"A la espera de una rectificación, los empresarios españoles rechazamos la interlocución con el Ministerio de Trabajo por entenderla tramposa y contraria a la buena fe". Con esas palabras, las patronales CEOE y Cepyme anunciaban este miércoles su ruptura con Yolanda Díaz por haber pactado con EH Bildu una enmienda a la Ley de Empleo para elevar el control de la Inspección de Trabajo sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE). Pero lo cierto es que la vicepresidenta puso en marcha esta iniciativa para proteger a los trabajadores de los despidos colectivos hace ya más de un año.
En concreto, como se informó en estas páginas, a finales de 2021, Yolanda Díaz, como máxima responsable del Gobierno en el área de las relaciones laborales, dio el visto bueno al Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023, un amplio documento que, en palabras de la vicepresidenta, venía a "cambiar el paradigma" de este organismo, elevando sus funciones de control sobre determinados aspectos de las relaciones laborales, como los despidos colectivos o las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo más lesivas para los trabajadores.
Específicamente, el Plan de la ITSS, en su Objetivo 14, refuerza "el papel del informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los procedimientos de despido colectivo y de suspensión y reducción de la jornada de trabajo". Hay que recordar que, tras la reforma laboral de 2012, la regulación de los despidos colectivos varió sustancialmente y, entre otros aspectos (como la eliminación de la autorización administrativa), modificó el alcance de la intervención de la Inspección en la tramitación de los ERE y le atribuyó, fundamentalmente, una labor de comprobación de la aportación de la documentación exigida y del desarrollo del periodo de consultas.
Pues bien, en el citado Plan, que está vigente, se considera "preciso volver a dotar a las personas trabajadoras de un sistema de protección frente a las medidas que implican la extinción, la suspensión del contrato de trabajo o la reducción de la jornada por causas económicas, técnicas organizativas o de producción que, en ausencia del mecanismo de autorización administrativa previa, solo puede realizar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social mediante informe a la autoridad laboral y, en su caso, la jurisdicción social en los supuestos de impugnación". Y también se estima "conveniente" llevar a cabo una modificación normativa para que la jurisdicción mercantil solicite el correspondiente informe directamente a la Inspección.
El Plan de la ITSS ya reforzó el papel del informe de la inspección en los ERE
En su momento, los empresarios ya cargaron contra el Ministerio de Trabajo por incorporar esta iniciativa en el Plan de la Inspección. Concretamente, consultadas por este medio, fuentes de la CEOE denunciaron que el texto no había sido consultado con los agentes sociales y que Yolanda Díaz había modificado las funciones de la Inspección de Trabajo "por la puerta de atrás", tal y como quedó reflejado en estas páginas. El movimiento de la vicepresidenta molestó sobremanera a las organizaciones empresariales porque en esos momentos estaban negociando la reforma laboral y las cuestiones relativas al incremento de los controles sobre los ERE que reclamaban desde el flanco sindical se sacaron de la mesa.
Por eso ahora sorprende la reacción de la patronal. Díaz dio ese primer paso hace ya más de un año y ahora lo que hace es especificar los términos en esa enmienda transaccionada con Bildu, PSOE y Unidas Podemos. Así se culmina el plan para incrementar las competencias de la Inspección, por la vía de los informes, en el caso de que los ERE acaben en los tribunales. La cuestión ha estado en si la intervención de la Inspección en estos procedimientos debía limitarse a una mera comprobación documental o podía ir más allá, valorando las causas alegadas por la empresa. Muchos informes de la ITSS entraban a valorar la mayoría de los extremos implicados en estos procesos, no únicamente los aspectos formales, pero esa actuación ha resultado jurídicamente cuestionable por la falta de previsión normativa expresa.
Ahora el Ministerio, a través de esa enmienda, modifica el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores para establecer que la autoridad laboral recabará "con carácter preceptivo" el informe de Inspección de Trabajo, que "deberá ser evacuado en el improrrogable plazo de quince días desde la notificación a la autoridad laboral de la finalización del periodo de consultas y quedará incorporado al procedimiento". Ese informe, "además de comprobar los extremos de la comunicación y el desarrollo del periodo de consultas, se pronunciará sobre la concurrencia de las causas especificadas por la empresa en la comunicación inicial, y constatará que la documentación presentada por esta se ajusta a la exigida en función de la causa concreta alegada para despedir".
No se recupera la autorización administrativa
De este modo, ni se recupera la autorización administrativa en los ERE, ni el informe de la Inspección será vinculante. Simplemente se mejora el control en los procedimientos para proteger a los trabajadores afectados por despidos colectivos, tal y como se acordó en el Plan de la Inspección aprobado en noviembre de 2021. Por eso, en el Ministerio de Trabajo sorprende lo que califican como una "sobrerreacción" de la patronal, que en un duro comunicado consideró que la enmienda transaccional es una "traición" al acuerdo alcanzado en la reforma laboral e invalidó al departamento que pilota Yolanda Díaz "como interlocutor fiable".
Fuentes del entorno de Díaz interpretan que la patronal está escenificando el desacuerdo para preparar el terreno de cara a la negociación de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que previsiblemente arrancará la semana que viene, después de que los expertos del comité de Díaz presenten sus conclusiones. "Esto estaba en el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo, aprobado el 16 de noviembre de 2021, y en el acuerdo de Gobierno", insisten desde el Ministerio. Lo cierto es que los empresarios no tienen intención de apoyar una nueva subida del SMI, tal y como han venido trasladando en las últimas semanas, pero al reelegido presidente Antonio Garamendi le interesa marcar el perfil duro que le han venido reclamando sus socios en la patronal. Y en ese giro de guion enmarcan el comunicado de este miércoles fuentes de la propia organización empresarial.
Sin embargo, otras fuentes de la CEOE sitúan el contundente comunicado en un descontento "lógico" motivado por una "pérdida de confianza" en el Ministerio de Trabajo. Estas fuentes matizan que lo que aprobó Díaz hace un año fue una estrategia de la Inspección en la que se fijaban unos objetivos, entre ellos el de reforzar el papel del informe de la ITSS en los ERE, pero desde la patronal se entendió, en todo caso, como algo que se plantearía a futuro a la mesa de diálogo social -"Se propondrá la correspondiente modificación normativa", dice concretamente el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE)-. Precisamente porque en la negociación de la reforma laboral se acordó dejar fuera este asunto, los empresarios acusan a Díaz de saltarse el diálogo social y por ello justifican su golpe en la mesa.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios