo para terminar de perfilar el plan nacional contra el impacto de la guerra que llevará al Consejo de Ministros el 29 de marzo, los expertos convocados por Díaz coincidieron con la vicepresidenta en que la situación es de extrema gravedad y hay que tomar medidas cuanto antes. El tema estrella: la inflación. Y de nuevo, consenso en una teoría: el problema no se soluciona con bajadas generalizadas de impuestos. Al contrario, la solución pasa por adoptar medidas "granulares" o "quirúrgicas". Son algunos de los adjetivos que se emplearon para definir la estrategia ideal de reparto equitativo y justo de los costes que, inevitablemente, tendrán que asumir la población española y el tejido productivo patrio para hacer frente a la crisis energética.
En el ámbito puramente energético, hubo coincidencia también respecto a la necesidad de reformar un mercado deficiente, esencialmente desacoplando el gas de la factura de la luz. Pero también se respiró cierto consenso en defensa de la cruzada que mantiene la propia Díaz contra los beneficios extraordinarios de las grandes empresas del sector. Se llegó incluso a la conclusión de que estas compañías se están convirtiendo en "extractoras de rentas de la sociedad", en lugar de generadoras de valor añadido. Los expertos también se alinearon en destacar, no obstante, que la guerra no ha hecho más que agravar un problema preexistente, pues la escalada de precios en España comenzó hace ya meses. El problema es que ahora se ha desatado y el shock de oferta inunda casi todos los ámbitos de la vida cotidiana. No son solo los desorbitados precios de carburantes o la luz; es la escasez de aceite de girasol, de cereales, de leche... o de pescado en las lonjas.
Los economistas trasladaron a Díaz que son necesarias medidas urgentes, también en el ámbito laboral, política que ella misma pilota dentro del Gobierno de coalición como ministra de Trabajo. Y aquí señalaron varias medidas de las que tomó nota la vicepresidenta. Para empezar, se planteó la posibilidad de suspender -de manera temporal, mientras dure la crisis energética- o al menos limitar el alcance del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que permite a los empresarios modificar las condiciones laborales del trabajador de manera unilateral, entre ellas el salario. La limitación de este apartado de la legislación estuvo sobre la mesa de negociación de la reforma laboral, pero finalmente se quedó fuera de la ley estrella de Díaz por el rechazo de la patronal. Ahora sería un buen momento para recuperar esa demanda sindical e impedir rebajas de sueldos que mermen el poder adquisitivo de la clase trabajadora, según los expertos.
Esa no fue, sin embargo, la medida más aclamada. Una de las soluciones que aglutinó más respaldo en la mesa redonda y suscitó el interés de la vicepresidenta por considerarla muy acertada para dar respuesta a la situación actual fue la posibilidad de aprobar ayudas directas para los más vulnerables. ¿Cómo? Frente a soluciones como los bonos sociales o los cheques, que colocan todo el peso de la carga burocrática sobre los hombros de los ciudadanos y pueden llevar a la administración al colapso (como sucedió, de hecho, con el Ingreso Mínimo Vital en los primeros compases de su vigencia), los expertos propusieron una rebaja directa en las cotizaciones sociales a cargo del trabajador, de manera que ese 6,35% que la empresa aporta a la Seguridad Social en concepto de cotización pase directamente al bolsillo del trabajador como parte de su nómina mensual.
No sería, en cualquier caso, una rebaja generalizada de cotizaciones sociales, sino aplicada de manera quirúrgica a partir de un umbral para los sueldos más bajos. Sería financiado con los Presupuestos Generales del Estado vía préstamos a la Seguridad Social e implicaría, según algunos cálculos, un bono de unos 300 euros anuales, modulable en función del sueldo. También podría aplicarse a las nóminas de los parados y a los perceptores de pensiones mínimas no contributivas, ya que todos estos beneficiarios están perfectamente localizados por el Estado y sería la manera más directa y efectiva de acceder a ellos y proporcionarles una ayuda de emergencia. Sin embargo, aquí no figuran otros colectivos vulnerables como los parados de larga duración que ya han agotado la prestación, por lo que también se valoró la opción de actuar de manera quirúrgica mediante el sistema impositivo, a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
No sería una rebaja generalizada de las cotizaciones, sino aplicada de manera quirúrgica para los sueldos más bajos
No fueron las únicas recetas que se plantearon en materia laboral. El comité de sabios coincidió en que el bautizado por el Gobierno como "pacto de rentas" no puede limitarse a los salarios y es necesario profundizar en aspectos de la reforma laboral recién aprobada. Además del veto temporal a las bajadas de sueldos, hubo otra medida que suscitó incluso más consenso entre los presentes. En concreto, los expertos y expertas plantearon a Yolanda Díaz la posibilidad de incorporar a la regulación, también de manera definida mientras dure la crisis, la prioridad de los mecanismos de flexibilidad interna frente a los despidos, de manera que las empresas estén de algún modo obligadas a pasar primero por un ERTE o un RED antes de recurrir al despido de plantilla. Aquí coincidieron en destacar la eficacia de estas herramientas durante la pandemia y su capacidad para evitar la destrucción masiva de puestos de trabajo en tiempos de crisis.
Quién es quién
La vicepresidenta tomó buena nota de estas y otras medidas que se pusieron sobre la mesa. La capacidad de absorción de ideas y síntesis posterior que demostró llamó la atención de alguno de los asistentes, que explica cómo Díaz se pasó tres horas cogiendo apuntes para después hacer una síntesis bien hilada con todas las soluciones planteadas. Síntesis que le servirá para elevar un plan de choque al Consejo de Ministros. La vicepresidenta trasladó la importancia de escuchar a los que saben para acertar en el despliegue de las políticas que son necesarias en un momento de extrema gravedad como el que atraviesa el país. También animó a los expertos a continuar trabajando de manera conjunta, a organizarse por áreas y remitirle propuestas en los próximos días. "Un proceso de escucha activa, con humildad, empatía y sentido práctico que es de valorar en un gobernante con capacidad de actuar sobre el Boletín Oficial del Estado", valoran desde el grupo de sabios.
Entre este selecto comité económico al que sondeó Díaz se encuentran profesionales de muy diversa índole. Un sanedrín plural, de reconocido prestigio, que quiso encontrarse con la vicepresidenta segunda, aunque fuera sin luz ni taquígrafos, para aportar su granito de arena al plan de choque contra el impacto de la guerra. El economista jefe de BBVA, Jorge Sicilia; los especialistas en energía Natalia Fabra y Jorge Fabra; Carles Manera, consejero del Banco de España; Antonia Díaz, profesora de la Universidad Carlos III; el director de coyuntura de Funcas, Raymond Torres; el director del gabinete económico de CCOO, Carlos Martín; Daniel Fuentes, exmiembro de la oficina económica de Moncloa y en la actualidad al frente de KREAB Research; Nuria Badens Pla, asesora en el Instituto de Estudios Fiscales... o Inmaculada Cebrián, presidenta de la comisión asesora del Ministerio de Trabajo sobre el salario mínimo, son solo algunos de los nombres del elenco seleccionado por Díaz.
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