Enagás, la compañía que gestiona la red de gas, con un 5% de participación pública a través de la SEPI, ha reabierto la polémica de las puertas giratorias entre la política y las empresas con la propuesta de nombramiento de los exministros socialistas José Montilla y José Blanco y el miembro del Observatorio Crítico de la Energía -vinculado a Podemos- Cristóbal Gallego. Los nombramientos, realizados a propuesta de la Comisión de Nombramientos de Enagás, que preside la exministra del PP Ana Palacio, tendrán que ser ratificados en una próxima junta. En 2019, los consejeros de Enagás cobraron 100.000 euros como retribución fija, más 30.000 euros por asistencia, al margen de otras retribuciones por trabajos en comisiones.
La propuesta para sumar nuevos consejeros con pedigrí político a una compañía que depende básicamente de ingresos regulados por el Estado se produce en un momento importante para el futuro de la sociedad. Justo cuando el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos ha aprobado y enviado al Congreso un proyecto de ley, el de Cambio Climático, que aumenta el control sobre las operaciones de Enagás y también sobre las de Red Eléctrica de España (REE), presidida desde enero por otra exministra socialista, Beatriz Corredor.
El proyecto de ley trata de atar más en corto a las empresas reguladas y cubrir el resquicio legal que permite a los operadores de las redes de electricidad y gas comprar empresas sin comunicarlo previamente a la CNMC. Es un punto clave para el futuro de unas compañías con una fuerte presencia de inversores institucionales y fondos de inversión. En ese contexto, la labor de consejeros con buena entrada política -formalmente consejeros independientes- puede ser importante.
Transición energética
Los tres nuevos consejeros "saben de energía" aseguran las fuentes empresariales consultadas. Montilla fue ministro de Industria entre 2004 y 2006 y José Blanco, exparlamentario europeo, tuvo un papel importante como ponente en la gestión y aprobación de la directiva europea de energías renovables. También sabe de energía el consejero propuesto cercano a Podemos Cristóbal Gallego. De hecho, la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, contó con él en la comisión de transición ecológica que puso las bases de la actual política energética de Pedro Sánchez.
Pero la polémica está servida. La incorporación de políticos a las grandes empresas, y especialmente a las energéticas, ha generado siempre mucha controversia. Los fichajes de los expresidentes José María Aznar -asesor externo de Endesa durante una época- y Felipe González -consejero de Gas Natural entre 2010 y 2015-enconaron un debate en el que el secretario general de Unidas Podemos y actual vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias fue especialmente crítico. Ni siquiera bajó el tono del debate el hecho de que tanto Aznar como González hubieran sido fichados muchos años depués de abandonar La Moncloa. Las propuestas de Podemos fueron prohibir las puertas giratorias entre los cargos públicos y los consejos de administración y la creación de una empresa energética pública para competir "con el oligopolio".
Los nuevos fichajes de Enagás, si son ratificados finalmente, gestionarán una etapa de cambios en una compañía presidida por un superviviente nato, Antonio Llardén, con 13 años de presidencia a sus espaldas. Llardén fue nombrado en la etapa de Gobierno de Rodríguez Zapatero y ha sabido navegar entre las aguas de los intereses públicos y las exigencias de rentabilidad privadas con mucha habilidad. No obstante, apoyado en una buena gestión, se mostró muy combativo el pasado año contra las propuestas de recortes a las actividades reguladas en el sector de la energía de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).
Recortes y retribución
Ahora, las cosas han cambiado. Las propuestas de nombramientos para el consejo así lo muestran. La CNMC ha fijado la retribución del conjunto de las actividades de transporte y regasificación de Enagás para el periodo regulatorio 2021-2026 en 5.920 millones, con un recorte del 10,5%. La norma ha pasado los filtros del Consejo del Estado y del Gobierno, y eso ha sido suficiente para la compañía, que ha renunciado a la pelea.
La incorporación de Montilla, Blanco y Gallego al consejo de Enagás asegura a la vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera puntos de apoyo importantes de cara a la transición energética si fuera necesario. Todo para evitar situaciones incómodas como la protagonizada a principios de año por otro exministro de Zapatero -Jordi Sevilla- en Red Eléctrica de España (REE).
Sevilla acabó su mandato de año y medio con un portazo y denunciando injerencias de Ribera en su gestión. Todo eso es pasado. En la reciente junta de REE, la sustituta de Sevilla, Beatriz Corredor, mostró su total alineamiento con los planes de transición energética del Gobierno con el fin de "en el horizonte de 2030, empoderar al 100% de la sociedad en una acción activa para la transición energética". Corredor asumió el discurso de Ribera de la a a la zeta. Las piezas están dispuestas tanto en REE como en Enagás. Otra cosa es la polémica de las puertas giratorias.
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