5.124 afectados. Ese es el "excedente" de puestos de trabajo que Telefónica ha puesto sobre la mesa en esta primera semana de negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Incluso descontando la reducción de la cifra final tras las conversaciones con los sindicatos y el potencial reparto en diferentes ventanas anuales, la operadora tendrá que afinar en las condiciones económicas para elevar al máximo la voluntariedad en el plan, dado el porcentaje de adhesión de planes anteriores. En la plantilla existe cierta inquietud ante la posibilidad de que la empresa ponga sobre la mesa medidas forzosas para trabajadores más veteranos que han reiterado su negativa a sumarse a estas bajas en el pasado.
En el último plan de suspensión individual (PSI), el 80% de los nacidos en 1967 (55 años) se presentaron voluntarios para salir. Sin embargo para aquellos mayores el porcentaje fue de apenas el 26%. De los casi 3.000 potenciales beneficiarios se sumaron 2.420, aunque finalmente se aceptaron algo más de 2.300 debido a los vetos que se plantearon en áreas críticas. No hubo salidas forzosas, entre aquellos más veteranos que decidieron no sumarse al plan y aprovechar la ventana para salir. Ahora, la compañía debe seducir a estos últimos, especialmente en áreas que van a ser seriamente afectadas por cambios tecnológicos como la de operaciones con el cierre de las centrales de cobre.
El objetivo de la compañía es que la voluntariedad siga siendo el criterio mayoritario, explican fuentes conocedoras de las negociaciones. Pero al haber elegido un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), la posibilidad de exigir la salida de los más veteranos sobrevuela en la compañía. Para evitar que esto suceda, las ventajas fiscales del despido colectivo podría beneficiar a este grupo para tomar la puerta de salida -más cercana con la jubilación-. Pero, según explican fuentes sindicales, todo dependerá de las condiciones económicas que se pongan sobre la mesa en cuanto a indemnización (que supliría la renta del PSI hasta la jubilación). Esperan que sean mejores precisamente para lograr un nivel de adhesión relevante.
Hay actividades que están condenadas a su práctica extinción en la compañía. Una tiene que ver con las centrales de cobre. Aunque siga existiendo un pequeño equipo vinculado, la práctica totalidad de la plantilla destinada al mantenimiento y otros trabajos deben salir o recolocarse. La compañía habló en el 'Investor Day' del apagado de las redes 2G y 3G durante los próximos años. El foco está en esas áreas, mientras que otras vinculadas a servicios digitales, tecnología, nuevos verticales, ventas a empresas o el negocio mayorista no tendrían puestos 'sobrantes' para la compañía. Queda por ver cómo se configura esto tras la negociación colectiva.
Lo que resulta claro es que cuanto más traumático sea el despido colectivo, más riesgo hay de poner en cuestión la 'paz social' de la empresa a las puertas del centenario. La empresa buscará, según explican fuentes conocedoras, reducir al mínimo las salidas forzosas en caso de que las haya. Tanto CCOO como UGT han insistido antes de iniciar la parte mollar de la negociación en que parten de la base de que sea voluntario y universal. No lo han marcado expresamente como línea roja en las conversaciones que arranquen en unos días.
Una de las claves radica en que la empresa se refiere en todo momento a "excedente" de puestos de trabajo y no de empleos directamente. Los sindicatos se agarran a esto para lograr reducir el impacto final con recolocaciones, formación para empleados y otras medidas. Desde la empresa contemplan estas medidas. En un primer momento se habló de una previsión de unas 3.000 salidas, aunque otras fuentes hablan de que podría acercarse al entorno de las 4.000 pero en varias ventanas anuales. Sea como sea, estos movimientos de personal también necesitarían de cierta voluntariedad.
Movilidad geográfica a debate
Precisamente la potencial movilidad geográfica de los trabajadores es un punto 'caliente' en la negociación del nuevo convenio colectivo, cuyas reuniones se producen en paralelo. Como era previsible, la empresa lo ha puesto sobre la mesa para tratar de blindar todos esos movimientos, en caso incluso de que no hubiera voluntariedad. Pero desde los sindicatos la respuesta ha sido contundente. UGT salió al pasado el pasado lunes, tras el primer planteamiento de la empresa, para asegurar que la garantía de movilidad no forzosa es una de las 'líneas rojas' que no estaban dispuestos a traspasar para el nuevo marco de relaciones laborales del grupo. Sin que esa puerta se abra, se permitirían las reubicaciones forzosas entren en liza.
El panorama está aún muy abierto, a falta de conocer las condiciones económicas y la 'letra pequeña'. El próximo lunes 11 de diciembre se pondrá negro sobre blanco sobre las grandes cifras más allá de ese 'excedente' laboral de más de 5.100 puestos. Las condiciones económicas serán claves. Éstas se han mantenido sin grandes cambios en los últimos PSI y en el propio ERE de 2011 -rentas de en torno al 68% hasta la jubilación-, aunque el impacto por empleado para la empresa se ha ido reduciendo progresivamente debido a los salarios más bajos de los afectados. La plantilla sigue en vilo.
