El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y otros tres directivos de la compañía han sido imputados este miércoles por su presunta implicación en la contratación de las labores de espionaje del comisario jubilado José Manuel Villarejo entre 2004 y 2017, por los que se abonaron más de un millón de euros. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón señala en su auto que ya al principio de estas actividades presuntamente irregulares se manifestaron sospechas de que la cúpula directiva podría conocer que se estaban llevando a cabo las mismas. Tanto es así que, según el magistrado, el que fuera responsable de Seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo, ofreció al expolicía una relación comercial estable con “una iguala económica".
Para el juez, este dato avalaría que las relaciones entre Grupo Cenyt, empresas del comisario jubilado, e Iberdrola "no fueron esporádicas o puntuales, sino que tuvieron continuidad en el tiempo". Así lo subraya en el auto por el que ha citado a declarar como investigados al presidente de la compañía Ignacio Sánchez Galán, al que fuera jefe de Gabinete Rafael Obergozo, al expresidente de Iberdrola España Fernando Becker y al director general de negocios de la compañía, Francisco Martínez Córcoles, por el delito continuado de cohecho activo, otro contra la intimidad y por falsedad en documento mercantil en el marco de la pieza 17 de la macrocausa 'Tándem'.
La resolución del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, notificada este miércoles, detalla que la propuesta de Asenjo, investigado por ser el interlocutor de Iberdrola con Villarejo, tuvo lugar en septiembre de 2004, en una conversación en la que participó el comisario jubilado y su socio en Cenyt, Rafael Redondo. En dicho encuentro, según se recoge en un oficio policial, Asenjo preguntó a sus interlocutores cómo podrían establecer una relación comercial estable –“una iguala económica”-, añadiendo que ya habría convencido de la "bondad de esta idea" a alguno de sus jefes, en concreto al director general, que podría tratarse de Fernando Becker, que en aquella época era el director de Recursos Humanos y Servicios y que era su superior inmediato; y al director de generación, cargo que entonces ocupaba Francisco Martínez Córcoles. Fuentes cercanas a Iberdrola destacan que en ningún momento se determinó ni se hizo frente a dicha "iguala".
A lo largo de 22 páginas, el magistrado instructor relata todos los indicios que existen contra el presidente de Iberdrola, quien está citado a declarar el próximo 7 de julio, junto a Obergozo. Un día antes acudirán a la Audiencia Nacional los otros dos directivos imputados. En resumen, el juez cree que los servicios prestados por Villarejo, que en ese momento se encontraba en situación de servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía, fueron "ocultados mediante la manipulación de los conceptos que se hicieron figurar" en las facturas, los cuales eran "conocidos exclusivamente por Ignacio Sánchez Galán", y en el caso de algunos de los proyectos, también por los otros directivos, además de Asenjo.
Desde Iberdrola aseguran que las citaciones acordadas por el juez instructor son "una buena oportunidad" para que Sánchez Galán y los otros tres directivos puedan esclarecer "todas y cada una de las acusaciones que se han realizado y que hasta ahora no han podido ser respondidas en sede judicial". Cabe recordar, que la Comisión Ejecutiva Delegada del Consejo de Administración comunicó el pasado 25 de mayo en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que se ponía a disposición de la Audiencia Nacional a los "administradores y empleados" de la compañía, así como el propio presidente para despejar cualquier duda en relación con la investigación que se está llevando en el marco de esta macrocausa.
El juez se apoya en la declaración del ex 'controller' de Iberdrola
Para sustentar la imputación, el juez García Castellón da credibilidad a lo denunciado por el que fuera ex 'controller' de Iberdrola José Antonio del Olmo, que pasó de ser testigo a imputado. Pese a que la compañía eléctrica no da ningún valor al informe que redactó a finales de 2004 advirtiendo de irregularidades en las supuestas labores de espionaje encargados al comisario jubilado, ya que éste no se encuentra registrado internamente, el juez García Castellón dedica gran parte de su resolución a reseñar lo que éste explicó en sus declaraciones, así como en el documento que después depositó ante notario junto a otros dos testigos.
El que fuera responsable de Control Corporativo de Iberdrola señaló en ese informe, que se hizo público en diciembre de 2019, que Sánchez Galán y su equipo estaban al tanto de los pagos al expolicía por el bautizado como 'proyecto Arrow', unos trabajos que tuvieron lugar entre 2004 y 2006 para superar los obstáculos que estaban surgiendo en la construcción e instalación de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz). Según el juez, las afirmaciones de Del Olmo se han visto corroboradas por las manifestaciones en sede judicial del propio Asenjo, quien reconoció haber manipulado los conceptos de las facturas, contraviniendo así el protocolo interno del Grupo Iberdrola, al tratarse de "trabajos confidenciales".
En la época que tuvo lugar el 'proyecto Arrow', Sánchez Galán era vicepresidente de Iberdrola. En este periodo, Villarejo compaginó este encargo con los trabajos englobados en el 'proyecto Black Board' o 'B-B', que se desarrolló entre 2004 y 2005, y cuyo objeto estaba centrado en "conocer información de naturaleza sensible referida a actividades de Manuel Pizarro, a la sazón presidente de Endesa, tanto presentes como anteriores, que pudieran incidir en sus actuaciones futuras".
Las facturas sin pedido
Ya con Sánchez Galán al frente de Iberdrola desde 2006, Villarejo desarrolló otro trabajo para la compañía eléctrica, cuyas facturas, al igual que los casos anteriores, no seguían la normativa interna de la empresa, pues "no se encontraba asociada a pedido alguno", indica el auto. En 2009, se ejecutaron los denominados 'proyecto Gipsy' y 'proyecto Posy'. El primero, estaba dedicado a investigar a quien fue director de servicios generales de Iberdrola José María Álvarez Vázquez y al proveedor de la multinacional, Francisco Julián Gutiérrez Santiago. Todo ello por la sospecha de Iberdrola sobre posibles pagos de comisiones ilegales, extendiéndose también la investigación a las vinculaciones que el exdirectivo hubiera podido tener con Florentino Pérez. Así, en paralelo se desarrolló el segundo trabajo de espionaje centrado en presidente de ACS y su familia con el fin de conocer cualquier circunstancia que, llegado el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con Iberdrola.
Sobre este punto, el juez también pone de relieve en su auto unas anotaciones manuscritas de Del Olmo Ruiz, que según explicó en su declaración judicial, hacía referencia a dos facturas sobre las que el exjefe de Seguridad le había indicado que era "un trabajo del que solo tenía conocimiento Ignacio Sánchez Galán".
El último trabajo contratado con el Grupo Cenyt, el 'proyecto Wind', fue a finales del año 2011, pero en esta ocasión se hizo a través de Iberdrola Renovables Energía, S.A. Un encargo que se realizó en dos momentos diferentes: uno primero, al tiempo de su contratación, para espiar a la sociedad suiza Eólica Dobrogea y su accionista mayoritario Chrisopher Kaap, con quienes Iberdrola Renovables Energía se había aliado para poner en marcha una serie de proyectos en Rumanía y con quienes surgieron diferentes conflictos; y un segundo periodo, a partir de 2016, centrado en la localización de bienes de los anteriores objetivos para poder ejecutar el laudo arbitral que había sido favorable para la empresa española.
En total, por todos estos trabajos, el juez concreta que hay contabilizadas en Iberdrola 15 facturas recibidas y abonadas entre 2004 y 2012 por importe de 1.047.324 euros que esconden los servicios de Villarejo y que "no se encontraban amparadas en ninguno de los cuatro supuestos que hasta el año 2013 justificaban las denominadas facturas sin pedido".
