Una negociación de un convenio 'exprés' para tratar de apretar a la compañía en las condiciones 'vendiendo cara' la firma del ERE a cambio de mejores condiciones en el texto del tercer CEV. Los sindicatos y Telefónica arrancan este jueves las conversaciones para pactar las condiciones sociales de los 16.000 empleados adscritos a las tres principales filiales en España para los próximos tres años. Las organizaciones vinculan la firma del nuevo texto con el del despido colectivo, para evitar un empeoramiento de los planteamientos. La operadora tiene la presión de blindar la paz social justo en el año de la celebración del centenario, pero con el objetivo de cumplir con los ajustes de costes prometidos en el plan estratégico, que ascendían a unos 600 millones de euros entre todos los capítulos.
El convenio actual, que tras cumplir la vigencia fue prorrogado por dos años hasta este diciembre, se negoció ya en un tiempo récord. La primera reunión tuvo lugar a finales de junio de 2019 y se acordaron todos los extremos, con un plan de suspensión individual (PSI) presentado en mitad de las conversaciones, a finales de septiembre. Apenas dos meses de encuentros con el mes de agosto de por medio en el que todo se paró. Ahora, el tiempo de conversaciones se va a reducir prácticamente a la mitad, según explican fuentes sindicales a La Información. Y la culpa la tiene el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) puesto sobre la mesa por parte de la compañía.
Es la primera ocasión en la que el plan de reducción de plantilla se propone antes de que arranque la negociación colectiva como tal. Lo que ocurrió en el ejercicio 2019 y también en 2015 es que la empresa lo planteó en mitad de las conversaciones. Además, el plan de suspensión no tiene un tiempo estipulado de consultas, como sí ocurre con el ERE, por lo que se puede alargar más. Esto ha llevado a los sindicatos a buscar una negociación en paralelo entre los dos frentes, haciendo la mayor presión posible para vincular ambas pactos, apuntan las mismas fuentes. Ese es el intento de mantener una posición de fuerza.
Tendrá que haber acuerdo en la primera semana del mes de enero. Las tres mesas de negociación para los despidos colectivos de las filiales de la teleco (Telefónica España, Móviles y Soluciones) se constituirán el próximo día 4 de diciembre, por lo que como máximo tendrá que haber una luz verde al ERE antes del 4 de enero. En esta estrategia de los sindicatos, el objetivo es que haya un texto pactado antes de esa fecha. Hay varias líneas rojas, pero la principal tiene que ver con la estructura salarial de la plantilla y, concretamente, la cláusula de revisión.
Esa cláusula se incluyó en el primer convenio en 2015 y se consolidó en 2019, pero con una salvedad: la revisión salarial se hace anualmente y no al final del periodo de vigencia. Permitió afrontar con más tranquilidad en la plantilla la fuerte subida del Índice de Precios al Consumo (IPC) vivida en el año 2021 y 2022. El pasado mes de enero se pactó un incremento de hasta el 7,8% -6,5% junto con un 1,5% correspondiente a 2023-, que supuso un impacto de unos 100 millones de euros. El próximo mes de enero se tendrá que hacer el ajuste, aunque la subida será sensiblemente menor porque la inflación está mucho más contenida. Desde los sindicatos defenderán que se incluya de nuevo.
Hay otras líneas rojas que tienen que ver con el régimen de garantías. Quieren mantener el compromiso de que la reordenación del trabajo por causas económicas, técnicas o de producción no será causa de baja en la empresa, con carácter forzoso. "Ninguna persona trabajadora de las mismas será adscrita con carácter forzoso, sin previo acuerdo con la representación de los trabajadores", apunta el texto. A esta garantía se suma la de no movilidad forzosa o la contratación de dos personas por cada una cuyo contrato se extinga por aplicación de una jubilación obligada.
Al margen de esos pilares principales, los sindicatos buscan mejoras vinculadas con la ampliación de beneficios sociales y del teletrabajo; la puesta en marcha de una deslocalización real del trabajo en provincias lejos de los grandes núcleos de actividad; la puesta en marcha de una jornada de 35 horas semanales con una mejora de la jornada semanal flexible, o la ampliación de los permisos retribuidos. Por su parte, la empresa ha planteado entre otras cosas la medición de la productividad y la revisión de la clasificación profesional -una propuesta que se ha ido planteando en los últimos años sin que se haya abordado- con un mayor control de absentismo o la revisión del régimen de garantías.
Riesgo de división en el ERE
En el otro frente laboral, el del ERE, quedan pendientes muchos flecos que pactar. En el seno de los sindicatos ha habido un debate interno muy intenso en los últimos meses sobre la idoneidad de mantener un PSI o ejecutar un despido colectivo. Había voces crecientes dentro de esa representación que abogaba por este último, debido a las ventajas fiscales -también desde la empresa puede presionar para ejecutar la salida de mayores de 60 años por sus condiciones económicas previas a la jubilación-. Pero no ha habido un posicionamiento unánime, según explican diversas fuentes conocedoras. Y precisamente esa falta de unión es uno de los grandes riesgos de este proceso de consultas que debe arrancar la próxima semana.
Son tres mesas con sus respectivas representaciones sindicales en cada una de ellas. Y existe la posibilidad de que se fijen posicionamientos diferentes. Desde UGT insisten en que ellos se comprometen a que exista unidad de acción por su lado en las tres negociaciones. Pero habrá que ver cómo evoluciona en el resto. Las organizaciones esperan que las condiciones finales sean relativamente similares a las pactadas en otros planes de bajas, donde se han barajado el pago de entre el 65% y el 68% de la renta -ya sea como indemnización por despido o como una renta por la suspensión del contrato-.
Serán dos negociaciones diferentes, pero muy vinculadas entre ellas. En 2011 también hubo un pacto 'in extremis' en un mes. El ERE de aquel año afectó a 6.830 empleados y obtuvo el voto favorable de 10 de los 13 miembros del comité intercentros en la consulta sobre ambos procesos. En aquel momento había necesidad de paz social. Pero en esta ocasión esa necesidad será mayor teniendo en cuenta que en los primeros meses de 2024 tendrán lugar los principales eventos de celebración del centenario.
