Lunes, 17.06.2019 - 15:28 h
Presunta manipulación de mercado

Afectados del Popular cercan a BlackRock por vender las acciones en plena debacle

Piden al juez una batería de diligencias, entre ellas requerir al fondo extractos bancarios para acreditar la titularidad de 115 millones de títulos.

AQR, Marshall Wace y BlackRock se juegan 770 millones en el mercado
Las acusaciones denuncian que el fondo provocó la ruina de los minoristas. / EFE 

Los afectados por la debacle del Banco Popular quieren que la investigación penal que sigue la Audiencia Nacional por estos hechos ponga el foco en la mayor gestora de fondos del mundo. Por ello han solicitado al magistrado José Luis Calama que requiera a BlackRock una batería de diligencias de cara a contrastar si el fondo en cuestión se deshizo de toda la cartera de acciones que poseía en el banco a sabiendas de cuál iba a ser su final. 

En su escrito, al que ha tenido acceso La Información y adelantado por 'Diario 16', uno de los querellantes hace alusión directa a la presunta manipulación del mercado que se investiga en una pieza de este macroprocedimiento. Según alega, la gestora de fondos, que cuenta con un patrimonio de 4,5 billones de euros y es uno de los accionistas de referencia del Santander, vendió en un tiempo récord las cerca de 115 millones de acciones que poseía del Popular poco antes de la resolución de la JUR.  

Por todo ello, recurren al titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 para que solicite a la gestora el historial completo y extractos bancarios de las acciones del Popular de las que fueron titulares desde el 1 de enero de 2017 hasta la resolución del banco en junio de ese mismo ejercicio. Además, quieren que acredite una relación detallada del número de acciones que prestaron de la entidad a fondos o inversores bajistas también relativas a ese período de tiempo y que justifiquen cuánto cobraron por este movimiento. 

Información privilegiada

"No es casualidad que una semana antes de la resolución del Popular la entidad BlackRock exigiera a los fondos bajistas que le devolvieran sus 115 millones de acciones del Popular con las que evidentemente obtuvo suculentos beneficios para, posteriormente, deshacerse de las acciones vendiéndolas en el mercado apenas dos días antes de la resolución, hundiendo la cotización", reza el escrito incorporado a la causa en el que se precisa que "con esta jugada" el fondo pasó de ser el titular del 4% de los títulos a reducir su participación a cero.  

Con todo, denuncian que existen un cúmulo de coincidencias que hacen sospechar que contaron con información privilegiada para provocar la ruina de los 305.000 accionistas del Popular, en sintonía con la tesis que mantienen algunos directivos del banco que ya trataron este asunto en los consejos de administración antes de su resolución y posterior venta al Banco Santander por un euro. De hecho, la entidad que preside Ana Botín entregó al magistrado instructor copia de una misiva enviada a finales de 2016 al entonces secretario del consejo, Francisco Aparicio Valls, en la que el exdircom de la entidad, Carlos Balado, advertía de filtraciones de información que calificó de "perniciosas, irresponsables y desconsideradas".

El documento apuntaba que algunos medios de comunicación se estaban haciendo eco de de informaciones "opuestas a la posición oficial e incluso contradictorias" a las que se supone que se tenían que hacer públicas. Por ello Balado advirtió que, pese a que se habían producido episodios similares en otras épocas, nunca habían sido "tan irresponsables y desconsiderados" por tratarse de un momento crítico para la entidad teniendo en cuenta que se produjo además en pleno relevo de la cúpula de la entidad tras la salida de Ángel Ron y la llegada de Emilio Saracho. 

El magistrado que comenzó investigando la causa, Fernando Andreu, imputó a los dos expresidentes en el marco de este macroprocedimiento que se centra en dos asuntos concretos: por un lado la ampliación de capital de 2.505 millones de euros en 2016 y, por otro, la presunta manipulación de mercado por la difusión de información falsa que provocó el desplome del valor de la cotización. 

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