El PNV se alinea con Galán y enmienda el ajuste del CO2 para corregir a Ribera

Desde que la crisis de la luz se convirtió en un asunto de Estado, el PNV ha manifestado abiertamente sus recelos a la reforma eléctrica impulsada por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. La decisión de Iberdrola de frenar sus inversiones en España por el plan de choque eléctrico fue la chispa que incendió al socio prioritario del Ejecutivo. Pero no ha sido hasta este miércoles cuando el partido vasco ha mostrado todas sus cartas. El PNV ha planteado en el Congreso una enmienda al proyecto de ley de minoración del dividendo del CO2, a la que ha tenido acceso La Información, que de ser incorporada dejará prácticamente sin efecto el polémico Real Decreto-ley 17/2021 para frenar la escalada de precios de luz y gas.

El proyecto de ley de minoración de los beneficios del CO2 es la norma que se encuentra más avanzada, en cuanto a su tramitación parlamentaria, de las que el ministerio energético ha puesto en marcha contra la crisis de la luz. Esto ha convertido a la citada norma en el principal as en la manga del Ejecutivo para aliviar el hachazo a las grandes eléctricas. Tal fue el compromiso que Ribera suscribió en el hemiciclo. Los técnicos de la cartera que dirige la vicepresidenta tercera han reconocido que se encuentran trabajando en una solución jurídica que permita desenredar la madeja regulatoria del 'decreto Ribera'.

Dado el alcance de la enmienda presentada por el partido vasco, la polémica del 'mordisco' a los ingresos de las eléctricas podría llegar a resolverse sin necesidad de que Transición Ecológica pise, otra vez, terreno pantanoso. Entre las enmiendas del PNV al articulado del proyecto de ley de minoración del dividendo de carbono, se incluye un apunte al artículo 3 de dicha norma que pide que el recorte se limite a las instalaciones "cuya retribución se fije con referencia al precio determinado en el mercado mayorista eléctrico", o lo que es lo mismo, el partido liderado por Aitor Esteban pide excluir del hachazo a todos los contratos bilaterales (PPAs en el argot), sin distinción.

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Estos acuerdos de suministro de energía a largo plazo fijan el precio de venta sin incorporar la volatilidad del mercado diario (pool en la jerga). Bien de mutuo acuerdo entre las partes, bien a través de procesos competitivos como pueden ser las subastas. El real decreto ley de la discordia, que el Congreso convalidó el 14 de octubre, incluye un umbral de precios marcado por el Ejecutivo, si la compañía cobra por encima de ese listón, está obligada a devolver la diferencia al Estado. "También se minorará la energía vendida fuera del mercado diario, a través de contratos bilaterales", reza el real decreto. La frase lanzó a las trincheras a todas las empresas del sector, incluidas las renovables.

Transición Ecológica maniobró para calmar las aguas con una nota aclaratoria dirigida a Red Eléctrica (REE), responsable de pasar la factura a las empresas a final de mes, que el ministerio eliminó de la página web solo unas horas después de ser compartida. A cambio, el departamento publicó un documento que, entre otras cosas, salvaba del recorte a todos los PPAs, excepto los suscritos por una generadora y una comercializadora del mismo grupo. El parche, por tanto, limitaba el golpe a los gigantes del sector y abrió la puerta a sus equipos jurídicos a sumar 'trato discriminatorio' a la lista de reproches en una posible batalla legal contra el Ejecutivo. 

En lugar de con una aclaración legal, Ribera intentó rebajar la crispación con una ronda de contactos con los máximos ejecutivos de las cuatro mayores eléctricas del país (Endesa, EDP, Acciona, Naturgy e Iberdrola, por orden de llamada). Estos encuentros, a puerta cerrada, motivaron un cambio de actitud en la ministra, quien se avino a suavizar el rejonazo a las eléctricas. La tregua entre Ribera y el 'Ibex eléctrico' puso a la ministra en una encrucijada. Las eléctricas alegaron que el 73% de toda la energía que se negocia diariamente en España se encuentra bilateralizada. Excluir todos los PPAs del recorte supondría neutralizar el real decreto hasta dejarlo morir. 

Esto es, precisamente, lo que ahora reclama el PNV con su enmienda al articulado del recorte del CO2. El partido vasco no ha sido ni mucho menos el único que ha presentado alegaciones a esta norma, que fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado junio. BNG, PDCAT, Ciudadanos, PP y el Grupo Parlamentario Republicano también han planteado sus enmiendas. Algunos como el partido nacionalista gallego y el PDCAT coinciden con el PNV en suprimir el artículo 3. La formación 'naranja', por su parte, incluye matices en caso de los contratos bilaterales sellados entre compañías del mismo grupo empresarial. La formación que lidera Pablo Casado, por contra, mantiene el recorte a los contratos intragrupo. La Comisión de Transición Ecológica votará las enmiendas en las próximas semanas.

Fuera de la Cámara, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se ha convertido en el gran oponente para la política energética de Ribera. La pugna entre el primer ejecutivo de la eléctrica y Moncloa llegó a su cénit cuando, a principios de este mes, la compañía fichó al socialista Antonio Carmona como nuevo vicepresidente de la firma en España. En Ferraz vieron este movimiento como una estrategia para erosionar al Gobierno. Galán lanzó su último órdago este jueves, después de que el Congreso sellase las 57 páginas de enmiendas al recorte del CO2. El salmantino se comprometió a mantener los precios eléctricos a sus clientes industriales, siempre y cuando Moncloa retire el polémico real decreto ley, que podría quedar en papel mojado si los ajustes del PNV logran el visto bueno de la Comisión.