El CSN prepara la cuarta renovación de una central nuclear más allá de 40 años

Los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) trabajan en la cuarta renovación de explotación  para una central nuclear más allá de los 40 años: la central de Ascó, situada en Tarragona y propiedad de Endesa.  Aunque en España no existe un plazo legal que limite la vida útil de las nucleares, los 40 años se consideraron durante décadas el horizonte final ajustado al diseño de las instalaciones. Ese límite formó parte del programa socialista y de las recomendaciones del comité de expertos que presidió la actual vicepresidenta  Teresa Ribera en 2017. Los tiempos han cambiado. Lo urgente ahora es el examen de los dos grupos de generación que componen la central de Ascó. Es un  nuevo movimiento  tras las extensiones de vida útil -tres desde que se renovó el CSN en 2019- ya aprobadas para Almaraz, Vandellós y Cofrentes. 

La extensión de la vida útil de las nucleares es un asunto todavía polémico, pero clave para el cumplimiento de los planes de transición energética recogidos en el Plan Nacional Integrado de Energía Clima (PNIEC) hasta 2030.  También es fundamental para cumplir con el plan de cierres  negociado por el Gobierno de Pedro Sánchez con las eléctricas propietarias de las instalaciones. La energía nuclear fue en 2020, líder de generación con un 22,18 % del total, seguida de la eólica con un 21,8 % y por el gas con un 15,5%, según los datos de Foro Nuclear.

El calendario pactado por el Gobierno y las eléctricas  para el cierre del parque nuclear prevé los cierres de los dos grupos de Almaraz en 2027 y 2028 y los de Ascó (I y II) en 2029 y 2030.  Si se cumple lo previsto, a finales de 2030 se habrán clausurado hasta cuatro plantas. Para los cinco años siguientes quedarían Cofrentes,  Vandellós  y Trillo, la más reciente (1988), que echaría el telón  nuclear en España.

El apagón definitivo

Mientras llega el apagón definitivo, el CSN cubre etapas. El cuerpo técnico del supervisor nuclear trabaja ya en la renovación de Ascó I y Ascó II. El primer grupo entró en operación en diciembre de 1984 y el segundo en 1986. En los dos casos, la autorización de explotación vigente finaliza en octubre de este año. Por eso, el informe del CSN tiene que estar listo antes de septiembre, aunque es probable es que el proceso se acelere en las próximas semanas. Una vez se apruebe, todas las centrales en operación -salvo Trillo, cuya renovación no se planteará hasta 2024-tendrán el camino abierto para superar  los 40 años de vida planteados en su diseño.

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Con centrales con más de 40 años de operación, Enresa, la empresa pública encargada de gestionar los residuos nucleares, tiene más tiempo para hacer colchón con la tasa que pagan las eléctricas (7,98 euros MWh) para financiar los cierres. El problema no es fácil de resolver. El coste del desmantelamiento de las centrales es un coste fijo. Es independiente de los años de vida que esté operando la central y hay que añadirle, además, el coste total de gestionar material radiactivo que, por el contrario, sí depende de los años de vida que esté en funcionamiento la instalación.

En estos momentos, todavía existe un gran desfase entre el dinero disponible para hacer frente al  desmantelamiento y lo que exige el proceso. España no está todavía bien preparada: la financiación disponible no alcanza el 30% de la necesaria. El porcentaje es el más bajo de los nueve países europeos occidentales para los que se dispone de información y solo los antiguos países del Este presentan porcentajes inferiores. La empresa pública encargada de gestionar los desmantelamientos, Enresa, ha recaudado de las eléctricas más de 6.000 millones, pero necesita más de 19.000 para un desmantelamiento completo que se extendería hasta 2085.

Subida de tasas

Para cubrir el déficit, el Gobierno aprobó una subida de las tasas nucleares a las eléctricas a partir de enero de 2020. La subida ha hecho crujir las estructuras. Foro Nuclear, la asociación que agrupa a eléctricas y empresas con intereses en el sector, ha pedido revisar la fiscalidad que grava la generación nuclear para garantizar su viabilidad. La referencia es la negociación del Gobierno francés con la Comisión Europea para que autorice a las centrales francesas -58 reactores que suministran el 70% de la electricidad- el cobro de un precio fijo de entre 45 y 50 euros MWh que cubra sus costes.

Las empresas presionan para que el Gobierno abra la mano si quiere que los planes se cumplan sin sobresaltos. Según el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, en 2020 los impuestos y tasas pagadas por las centrales se situaron en torno a los 21 euros MWh. Esa cantidad supuso el 61% de los ingresos del mercado. Con el 39% restante, las instalaciones sólo cubrieron una parte de los costes operativos, pero nada de las amortizaciones de inversiones. La conclusión de las empresas: la situación no es sostenible y el calendario pactado hace dos años está en el aire.